La financiación de la Lomce saldrá de las comunidades autónomas hasta que lleguen los fondos europeos. Arrecian las críticas ante un sistema educativo de dos velocidades.
Tras el pasado otoño de huelgas, encierros, cortes de tráfico y manifestaciones, el próximo septiembre echa a andar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la primera reforma del sistema educativo que sale adelante con el apoyo de un solo partido, como recuerda Jurjo Torres Santomé, catedrático de la Faculdade de Ciencias da Educación de la Universidade da Coruña. A finales de junio, el Gobierno anunciaba que parte de la inversión para la puesta en marcha de la ley hasta 2018, más de un 60% del total de mil millones de euros, saldrá de las comunidades autónomas, que tendrán que computar como deuda el gasto hasta que lleguen los dineros prometidos por el Fondo Social Europeo.
La ley nace con otras incertidumbres y unas cuantas certezas, que vienen siendo denunciadas desde que el ministro Juan Ignacio Wert presentase, a finales de 2012, el borrador de la reforma. Como ha apuntado José Ramón Rodríguez Prada, autor del libro 'Conflicto y reforma en la educación': “El sistema educativo emana de la propia sociedad, no puede ser contradictorio con ella, ni mejor ni peor”.
Tras casi 20 años de Logse, la Lomce se presenta como la ley educativa de las próximas generaciones y se adecúa a un sistema en el que las clases medias −a las que privilegió la reforma de 1990− pierden fuelle respecto a la élite −favorecida por el sistema de conciertos a centros privados, que ya ocupa el 40% de la oferta− y en el que las clases populares compiten por ser tocadas con la varita mágica de la movilidad social en el segundo Estado con mayores desigualdades de la UE.
El veterano profesor Antonio Aramayona, quien desde hace un año mantiene una protesta diaria frente al domicilio de la consejera de Educación de Aragón, insiste en que la Lomce crea dos vías, la de la “excelencia”, para quien puede acceder a ella, y otra que busca que “personas con o sin formación vayan a estar contentas con un empleo precario”.
Funcionamiento piramidal
Según el plan del ministerio, en la cúspide de la pirámide se situarán a partir de ahora las direcciones de los centros. Como explica Carmen Rodríguez, exdirectora general de Ordenación y Evaluación Educativa en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sobre éstos pasan a depender las decisiones del centro. A partir del próximo curso se desvanecen los Consejos Escolares, que pasan a ocupar un papel meramente consultivo; la dirección decidirá la programación del curso y sobre la admisión del alumnado.
El profesorado asumirá una nueva rebaja de sus condiciones laborales: hasta el 50% de las contrataciones dependerá de las decisiones de la dirección del centro. Y serán menos: según datos del propio ministerio, en el curso 2012-2013 se perdieron 18.000 plazas de maestro en los centros públicos, mientras en la privada-concertada y la privada se producía un aumento de mil profesores.
Pese a que el Gobierno ha presentado cifras que sitúan a España por encima de la media europea en cuanto al número medio de profesores por alumno, desde la plataforma Soy Pública denuncian el aumento “sin precedentes” del número de alumnos por aula y la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, al tiempo que subrayan la heterogeneidad del alumnado en España, un motivo, a decir de los expertos, para reducir las cifras de alumnos por aula.
Como explica Jurjo Torres, el contexto es fundamental para entender la necesidad o no de ratios más bajos: “La ratio no importa cuando tienes 40 estudiantes de clase media acomodada y del Opus Dei: son igualitos; ahora, si tienes 15 y uno no sabe hablar castellano, el otro tiene una familia desestructurada, en ese caso es donde se necesitan apoyos, recursos y cosas por el estilo”.
“Aunque la ley no habla expresamente de los profesores, lo que se está vendiendo es laprecarización”, explica Carmen Rodríguez. Una devaluación del trabajo del profesorado cuyo golpe más duro fue la aplicación del Real Decreto 14/2012, que aumentó las horas lectivas que tienen que dar los docentes y que ha supuesto el despido de miles de personas en situación de interinidad.
Mejor que los demás
En la retórica oficial del texto, “todos los alumnos y las alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento”. Pero la realidad es que la ley se centra en distinguir los “talentos” de aquellos alumnos “cuyo nivel formativo esté muy por debajo de los estándares de calidad internacionales”.
Para Lola Saldaña, del Movimiento Social por la Escuela Pública Asturias, el propósito de la normativa es eliminar la cooperación e instaurar la competencia total: “Wert explicaba que los lentos dificultan el avance de los rápidos, y que es necesario separarlos pronto para alcanzar, con algunos, la excelencia”.
El artículo 121 de la Lomce introduce el concepto de “especialización curricular”, lo que supone que los centros guiarán a niños y niñas desde los 12 años, en itinerarios orientados “a las enseñanzas académicas” y otros que impartan el itinerario “orientado a las enseñanzas aplicadas”, al gusto del mercado laboral.
Para Jurjo Torres se deben seguir planteando las resistencias a la ley, entre otras cosas porque la ofensiva por parte del ministerio no ha cesado. “Están construyendo una imagen de que el sistema educativo es desastroso para hacer trabajo de demolición y construir no se sabe bien qué”. Con ese propósito funciona como una herramienta de valor extraordinario el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como informe Pisa, una evaluación de tres capacidades: habilidad lectora, matemáticas y ciencias, que se realiza a los 15 años y que puede marcar el futuro del alumnado que baje la media.
En opinión de Jurjo Torres y Carmen Rodríguez, Pisa funciona como pretexto para deslegitimar el sistema público y especialmente a quienes lo sostienen, alumnos y docentes. “Estas evaluaciones están dirigiendo las propias reformas”, explica Rodríguez, para quien otro efecto de Pisa es crear un modelo de aprendizaje más memorístico y uniformizado, con asignaturas “fuertes” que desplazan a las enseñanzas humanistas y artísticas. “Los alumnos se aburren con estos sistemas que tratan de ser competitivos y reducir la creatividad”, sentencia esta catedrática de la Universidad de Málaga.
Según Jurjo Torres, la construcción social que se hace en torno al éxito y el fracaso escolar, llamado desde hace años abandono escolar, convierte éste por arte de birlibirloque en una disposición del ánimo o incluso genética: “Da sensación de que se trata de un juego de lotería, que todos tenemos la misma posibilidad de que nos toque el gordo, pero eso no es así”, explica Torres, “el 30% de abandono escolar siempre le toca a los mismos”.
Por su parte, Carmen Rodríguez indica que “la Lomce, más que evitar el abandono escolar, va a acrecentarlo”. La competición entre centros por conseguir “a los mejores alumnos y los mejores profesores” se traducirá en más financiación para los que presenten mejores resultados, mientras los perdedores del ranking se convertirán en centros-gueto.
Disparidad de los resultados, mismo criterio
La propaganda de los resultados del informe Pisa, que sitúa al Estado español por debajo de la media de la OCDE, ejerce como una palanca para la reforma educativa planteada por el Gobierno. Pero, como señala el profesor Jurjo Torres, en lugar de intervenir en las zonas con peores resultados, la reforma se extiende a comunidades con resultados superiores a la media, como País Vasco o Navarra.
De la Logse del PSOE a la Lomce del PP
Cuando en 1990 nacía la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (Logse), ésta pretendía incidir sobre el desempleo juvenil --que batió un record en 1994 que no iba a ser superado hasta 2012-- y el llamado fracaso escolar: España era segunda de la UE en número de jóvenes expulsados por el sistema educativo. Las octavillas distribuidas en las manifestaciones contra la Logse ya denunciaban el clasismo y la segregación como el problemas endémico del sistema educativo.
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