Sería hipócrita pensar
que el cabreo existente es de ahora. Si se abren y regulan todos los archivos,
se sabrá mejor la larga y paciente acumulación de causas que lo han provocado.
Julio Llamazares traía a colación el pasado día seis (en El País) una interesante interpretación de cómo el lenguaje no
suele servir demasiado a la comunicación veraz. Los historiadores de la Camorra
italiana parecen coincidir –recordaba- en cómo esta organización surgió para
defenderse de los ocupantes españoles del territorio durante casi trescientos
años. El famoso libro del napolitano Roberto Saviano, Gomorra, lo daría por supuesto cuando describe, con riesgo de su
vida, algunos de los signos más notorios de la vida italiana –no sólo en el
sur- desde la postguerra europea. Cuando hablamos, pues, de comportamientos
mafiosos y corruptos para entender qué nos está pasando en España, hablamos de
algo muy asentado y muy nuestro. Incluso estamos en situación –a poco que lo
intentemos- de comprender la disminución del peso específico de la Historia, la
Filosofía y –no faltaría más- de una Educación cívica laica, no connotada por
valores prefijados y particulares, en el currículum escolar que rediseña la
LOMCE, mientras aumenta el peso de la Religión y el practicismo emprendedor,
amén de otras lindezas segregadoras.
El mismo día seis de
noviembre era publicada también la ansiada
encuesta del CIS acerca de la expectativa de voto que los españoles tenían en
el mes anterior, justo cuando nos había sido dado conocer los hábitos
privilegiados de algunos personajes a quienes una determinada Caja de Ahorros -ahora
banco controlado por el FROB-, había concedido una tarjeta opaca al fisco.
Antes, sin embargo, de que se conocieran los tejemanejes destapados a través de
la “operación púnica” y de que, los extremeños –y, al parecer, tampoco el
Senado- supieran nada de los gastos de quien ahora era su presidente: una
excrecencia de los privilegios cada vez más crecidos –opacos para la mayoría
ciudadana- de que disfrutan nuestros electos representantes en las dos cámaras
legislativas (como ampliaban este domingo último muchos periódicos). Saber de
qué va la explotación del Estado y de los bienes públicos de todos por parte de
unos pocos y de las ramificaciones que el Poder –Ejecutivo, pero no sólo-,
pueda tener con otros poderes y no sólo los clasificados por Montesquieu,
cuando en sus combinaciones varias son responsables directos de la indignación
del resto de ciudadanos no implicados –siempre paganos de todo-, sólo viene a
incrementar algo que ya se vivía de muy atrás. No es de ahora ese enfado ni las
reacciones consiguientes que muestran las encuestas: presentarlo así sólo es
otro modo de corrupción, la de la memoria, el último reducto de dignidad de las
personas. Se comprende –pero no es de obligado recibo- la reacción de los
principales partidos políticos ante lo que dicen los estudios demoscópicos, pero
es absolutamente inadecuada. Recurrir al perdón, la vergüenza y la amnesia, o
edulcorar el sentido de las reacciones de la gente ante tomaduras de pelo
continuadas -de las que, al fin, parecen haberse empezado a enterar
intensamente los ciudadanos que lo están pasando mal-, sólo son maneras de
esquivar el sentido fidedigno de la política y, especialmente, de la
democracia. Poco tiene que ver con gobernar a golpe de encuesta y de silencios
o pactos más o menos cómplices de unos cuantos elegidos. Ni siquiera los
aristocráticos relatos clásicos de Homero son complacientes los dioses con los
irresponsables y cazurros entrometidos en el honor ajeno: una de dos, o se
cambia seriamente o todo se derrumba. Tampoco lo es el Innombrable de la
Biblia, donde hay numerosos pasajes como éste: “Es breve la alegría del malvado
y el gozo del impío dura un instante… A los pobres tendrán que indemnizar sus
hijos, sus niños habrán de devolver sus bienes” (Job, 20, 5 y 10).
También ese día seis, El
Rotoeditorializaba en su viñetauna de las
cuestiones más íntimamente ligadas a la poca transparencia de nuestra vida pública:
“Señalas un problema –decía- y te acusan de crearlo”. La traducción que el
famoso dibujante hacía de la clásica persecución al mensajero, aludía
claramente al ascenso en intención de voto de quienes están polarizando ese
enfado de la ciudadanía y dicen poder cambiar a fondo el sistema dominante, con
lo que se han convertido en chivos expiatorios de todos los males presentes y
futuros. Una de las personas cuya representación política no parece correr
pareja a su presunta responsabilidad ha llegado a calificarles recientemente
como “peligro para la democracia”. Pero estos jóvenes con ansia de revisar a
fondo el quehacer político español apenas llevan nueve meses en escena,
mientras que los desmanes de que se queja la gente –incrementados cada día que
pasa con nuevos casos- tienen ya un larguísimo recorrido. Ello explica que
muchos opinadores de gran presencia en los medios se alarmen por los datos de
las últimas encuestas, no sólo las del CIS, y tilden como villanos a quienes
intentan poner un poco de racionalidad en su lectura: pocos hablan de lo
urgente que es renovar con lealtad democrática las instituciones que nos hemos
dado para convivir.
A las siete de la tarde
del tal día seis, un amplio grupo de políticos
responsables de la Educación española entre los años 1990 y 2011 hablaba de la
calidad de la enseñanza “en tiempos de crisis”. Siempre la enseñanza ha estado
en crisis –como comentó alguno de los presentes-, pero por sus manos había
pasado mucho dinero. Sólo a causa de la LOE, y de las exigencias que implicaba
la memoria económica para su ejecución -con medidas específicas para atajar la
mala enseñanza en 2006-, habían gestionado más de 7.000 millones de euros, cifra
muy parecida, por otra parte, a la que, de inmediato recortó el Gobierno Rajoy
para “mejorar” el sistema educativo español, en paralelo a la mejora de España
que tanto pregona. Nadie de cuantos allí concurrían en un día tan desapacible
ha sido acusado de corrupto. En la antigua Casa de Fieras del Retiro, se
mostraba esa tarde que las formas que pueda adoptar la “calidad de la
enseñanza” son diversas, pero que nada significaba tal expresión si los hijos
de los porteros –supuestamente servidores de los señoritos- no tienen acceso a
ella, ni si los dineros públicos de que se nutren o favorecen las redes privadas
del sistema no son utilizados con equidad homologable. Para colmo, las puertas
giratorias que habían elegido al dejar sus puestos de responsabilidad eran las
Escuelas, Institutos y Facultades universitarias, de donde procedían: Alfredo
Pérez Rubalcaba, por ejemplo, ya llevaba dos meses largos con sus clases de
Química en Ciencias de la Complutense. La antigua Casa de Fieras del Retiro, metamorfoseada
con la esperanza de lo posible, indicaba lo que debiera universalizarse y no
entorpecerse: es duro mantenerse fiel a la honradez debida.
También podría ayudar a
ello –como ya se anotó en otra columna anterior-
que los archivos de todas las entidades e instituciones que, de uno u otro
modo, tienen que ver con el uso de dinero o subvenciones públicas,
estuvieran -con la debida regulación,
pero nunca ocultación- disponibles para lectura y conocimiento de cuantos
trabajan explícitamente con la información, principalmente historiadores y
periodistas. Sigue siendo un calvario en demasiados casos acceder a muchos de
ellos y una sinrazón,contraria a la transparencia de la verdad, la serie de
motivos que suelen alegar para dificultarlo, sólo conducente a que pase por Historia
lo que tan sólo reafirma la tozuda ignorancia, o que quieran colar como“investigación”
modalidades de vendetta nada casuales, interesadas en poner a caldo a quien haya
querido poner coto a prebendas sin
cuento. No no engañemos: lo que predominacuando no fluye adecuadamente la información
son formas todas similares de censura, poca libertad de expresión y nula voluntad
democrática de expandir el conocimiento y sus responsabilidades. Y así, cuando
las fuentes de la memoria -los archivos- son cegadas o dificultadas, lo
conspiranoico y lo mafioso suelen darse la mano: sin garantía de la debida
custodia y con tantas restricciones de acceso, difícilmente se puede alentar la
libertad. Como si a nadie le importara que los ancestrales bulos interesados, o
los tiempos de la censura previa, del secretismo y del compadreo intolerante
sean incompatibles con la memoria verídica de una democracia que quiera ser
vigilante consigo misma y capaz de poner remedio a sus probables fallos. Estos
días, estamos siendo testigos –alguna prensa se está haciendo eco de ello- de
cómo se relata ahora mismo la caída del muro de Berlín –con el pretexto del 25º
aniversario de su caída-, de cómo en la Rusia de Putin no son accesibles los
desmanes soviéticos, o de cómo en Hungría la Historia es escrita por el ultraconservador
partido Jobbik: muestras todas complementarias de un predeterminado afán por la
Historia del pasado, mientras prolifera lo meramente anecdótico o lo muy mal
intencionado, muy propicio a la manipulación tópica pero no al conocimiento
consistente de lo acontecido. Entre nosotros, tenemos magníficos ejemplos de lo
mismo. Repásese, si no, todo lo sucedido con la historia de los todavía agraviados
por los desmanes de la guerra y postguerra -tan bien novelada en La Higuera por el recientemente
fallecido Ramiro Padilla- que Baltasar Garzón trató de aclarar jurídicamente. O
léase qué dice el último libro de Esteban Ibarra –La Europa siniestra- a propósito del crecimiento de las distintas
modalidades de crímenes de odio en nombre de fundamentalismos diversos. O
repásense, en fin, las propias amnesias de nuestros libros escolares respecto a
lo acontecido en nuestro país, desde antes de que los nazis establecieran la
industria de la muerte del diferente, y que El Perich sintetizaba en la portada
de uno de sus libros: “Historia deEspaña (resumen) -.¡Todos al suelo!” (Desde la Pereichferia, Planeta 1981).
El uso escandaloso de
las llamadas tarjetas negras, como el de otras
muchas prebendas que seguramente iremos conociendo, habla –entre otras muchas
cosas-de que, según algunos de ellos alegaron ante el juez Velasco, no hacía
sino prolongar una tradición anterior. Aparecieron así cuantías y usos que,
según se hizo público, fueron variando desde 1980. Casi nada se ha sabido, sin
embargo, de que, a su vez, la instauración de las mismas en esa fecha se
acomodaba muy bien a tradiciones muy poco ejemplares que tenían vigencia desde
mucho más atrás –casi desde sus orígenes, pero muy especialmente en las etapas
franquistas- en las instituciones matrices y, por extensión, en muchas otras
que tenían encomendada su vigilancia. Era, pues, un asunto de historia, muy
documentable. Da casi igual la fecha de referencia que se quiera escoger: en
todas existe una pauta establecida en el
reparto de “donativos” y regalos, que ha tenido unos beneficiados
privilegiados, y de diverso calibre institucional. Cuanto más “benéfica” se
denomine la institución, más clara aparece la distancia entre quienes aportan
los recursos para que exista –normalmente el Estado o los trabajadores, cosa
muy evidente en la historia de las Cajas de Ahorros, por ejemplo, si uno se
atiene a su legislación original en los años 30 del siglo XIX y a lo que al
respecto pregonaba Mesonero Romanos, uno de sus promotores más conspicuos,
plenamente consciente de lo que el ahorro representaba como mecanismo de
control social- respecto a sus principales “beneficiados” -personas y entidades
de calibre y condición social mucho más elevada, ligados a ellas por gestión,
parentesco o proximidad a sus finalidades principales de sentido. Con el resultado adicional de que éstos eran
llamados “benefactores”. Si las instituciones –y no sólo las personas- hablan
más por lo que hacen que por lo que dicen como sostenía en los noventa Mary
Douglas (Alianza, 1996), cada una, a su modo, es responsable de unas
determinadas proyecciones socio-educativas sobre la población en general. De
eso va principalmente la tan poco analizada como excesivamente publicitada
“Obra social”, en muchos casos mero
parche de imagen para favorecer que los más desafectos aceptenel poder
político-económico dominante: ese es el origen de la “responsabilidad social
corporativa” de no pocas empresasahora mismo, una contraposición sustitutoria
de la responsabilidad que exige una coherente “Justicia social”. En todo caso,
no quepa duda de que si alguien quiere saber con cierta racionalidad y
coherencia el cómo y el porqué de nuestro generalmente desastroso urbanismo –aclarando,
por ejemplo, cómo se financió y quiénes fueron sus beneficiarios-; a dónde
fueron a parar los principales recursos procedentes de las emigraciones masivas
a Europa en los sesenta y quiénes los disfrutaron –una información que vendría
muy bien en este momento de desafectos territoriales inducidos-; o cómo
determinadas personalidades e instituciones prolongan actualmente con poca o nula
adaptación aquellos hábitos oligárquicos tan poco desinteresados de tiempos
atrás, poco podrá decir sin el recurso a los archivos de todas estas
instituciones. Y ha de advertirse que no bastan los libros escritos bajo aquella
costumbre de entonces y sus particulares hábitos censores, generalmente
propicios a propagar tan sólo la verdad oficial del momento. Es muy deseable, en
consecuencia, que si se quiere hacer desaparecer la hipocresía de pensar que
los males que ahora afloran son fruto de la transición democrática-ya
excesivamente cargada de demencias explicativas-, es imprescindible que los
archivos y memorias anuales de toda institución que tenga que ver con dinero público
-sea la que fuere- estén a buen recaudo para que todo investigador acreditado
la pueda leer, y que pueda ser conocida en el tiempo prudente que los asuntos
implicados requieran. En otros países de nuestro entorno cultural, los “asuntos
reservados” y los “secretos de Estado” tienen fecha de caducidad. Sería muy
contraproducente para la democracia y sus exigencias de lealtad de todos
cuantos se dicen demócratas-del rango social que sean, y para que no proliferen
ejemplaridades tan discutibles como las que en estos tristes días estamos
conociendo- el ocultamiento o la desaparición de las actas y libros clave que
contienen la información de muchos asuntos importantes para todos. Lasdiversas
formas de mafiosa mendacidad actual sólo se amparan con la ocultación, una
excesiva tradición de silencio impuesta por el inmoral privilegio de unos
pocos. La corrupción, ahora más conocida, ha sido muy bien cultivada en
nuestros hábitos y costumbres desde muy atrás: los archivos son testigos mudos
de ello.Ahora sucede que, por exceso –y porque el reparto de la explotación de
los presupuestos públicos es más estrecho-,
el panorama a que abocan los papeles a que accede la policía está pareciendo
un erial en el queselectas sanguijuelas de lo ajeno muestran sus vergüenzas al
aire ante quienes para sobrevivir tienen que levantarse sumisos a las seis de
la mañana.
No cunda el desánimo. El Diccionario Biográfico
Español, de la Real Academia de la Historia (www.rah.es/cdeb.htm) , ahí
sigue. No es verdad que una parte de las ayudas que Wert le mantiene –pese a la
crisis- vaya a emplearse en elaborar una guía espiritual para no extraviarse en
la ejemplaridad de sus biografiados. Tampoco existen indicios de que quieran
incluir en el último tomo un apéndice, anexo o escolio dilucidador de algunos barbarismos, labor en que podría serles
de gran provecho el tan lúcido escudriñador de palabras Andrés Neuman (Páginas
de Espuma, 2014). Y menos parece que admitan en su nómina a los editorialistas
de Mongolia, uno de los últimos
reductos disponibles para enterarse en serio de los valores del saber histórico.
Madrid, 10/11/2014
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