El día 21 de
noviembre se presentó en el IES San Isidro de Madrid, las Bases de un Acuerdo político y social en el que han participado 17
colectivos sociales, Asociaciones de padres y madres, sindicatos de
estudiantes, partidos políticos y sindicatos.
El
acuerdo y compromiso para este trabajo colectivo fue tomado en unas jornadas
celebradas en octubre de 2014, que concluyeron con la necesidad de una ley
consensuada por toda la comunidad educativa para conseguir que tenga
estabilidad y no solo, como hasta ahora, bajo pactos políticos. Una ley que
signifique un cambio real hacia un sistema educativo emancipador, universal,
público, gratuito, democrático y comprensivo enfocado hacia una formación
integral y que tenga en el centro el desarrollo pleno de todos los alumnos y
alumnas.
El documento coordinado por el Foro de Sevilla se abrió
a la participación de la comunidad a principios de julio de este año y ahora se
están realizando adhesiones de instituciones y personas particulares.
Se
necesita una nueva ley educativa que realice una profundización democrática y
no arrastre estigmas del pasado. Una ley que garantice la justicia social,
sujeta a principios de igualdad, laicidad, autonomía, participación
democrática…, que haga efectivo el derecho a la educación y a una escuela
pública, de titularidad y gestión pública, desde el nacimiento.
En la Mesa de presentación de este acuerdo participaron:
- Francisco García – Secretario General de FE-CCOO.
- Salvador Benavent – Coordinador de Acción Sindical de STES-I.
- Jesús Salido – Presidente de la CEAPA.
- José Moya – Coordinador del Programa de Educación del PSOE.
- Enrique Díez – Coordinador Federal de Educación de Izquierda Unida.
- Sandra Mínguez – Responsable de Educación del Consejo Ciudadano Estatal de PODEMOS.
- Fernando Arribas – Portavoz de La Educación que nos une.
- Lola Ruiz – Portavoz de la Asamblea Marea Verde Madrid.
Entre las ideas más destacadas, se plantearon:
– La universalización del
derecho a la educación pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo
el alumnado. Todos y todas deben tener una plaza asegurada en el sistema
público, de titularidad y gestión pública y acabar con las desigualdades que se
producen entre la red pública y la privada-concertada por la clasificación del
alumnado. En este sentido los colectivos de infantil insistieran en la
necesidad del reconocimiento de la educación infantil desde los 0
a los 6 años como una etapa educativa con unidad (más alla de la sólo función
conciliadora vida laboral y familiar), pública y gratuita, con condiciones
adecuadas a sus especiales características y con regulación estatal.
– Se defendió un currículo diversificado, integral, laico y ético que garantice la autonomía de los
territorios, de los centros y del profesorado y contemple la sostenibilidad de
nuestro hábitat. El currículum no debe estar regulado minuciosamente por textos
legislativos lo que corresponde a la competencia y al desarrollo profesional
docente. Europa Laica, de acuerdo con intervenciones ya realizadas desde la
mesa, dijo que la religión debe estar fuera de la escuela y se deben evitar los idearios
particulares de cualquier tipo garantizando el derecho del alumnado a la
libertad de conciencia.
– Sindicatos,
partidos políticos, movimientos sociales y CEAPA plantearon la necesidad de
revertir las políticas de recortes llevadas
a cabo estos últimos años con la expulsión de más de 30.000 profesores y profesoras de la escuela, cierre de colegios en el medio
rural, aumento de tasas en todos las etapas de enseñanza obligatoria y no
obligatoria (FP, EOI, 0-3 años, universidad…) y con la falta de comedores,
transporte, materiales escolares… quedando vulnerados los principios de
gratuidad y de igualdad de oportunidades. Coincidieron en que hay una ofensiva
contra el profesorado al que se le han deteriorado sus condiciones de trabajo
aumentando las ratios, horas de clase…, que perjudica sobre
todo al alumnado más desfavorecido. Junto a la pérdida de autonomía con la
LOMCE, que estructura el sistema educativo a partir de la evaluación y la
estandarización del currículum; evaluaciones que solo sirven para clasificar,
competir y establecer ranquin entre alumnado, profesorado y centros.
– Reivindicaron
la formación inicial y permanente del profesorado y su reconocimiento a través de un
estatuto que reconozca todas sus funciones en la enseñanza y sea construido de
forma participativa por la comunidad escolar y los sindicatos, así como la
promoción de la investigación y la innovación en los centros educativos.
– Otro de los debate se centró
en la
autonomía y participación democrática de los centros que permite adaptarse a
las características y necesidades de su alumnado y su entorno y posibilitan una
inclusión real; centros abiertos a la participación de las
asociaciones de padres y madres y al barrio y con una dirección representativa,
colegiada y con una limitación temporal en el desempeño del cargo, elegida por
la comunidad educativa y con la recuperación de competencias del Claustro y el
Consejo Escolar.
Todo ello se consigue con una financiación
garantizada para la educación pública que debe alcanzar el 7% del PIB.
Para ello se necesita derogar las leyes y normas que respaldan las políticas de
recortes y aumentar el gasto educativo para elevarlo a la media europea hasta
alcanzar el 7% del PIB. Una financiación garantizada en la Constitución,
fuera del arbitrio de quien gobierne y decida los Presupuestos Generales del
Estado de cada año.
Finalmente la presentación del Acuerdo terminó con el
reto de seguir trabajando por conseguir que:
La educación sea un valor en sí mismo y no un solo medio para ganarse la
vida.
La educación
pública garantice el derecho a la educación en
igualdad de condiciones para todo el alumnado.
Se haga realidad un cambio, apoyado por toda la
comunidad escolar y por los partidos políticos, sindicatos y organizaciones
sociales.
COLECTIVOS Y
ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han
apoyado el "Documento de bases para una nueva Ley de Educación":
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