Siguiendo una arraigada
tradición antimoderna y antilustrada, pretende confirmar la desigualdad de
acceso al saber y la desigualdad de mérito para desempeñar las profesiones más
valiosas.
A estas alturas, no se improvisa, y menos en Educación: nada se decide sin que
previamente haya sido conscientemente preparado. De este modo, la de la
universidad es una reforma que viene rumiándose en el entorno del PP desde hace
mucho. No hace falta retroceder a los antecedentes del XIX o de los tiempos
franquistas primeros en que, por ejemplo, cuanto sonara a ILE (Institución
Libre de Enseñanza) era tildado de heterodoxia enemiga y contaminante, aunque
no incompatible con que el opusdeísta Florentino Pérez Embid encargara a Cacho Viu un estudio sobre
ella para aprovechar cuanto “pudiera ser útil”. Es suficiente observar en la
historia reciente del PP los campos primordiales en que se movió la ejecutoria
ministerial de Pilar del Castillo y los núcleos de ideas neoconservadoras y
neoliberales de que se nutrió (1). Aquellos intentos contrarreformistas, en
gran parte frustrados en las elecciones generales de 14 de marzo de 2004,
marcan el horizonte simbólico de las aspiraciones de la presente legislatura ya
en trance terminal.
El dudoso acierto de
Wert con los tiempos de la puesta en escena de
sus particulares aportaciones a este
universo no debiera entenderse desde la improvisación: obedece a cálculo
discutible, pero no ajeno a las características de este movedizo año electoral.
Al menos teóricamente, este último
decreto a propósito de los grados y másteres universitarios, viene a completar
los tres pies en que centralmente se han movido sus decisiones. Con relativa
celeridad –si se compara con tiempos reformistas anteriores-, ha dejado ya
desarrollada la LOMCE, en fase de implantación en este curso y de ampliación
definitiva en el que viene. En la misma jugada ha dejado prácticamente decidida
una parte sensible de la reforma de la FP, principalmente en lo que atañe a la
FP-básica y a la dualización formativa que ya tenían muchos módulos
profesionales. Y es verdad que no ha logrado sacar adelante todavía de manera
explícita el Estatuto de la función
docente, pero en la propia LOMCE quedan sobradas pistas para entender por donde
llevará su orientación normativa en caso de que los estrategas electorales de
la calle Génova le den cancha. Le quedaba el tercer apoyo de su gestión, la Universidad,
para que su paso por el Ministerio de la calle de Alcalá quedara bien marcado,
pese a la contestación constante que han generado sus medidas y su particular
metodología procedimental para ejecutarlas, siempre acorde con la constante
valoración del CIS a la cola de este Ejecutivo.
El Decreto último, que aprobó el Consejo de Ministros del 30 de enero (2), no es el
primero que afecta a la Universidad –y, sobre todo, a la Universidad pública-.
Más bien se enmarca en un conjunto de decisiones que, desde el equipo de este
ministro, se han venido ejecutando en el transcurso de esta legislatura. No
debiera verse, pues, como una rara ocurrencia sino como un elemento más de un
conjunto bien definido. En este sentido, han de recordarse principalmente los
recortes sufridos por el sistema universitario y que CCOO ha cifrado en 150.000
millones de euros de menos para su financiación (3). Decisión que, como no olvida este sindicato, ha
ido acompañada, además, de otro recorte de 75 millones de euros en becas sólo
durante el último curso -y del endurecimiento de los requisitos de acceso a
estas-, amén del sistemático aumento del coste de las tasas pertinentes para matricularse
que le ha acompañado. Un asunto que se traduce en que sólo el 27% de los
estudiantes españoles de formación superior reciba becas y ayudas, frente al
47% de Irlanda, el 76% de Holanda o el 100% de los casos en Finlandia o
Luxemburgo, como revela el último Informe
Eurydice, correspondiente al curso 2014/2015. Y evidente es que, al plano
interno de funcionamiento cualitativo de la docencia e investigación que corresponde
al nivel universitario, no le es indiferente el proceso de desinversión
creciente llevado a cabo en estos años -un 23,85 menos si contamos entre 2009 y
2013-, del que un 32% ha sido aplicado a
personal universitario y un 56% a recursos y proyectos: la lógica del deterioro
y del desánimo de los mejores en las universidades públicas es imparable.
En ese contexto, lo decretado el 30 de enero prosigue, en su
apariencia inocua de libre flexibilidad, un proceso programado para que esa
situación se acelere un poco más. Que los grados duren menos y los másteres se
alarguen más sólo tiene un claro ganador: el sistema universitario privado.
También tiene obvios perdedores: la Universidad pública y el núcleo de sus
beneficiarios principales, hijas e hijos de familias con menos recursos. Varias
razones apoyan estos dos asertos. Una, el coste mayor de los créditos, a razón
de 60 €/crédito como mínimo en los másteres (60 créditos o ETCS, de entre 25 a
30 horas de aprendizaje cada uno, hasta ahora), que en los grados (240 créditos
en cuatro años) se traduce en que cada uno sale actualmente a un tercio de esa
cantidad. Con el agravante de que ese diferencial habrá de pagarse
prácticamente íntegro durante dos años en el plan que se propone, mientras el
Estado se ahorrará uno de subvención a los miles de estudiantes del actual
cuarto año de grado que ya no existirá. Por este lado de los costes efectivos,
la libertad de adopción de la medida ahora permitida de pasarse a un sistema
3+2 sólo encubre recortes institucionales que benefician netamente a los hijos
de familias con posibles. Muchos de los otros estudiantes deberán sumarse a los
45.000 que, con la medida ya adoptada de tasas y becas han sido expulsados de
las aulas universitarias. En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta igualmente
que son las universidades privadas las que más medios y posibilidades han
tenido hasta ahora para acreditar enseñanzas de postgrado, incluidas algunas de
las más caras y prestigiadas –la posibilidad de éxito suele emparejar ambas
cualidades- a través del boca a boca entre universitarios, la mejor fórmula
para discriminar con posibilidad de acierto entre los más de 7.000 títulos de
postgrado existentes en el mercado. En síntesis, aunque quieran que no lo
parezca, 3+2 no es lo mismo que 4+1.
Debiera el Ministerio haber explicado, por tanto, antes de haber
dado este paso, cómo beneficia a los estudiantes y sus familias e,
indirectamente, a los recursos humanos de que pueda disponer España. En este
presente-futuro, en manos de quienes vayan a ir a parar, preferentemente, los
puestos de funcionarios, alta dirección y nivel profesional supuestamente más
cualificados. Y si se está o no promoviendo de manera abierta y transparente -o
solapada y opaca- el mantenimiento privilegiado de este conglomerado directivo
de la futura vida social, económica y política. O si ésta es la manera de
sostener una justa igualdad de oportunidades y de mérito independientemente de
la serie de derechos previos que, según rezan los primeros artículos de la
Constitución vigente, no han de ser motivo de discriminación en ningún caso. En
su lugar –como puede leerse en la web oficial del MECD-, se dedican a decir que
esta ordenación 3+2 “es una forma de ahorrar dinero a las familias” porque “se
reduce un año la carrera”. Y a esta inédita preocupación benéfica, añaden que
“en el 90% de las carreras no hay que hacer un máster de manera obligatoria para
poder trabajar”. Lo cual es más sofisma que verdad, pues desde antes del plan
Bolonia y de que en España se generalizase la adopción del sistema 4+1 para
profesionalizar más decididamente los estudios universitarios, la razón principal
de logro del primer trabajo dentro del campo de conocimientos estudiado se ha
basado en las relaciones sociales de la
familia. Lo ha sido en estos últimos ocho años también y lo seguirá siendo
mientras no se transformen las relaciones clientelares, asunto bastante más dificultoso.
Es independiente, además, de que en otros países de nuestro entorno –otra razón
que se invoca a medias, pues no añade si es gratuito o en qué medida gravoso a
sus beneficiarios- haya predominado el sistema 4+1, pretexto este que no cuenta
tampoco si ese modelo más generalizado en otros países desde entonces está
siendo puesto en cuestión. NI menos dice –porque no hay evaluación seria al
respecto- cuál haya sido la eficiencia del modelo adoptado en España desde que,
en 2007, se optó por esta secuencia de
titulaciones del Plan Bolonia que venía a sustituir a las antiguas
licenciatura de cinco años. Igual que en cuestiones de política muy actual
suelen advertirnos que España no es Grecia, no debiera tampoco alegarse tan
alegremente un ansia tan inusitada de igualdad que no contemple variables más
sensibles del asunto o maneras de paliar los desajustes de partida. Por otro
lado, de sobras sabe el equipo de Wert –y el Gobierno de Rajoy- que ya hace
mucho que en toda selección de personal que se precie, las acreditaciones de
currículum no son indiferentes. No sólo por lo que expresen de preparación
competencial -por la variable calidad
que se supone a la Universidad y departamento que certifique-, sino de base,
por la cantidad de titulaciones que un candidato pueda presentar para un
puesto: los másteres han venido a suponer en los últimos tiempos un mínimo
común denominador indispensable, cuya no tenencia supone casi siempre
exclusión, y, por tanto, han venido a convertirse en requisito indispensable, desgraciada
manía por el papeleo inane que no ha hecho sino crecer en estos años y
trasladar el umbral de incompetencia.
Una vez más, por tanto, el susodicho decreto, por el que se modifican
las normas existentes al respecto, de 2007 y 2011, y que faculta a las
universidades para que opten por un sistema de duración distinta de sus enseñanzas principales,
parece haberse dictado como tantos otros de este equipo ministerial aprisa, en
perjuicio de la mayoría ciudadana y sin diálogo o participación de los
principales agentes sociales con preocupación democratizadora de la enseñanza.
La primera prueba de ello es que el propio Consejo de Estado ha afeado a Wert
las prisas en este terreno (4). Similar descontento ha expresado la CRUE, que
con 57 votos a favor, cinco abstenciones y un voto en contra, ha hecho que los
rectores aplacen hasta 2017 esta nueva formulación (5). Más radicales han sido
todavía los estudiantes, cuyo sindicato ha planteado ya una huelga de protesta
para el 25 y 26 de este mes y para el 17 y 18 de marzo. Y tampoco los sindicatos
se han quedado callados: Julio Serrano, secretario de universidades de la
Federación de Enseñanza de CCOO, calificó de “disparate” la propuesta ya
aprobada por el Consejo de Ministros el día 30 de enero (6). Ya veremos qué va pasando en
las autonomías, responsables últimas de buena parte de los recursos: Andalucía
y su Consejo de Universidades, en que se encuadran 10 de ellas, no están de
acuerdo, por implicar una reducción encubierta del gasto público, romper el
principio de igualdad y nacer sin consenso mínimo (7). Y ya podemos ver
igualmente en las redes sociales cómo ha sentado esta flexibilidad wertiana en
muchos departamentos universitarios que ven peligrar sus puestos docentes en
todo tipo de titulaciones: cuando la privatización prosiga su fuerte avance en
este sector de inversión -ahora menos
regulado- el destrozo será mayor.
Una imposición contrarreformista como ésta no es fortuita ni
viene obligada por “la crisis”. Y menos cuando reiteran urbi et orbi que nuestra economía se recupera. Tiene todos los
indicios ideológicos apuntados más arriba, plenamente acordes con una
predilección ya buscada en la LOMCE y otras medidas estimulantes del darwinismo
social en que revive, levemente modificada, la antigua dicotomía del “estudias
o trabajas”. Claramente selectiva y elitista, mina el futuro y la expectativa
social que puedan tener grupos mal posicionados socialmente, mientras sostiene
para los vástagos de los estratos más altos el privilegio de acceso a lo más valioso del sistema productivo que les
faculte para controlar las plusvalías del trabajo de los otros. En vez de
atender a que la Universidad se dignifique y renueve en profundidad, para que
gane en exigencia y rigor la gestión y actualización de saberes y competencias
que la sociedad democrática necesita, prefiere mantener el statu quo del mandarinato como sistema y que todo vaya colapsándose
bajo la vicaría de un Consejo social vigilante de rentabilidades empresariales
privadas. Mientras, entre la necedad y el cansancio, los mejores profesionales
docentes se acabarán desanimando o deberán seguir empleando esfuerzos
desmedidos para defenderse de arbitrarias
decisiones de su propia Administración: una esquizofrenia atroz como la que ya
padecen muchos trabajadores de la sanidad pública y de otros servicios
sociales.
En conclusión, el sesgo de este Real Decreto,
entre ignorante y necio, servirá mucho de comidilla tertuliana en lo que queda
de legislatura. ¿Con qué finalidad? Aparentar que se hace lo que no se está
haciendo y urgiría hacer por una “calidad” sin apellidos que no se ve por
ningún lado. Y poco más, como no sea que a los duros y recalcitrantes del PP esta arrogancia
les incite a no perder el ánimo ante lo que aventura la última encuesta del CIS
en cuanto a simpatía más intención de voto (8). En
fin, morir matando no sirve de nada; por muy caballeresco que pueda parecer en
una “conferencia de prensa” –o de plasma- vender a la ciudadanía la salvación
temporal a cambio de que ceda poder absoluto a políticos ajenos a lo que
necesita. Pura palabrería, en todo caso, y un fraude a la sana pedagogía del
trabajo bien hecho, porque las urgencias de nuestras instituciones docentes no
van parejas con lo que importa a los estrategas electorales partidistas.
(1)PUELLES, Manuel, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, Tecnos,
2010, p. 415 y sgs.
(3)http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Inicio:764960Las_universidades_pierden_mas_de_1.500_millones_euros(4) htmlhttp://politica.elpais.com/politica/2015/01/16/actualidad/1421437348_101118.html
(5) http://politica.elpais.com/politica/2015/01/16/actualidad/1421437348_101118.html
(8) http://www.elmundo.es/grafico/espana/2015/02/04/54d20ef3268e3e4a6c8b4579.html
Manuel Menor Currás
Madrid, 05/02/2015
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