En la Asamblea Marea Verde de 11 de junio se acordó la entrega de firmas del documento de denuncia de la situación de la Educación pública Madrileña, añadiéndole los siguientes temas: moratoria en la implantación de la LOMCE, denuncia del incremento de la ratio en las aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista), realización pruebas CDI el 10 de junio, calendario escolar ( imposibilidad del buen funcionamiento de los centros máxime cuando las vacantes definitivas se asignan el 8 de septiembre) , IES Ciudad de Jaén, pago verano de interin@s y la paralización del 2º Decreto que afectará a las universidades. El día de la entrega será el día de la investidura.
También se consensuó hacer un llamamiento y trasladar a otras organizaciones la propuesta para que participen en la entrega, con el fin de hacer un acto lo más unitario posible.
Documento consensuado para entregar firmado (individualmente o como organización, colectivo, plataforma, coordinadora,...) el 24 de junio de 2015, a las 18:00 h., en el Registro de Gran Vía 3:
A/A Nuev@ Consejer@ de Educación
PAREMOS
LA DEGRADACIÓN DE LA ENSEÑANZA.
CONSTRUYAMOS
UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S.
Asamblea
Marea Verde Madrid denuncia que la última legislatura del gobierno del PP,
sumada a las anteriores, nos deja un balance negativo en la Educación Pública
madrileña: mayor segregación y desigualdad tanto entre el alumnado como
entre el profesorado y personal no docente, menor equidad y control social, menor
transparencia, democracia y participación. Al mismo tiempo, se producen desvío
de fondos y bienes públicos a las empresas privadas, cesión de suelo público,
cambios en las condiciones de acceso a la función pública y numerosos casos de
corrupción.
En un contexto de creciente crisis socio-ambiental y aumento de pobreza,
este gobierno, en materia de Educación,
ha modificado la legislación para adecuarla a sus intereses, gobernando y
legislando de espaldas a la ciudadanía a golpe de decreto, ya que no ha
escuchado a la comunidad educativa ni a la ciudadanía y ha impuesto modos de
funcionamiento poco transparentes que obvian la participación (como ejemplo
tenemos el Decreto de interin@s y la Orden de escolarización), y se ha creado e
implantado la zona única educativa en la Comunidad de Madrid, con gran repercusión negativa tanto para los estudiantes como para las familias.
Con respecto a los presupuestos,
en nada participativos, estos se han caracterizado por varias líneas de
actuación de fuerte impacto negativo: en las plantillas, aumento del número de
alumnado y reducción en el profesorado contratado; en cuanto a las ayudas, bajan
los beneficiarios de becas y se recortan las de comedor, de libros y de
transporte; disminuye el apoyo a la educación compensatoria y a la atención a
la diversidad. Al mismo tiempo se incrementa el dinero para sufragar a la escuela
privada-concertada: en 2011 se conciertan 600 unidades nuevas; en 2012, 500
más... y este año se gastan 2,7 millones de euros en una campaña publicitaria
de escolarización, con vistas a las elecciones. Todo ello, tarde o temprano,
tiene sus consecuencias y, por desgracia, hemos cerrado el curso con el
suicidio de una menor en un centro que de forma reiterada ha denunciado una
escolarización sobre ratio, el exceso de alumnado con Necesidades Educativas
Especiales y la falta de profesionales y recursos que pudieran dar una
respuesta adecuada y de calidad a las familias.
En cuanto a las medidas fiscales que adoptan, por un lado se crean desgravaciones
para familias que llevan a sus hij@s a la privada y por otro aumentan las tasas
para las familias que optan por la educación pública, especialmente en ciclos
formativos, escuelas oficiales de idiomas, escuelas infantiles, universidades,
etc. Durante toda la legislatura han trasvasado dinero público a los centros
privados-concertados, algunas de cuyas licencias se han otorgado a cambio de
pagos ilegales a políticos como Francisco Granados (que, presuntamente, se
llevaba hasta 900.000 euros por cada colegio adjudicado) dentro de la llamada trama
Púnica.
En relación con las infraestructuras
educativas públicas, han asfixiado la Educación Pública al no construir los
centros necesarios en zonas como el Ensanche de Vallecas, Ensanche Alcorcón,
Parla, Arganzuela, Montecarmelo y las Tablas, PAU 4 de Móstoles, mientras
derivan alumnado de la pública a la privada-concertada ante la falta de control
de la escolarización. No existe un plan que garantice la supervivencia de los
centros públicos educativos: cierran aulas, fusionan centros, los cierran y, en
algunos casos, los venden. Están desmantelando la Educación Infantil de 0 a 6
años, suprimiendo unidades, otorgando licencias de escuelas infantiles a
empresas ajenas al mundo de la Educación, ninguneando la lucha de familias como
las del Colegio Arcipreste de Hita (Fuenlabrada), y este año a las
familias de los colegios de Cerros Chicos y Clara Campoamor (San Martín de la
Vega), suprimiendo aulas y eliminando plazas...
demostrando así cuáles son sus verdaderas prioridades. Terminan el curso
escolar tras una desastrosa campaña de escolarización que masifica centros (exceso
de ratio y aumento de unidades escolares) frente a otros que ven cómo año tras
año van perdiendo alumnado. Publican un calendario escolar para el curso 2015/16,
firmado por una Consejera imputada, en el que se vuelve a hacer caso omiso a la
propuesta de retrasar el inicio del curso escolar para garantizar que se
empiece con la organización y los recursos necesarios.
Las aulas TEA, destinadas al alumnado con
Trastorno del Espectro Autista, han ido incrementando la ratio de forma
considerable. En el curso 2014/15, el 47,25% de las aulas TEA superan la ratio
establecida en el documento marco para la puesta en funcionamiento de escuelas
infantiles y colegios de
escolarización preferente de alumnado con trastornos generalizados del
desarrollo (que establece un máximo de 5 alumnos por aula); y, para el próximo
curso, este incremento puede llegar
hasta 7 e incluso 8 alumnos. También denunciamos la creación de centros privados concertados
para alumnado con necesidades de apoyo específico: DEA (dificultades de
aprendizaje), TEA (Trastorno del
espectro autista).
Todo ello irá en detrimento de la
calidad de atención educativa que requieren, al no poder recibir la atención singular, intensiva
y especializada que precisan.
No hay una ordenación
de centros y el funcionamiento de los centros educativos ha perdido el
derecho a la participación. Los consejos escolares son meramente consultivos; promueven
la segregación de centros (bilingües, tecnológicos, de excelencia); han
empeorado las condiciones de las enseñanzas como las de los centros de adultos (CEPA)
y de los centros de educación especial (CPEE); han aumentado las ratios y las
horas lectivas, y se han perdido desdobles, apoyos y atención a la diversidad. En
los Institutos de Educación Secundaria se ha perdido optatividad y modalidades
de Bachillerato y en Centros de Infantil y Primaria, los apoyos; desde hace más
de 10 años no se ha incrementado la plantilla de los Equipos de Orientación de
Atención Temprana y Generales. Y, en
lugar de apostar por potenciar las capacidades de los docentes, se reduce la
formación al profesorado y no se mejora su formación inicial.
Víctima
primera de los recortes es el profesorado interino: aproximadamente siete mil docentes han sido despedidos
de forma libre, brutal y decimonónica por la Consejería de Educación (sin
indemnización por los años trabajados, sin compromiso de recolocación y sin
jubilación anticipada; much@s de l@s despedid@s eran de avanzada edad y con una
dilatada carrera profesional en la Enseñanza Pública); y l@s que siguen
trabajando sufren la pérdida de sus condiciones laborales.
Desvirtúan la Formación Profesional imponiendo en algunos centros una FP dual mal
gestionada que beneficia a las empresas y no a los alumnos; esto genera tanto
una pérdida de profesorado, como la explotación laboral de los «aprendices»,
que, lejos de tener un contrato laboral durante su periodo de trabajo y
formación, quedan al albur de unas becas que, según recoge la legislación,
«podrán» ser otorgadas por entidades oficiales o privadas. Y, por si fuera
poco, nos encontramos en la Comunidad de Madrid con la implantación de los
llamados Ciclos de Grado Medio con FCT ampliada o extendida, los cuales, además
de acortar más o menos a la mitad, con respecto a los ciclos convencionales,
tanto el currículum, como las horas de formación en el centro, como el número
de profesores/as, tienen la «virtud» de someter al «aprendiz» al trabajo no
remunerado durante un curso completo, a fin de «complementar su formación». A
todo esto hay que añadir que se ofertan insuficientes plazas en relación con la
demanda existente (incrementada aún más por el encarecimiento de los estudios
universitarios) y no se ofrecen horarios ni tasas inclusivas que permitan
cubrir esa demanda, derivando cada vez más al alumnado a los centros privados-concertados
y privados.
En cuanto a la Universidad,
la estrangulan económicamente, con drásticos recortes en la financiación,
forzándola a emprender el camino de la competencia económica, tratando de
volverla dependiente de grandes empresas y grupos financieros, provocando la
desaparición de titulaciones, abriendo las puertas a futuras fusiones o
eliminación de facultades y departamentos y produciendo una grave devaluación
de la enseñanza superior pública. Al mismo tiempo, facilitan los requisitos
para la creación de universidades y centros de educación superior privados. Se
adoptan medidas de recorte de derechos de las/os trabajadoras/es y
empeoramiento de las condiciones de trabajo, que incluyen despidos y hasta algo
inaudito en la universidad pública como el ERE en la UPM. Se disminuye el
número de profesores, y se han seguido practicando recortes en todos los
ámbitos, incluidos investigación e I+D+I y en ayudas y derechos sociales.
Han establecido elevadísimos incrementos de las tasas, que expulsan a miles de alumn@s
de las aulas, a la par que han reducido notablemente tanto la cantidad de las
becas como su cuantía, reforzando los
mecanismos elitistas de selección clasista del acceso a la educación
superior y convirtiendo el derecho de todas y todos en una mercancía al
servicio de los sectores sociales más poderosos. Se está impulsando y forzando
la transformación de la Universidad en un gran negocio y en un servicio
exclusivo para ricos. Parece ser
que, como regalo de despedida a las Universidades y para completar el decreto
del 3+2, el Gobierno y el Sr. Wert han aprobado dos decretos: uno acerca del
sistema de acreditación de docentes, y el otro sobre los requisitos necesarios
para la creación de Universidades, que suponen nuevos ataques a las
Universidades Públicas, y a su profesorado, a la vez que un descarado apoyo a
las Universidades Privadas a las que se da toda clase de facilidades, mientras
se sigue estrangulando económicamente a las Universidades Públicas.
A quienes gobiernan o
gobernarán, en todas las administraciones, les solicitamos un compromiso
para cambiar la educación actual por una Educación pública, laica, gratuita y
científica, y reiteramos que no se puedan llevar a cabo cambios sin nosotr@s.
Exigimos:
- Una moratoria en la implantación de la LOMCE.
- La apertura de los comedores escolares durante los periodos vacacionales.
- Que se respete la ratio máxima de 5 alumnos en las aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) y que se incrementen los recursos para este programa.
- La retirada de las pruebas CDI y de las pruebas externas de la LOMCE y el respeto a las familias que durante este curso escolar 2014/15 han decidido que sus hijas e hijos no realizarán dichas pruebas.
- Que la etapa de 0-6 sea considerada educativa y con un currículum acorde a las necesidades y características de estas edades.
- La readmisión del profesorado interino despedido, así como la estabilidad laboral de dicho profesorado, sin ninguna discriminación con respecto al profesorado funcionario (incluido el pago del verano).
- Los recursos humanos y materiales para los centros educativos para la mejora de la convivencia escolar, así como disminución de las ratios en todas las etapas educativas.
- Aulas públicas para las familias que eligen educación pública. Transparencia y participación en los procesos de escolarización, así como la apertura de periodos extraordinarios de escolarización en los centros públicos afectados por la decisión de suprimir aulas y plazas e impedir la matriculación del alumnado.
- Que en los centros públicos no haya personal laboral vinculado a empresas privadas.
- El retraso en la implantación del calendario escolar para el curso 2015/16.
- La retirada de los decretos que afectan a la Universidad.
¡defendamos la enseñanza pública!
¡¡Por una eduación de tod@s, para tod@s y con tod@s!
D/D. ª…….............................................................................................. DNI: ………………………
Firmado:
Organización, colectivo, PLATAFORMA,
COORDINADORA, ASAMBLEA,… que se adhiere a la presentación del documento:
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