En el reciente concurso de traslados, la directora general de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, María José García-Patrón, ha logrado el puesto de "orientadora" en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel.
La resolución, provisional aún, ha sido publicada el 18 de marzo de este mismo año.
Se da la circunstancia de que fue la propia directora general la que, el pasado 13 de octubre, dio luz verde a la posible creación de departamentos de orientadores en los conservatorios profesionales de música y danza.
La directora general asegura a la Cadena SER que ella sólo formalizó la creación de esos departamentos a petición de los propios centros que, siempre según propia versión, ya contaban desde hace años con este tipo de trabajadores.
Fuentes sindicales niegan este extremo y afirman que no les consta que existieran orientadores en "plantilla orgánica" en los conservatorios. Además, niegan haber sido informados de manera directa de la creación de esos departamentos.
La directora general, que permanece en un puesto de responsabilidad política, es funcionaria desde 1983 y su último puesto de trabajo asignado fue en un instituto de Rivas. Su especialidad es psicopedagogía.
Ella afirma que no ha sido quien ha decidido su posible traslado, valorado por el departamento de Recursos Humanos de la consejería, que obtuvo la novena mejor puntuación en el concurso y que la plaza del conservatorio de Amaniel fue su segunda elección. Aduce su derecho como funcionaria a presentarse cuando lo estime oportuno a cualquier concurso de traslado que se convoque.
Además, no cree que haya incurrido en incompatibilidad ética alguna.
Por su parte, la oposición política y social exige explicaciones públicas ante una actuación que consideran, cuando menos, sospechosa.
Los socialistas madrileños creen que la consejera Lucía Figar falta al respeto de los educadores madrileños y actúa para defender tan sólo los intereses de sus colaboradores. Y deslizan también la idea de que el equipo de Figar empieza a "moverse y colocarse" ante la posibilidad de que los populares puedan perder las próximas elecciones.
Comisiones Obreras, que estudia llevar el caso a los tribunales, sospecha que podría estarse ante un procedimiento pensado y ejecutado con la intención de crear plazas "a medida".
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