Un breve informe recién publicado por la OCDE (y del que se han hecho eco en su Twitter Ismael Sanz, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa-INEE, y el politólogo Pepe Fernández Albertos) muestra hasta que punto la desigualdad socioeconómica es un cáncer que afecta de distintas maneras a la igualdad de oportunidades consagrada por la legalidad constitucional en España. No es solo que los alumnos de familias ricas españoles tengan más facilidad para alcanzar ciertas competencias educativas (lógico), sino que a igualdad de competencias lo siguen teniendo fácil, mucho más fácil.
“Cuando comparamos un grupo de estudiantes en desventaja con un grupo aventajado de iguales competencias, hay tres veces más repetidores por cada no repetidor en el grupo de los desfavorecidos respecto al grupo de los privilegiados”, señalan desde la OCDE, a partir de datos obtenidos en los informes PISA. Esta situación se vive en otros países europeos, pero solo Grecia presenta una diferencia tan marcada en el seno de la UE.
Este estudio muestra que España es el séptimo país de la OCDE (de un total de 61) en el que es más probable que un alumno “en desventaja” acabe repitiendo (clicar gráfico derecho). De hecho, según los —en mi opinión demoledores— datos mostrados por los analistas de este organismo internacional, un alumno pobre tiene tres veces más posibilidades de repetir, frente a un alumno rico, ambos en igualdad de competencias educativas.
En este contexto no es de extrañar que el 53% de los alumnos “en desventaja” españoles hayan repetido al menos un curso. Más de la mitad pierden el ritmo, un coste que el país no se puede permitir. La cifra tampoco es que sea para tirar cohetes en el conjunto del alumnado (repiten el 32,9%, frente al 12,4% de la media OCDE), pero es notablemente más baja que para el subconjunto de los alumnos con más dificultades sociales y económicas.
¿Cuáles son las razones? Es más que probable que sean muchas a la vez, pero los analistas de la OCDE se atreven a apuntar a una falta de equidad en el acceso a “apoyo temprano y oportunidades de remedio efectivas” que eviten que la repetición de curso sea la única alternativa para los alumnos que vayan más retrasados. Además, también intuyen que la repetición de curso podría estar usándose más como “una forma de castigo para sancionar el mal comportamiento” en vez de un método para ayudar a los estudiantes con más dificultades de aprendizaje. Así, conductas como llegar tarde o faltar a clase (más frecuentes entre los ‘pobres’) se vería castigado con una mayor propensión a repetir curso.
Como he dicho antes, corregir esta desigualdad estructural debería ser una de las principales prioridades de cualquier Gobierno, sea del signo político que sea. Y es que un trato desigual ante unas mismas competencias no solo supone una injusticia flagrante, sino que supone un agente desligitimador en potencia para el sistema mismo. Y es que más allá de lo que digan las leyes y los reglamentos, la igualdad de oportunidades ha de ser un pilar de cualquier democracia que se precie.
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