El curso escolar llega a su fin, también para los que acuden a escuelas infantiles de 0 a 3 años. No así para sus educadores, padres y sindicatos, en plena lucha por lo que consideran la vulneración del derecho fundamental de la primera infancia a una educación digna. Asociaciones y plataformas por la defensa de la educación infantil pública han alzado una vez más la voz de alarma. Según denunciaron ayer en rueda de prensa, el proceso de privatización de la red pública de escuelas infantiles «es objetivo prioritario para la Consejería de Educación» y lo realiza mediante «la desviación de fondos públicos a centros privados y con la subasta de las escuelas públicas».
Las asociaciones señalan que 34 millones de euros públicos se han destinado este año en la Comunidad de Madrid a los cheques guardería (las ayudas públicas que se conceden a las familias que inscriben a sus hijos en una guardería privada), mientras que se han suprimido ayudas a las familias de escuelas públicas.
Si a esto se le añade que en 2012 la Comunidad de Madrid subió las tarifas de las escuelas infantiles públicas un 175%, el resultado es que las escuelas privadas pueden resultar más baratas.
Y otra consecuencia: la reducción de la demanda de escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años en casi un 60% con respecto al curso 2010-2011. En octubre de 2013 la lista de espera que en 2010 era de 20.000 niños había desaparecido. «Esto supone que esos 20.000 niños han sido expulsados de una educación de calidad y que 200 aulas públicas han sido cerradas», señala Isabel Galvín, de CCOO Enseñanza Madrid.
Las asociaciones y plataformas por la escuela infantil pública denuncian también que en 2008 la Consejería de Educación cambió el acceso a la gestión de algunas escuelas infantiles, hasta entonces bajo la responsabilidad de cooperativas sin afán de lucro, con más de 20 años de experiencia y con proyectos a la vanguardia de la innovación educativa.
La Consejería instauró entonces un sistema de subastas en el que el peso mayor en la puntuación (45%) depende del proyecto económico. No así del proyecto educativo. Empresas de servicio sin ninguna vinculación con lo pedagógico, como Eulen (limpieza) o Clece (del grupo de constructoras ACS, de Florentino Pérez) tienen más oportunidades de gestionar una escuela infantil pública.
«Estas empresas privadas tienen como fin ganar dinero, de ahí un personal mal pagado, con su consiguiente rotación; no cumplen con su número necesario, ni con la formación requerida. Los damnificados son los niños», afirma Carmen Ferrero, de la Junta de portavoces de educación infantil pública 0-6.
La subasta de guarderías públicas que ha celebrado este lunes el Ayuntamiento de Madrid parece que ha vuelto a confirmar la supremacía del interés económico sobre el pedagógico. De las ocho cooperativas sin ánimo de lucro que optaban, solo una, Agua Dulce, continuará con su proyecto educativo.
Se da además la situación paradójica de que la cooperativa que dirige Las Nubes ha obtenido la mejor puntuación de las 12 aspirantes en el proyecto educativo, pero son los últimos en la oferta económica, así que pierden la escuela. «Eulen o Clece ofrecen reducciones del presupuesto de hasta el 30%», señala Pilar García, directora de Las Nubes.
«Algunas bajas de presupuesto son temerarias y vamos a recurrir pliegos y pedir su revisión; iremos a organizaciones nacionales e internacionales de defensa del niño; acudiremos a la Defensora del Pueblo... No nos vamos a resignar», concluye Isabel Galvín.
No hay comentarios:
Publicar un comentario