- La normativa de la Comunidad de Madrid en centros infantiles prima más la rebaja de los precios que el proyecto educativo
- Empresas de servicios ajenas al sector irrumpen frente a los profesionales
Silencio, es la hora de la siesta. Los niños de la escuela infantil pública Las Nubes, en el distrito de Retiro, duermen a pierna suelta. En la planta baja están los bebés, cada uno con la ropa de cuna que usan en casa, para que les resulte más fácil conciliar el sueño. Arriba, los que van de uno a tres años. Algunos tienen medio cuerpo fuera de la colchoneta; otros lo tienen retorcido en posturas imposibles. ¿No se harán daño? Sara Galán, una de las educadoras, los observa con cariño. La mujer lleva un año trabajando en el centro. Su hermana Elena lleva desde que se inauguró, en 2004. Les gusta lo que hacen y la directora está satisfecha con ellas. Aún así, este podría ser el último curso para ambas. Todo depende de si la cooperativa es capaz de ganar el concurso y mantener la gestión del colegio.
La Consejería de Educación cambió en 2008 los requisitos para la adjudicación de las escuelas infantiles. En los pliegos actuales, el precio por el servicio que dan las empresas supone 60 puntos (que se otorgan al que haga la oferta más baja sobre el precio de licitación). Los 40 restantes son por el proyecto educativo. En el último concurso, la cooperativa de Las Nubes demostró tener un plan educativo perfecto. Con todo, tuvieron que ajustarse mucho el cinturón —además de reducir el sueldo a toda la plantilla— para tener alguna oportunidad frente a sus competidoras: grandes empresas que, a pesar de tener peor proyecto, ofrecían más rebaja económica.
“Estamos echando cuentas, intentando ver de qué manera podemos sacar el centro adelante. En su día lo logramos, pero ahora no sé si podemos afrontarlo”, lamenta la directora, Pilar García, que lleva más de 30 años educando niños. En la escuela infantil Patas Arriba, en Rivas-Vaciamadrid, están en la misma situación que en Retiro. En el pasado concurso tuvieron que despedir a dos educadoras y reducir la jornada a otras tantas para que les salieran los números. “Haremos todo lo posible para mantener la gestión, pero sin perder la calidad que debe tener un centro como este. No podemos echar a nadie más. Lo único que nos queda es pasar de ser mileuristas a cobrar 700 euros. O eso, o la calle”, comenta Diana Pérez. La mujer tiene casi 20 años de experiencia y lleva una década al frente del colegio.
Este verano está previsto que salgan a concurso 26 escuelas infantiles públicas (de las 465 que hay). La cifra, sin embargo, podría aumentar. Las competidoras son empresas de servicios cuya actividad principal no es necesariamente la educación, sino que se dedican a tareas de limpieza, seguridad o jardinería. Por ejemplo, Clece: la compañía del grupo ACS (presidido por Florentino Pérez) gestiona 86 escuelas (10 de ellas en Madrid) y tiene 7.500 niños bajo su tutela. “Es inaceptable que estas empresas irrumpan en el sector educativo y lo conviertan en un negocio, desbancando cooperativas con 25 o 30 años de experiencia. Si tienen beneficio es a costa de los niños y de las condiciones laborales de los trabajadores”, critica la secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín.
En la sala de profesores, educadores y padres conversan sobre la situación que actualmente atraviesa la escuela. Todos visten una camiseta azul celeste. En ella se lee: “No nos bajamos de Las Nubes”. En el centro de la mesa varios platos: queso, chorizo, biscotes de pan, dulces. Cualquiera diría que son familia. “Me horroriza pensar que vamos a hacer la matrícula para el curso que viene sin saber en manos de quién va a recaer la educación de nuestros hijos”, se preocupa una madre. “Pedimos una prórroga para que, si en septiembre llegamos y el concurso lo ha ganado una empresa de jardinería, tengamos todo el año para buscarle otro sitio a los niños”, demanda otra.
Ana Zamorano tuvo el mismo problema en 2009. Ese año la escuela infantil El Bosque, donde llevaba a sus dos hijos, pasó a manos de Clece. No hubo margen para sacarlos del centro. “Tintaron los ojos de buey de las aulas para que no pudiéramos ver lo que pasaba dentro”, expone indignada. Una de las educadoras llegó a denunciar a la empresa: los niños dormían la siesta calzados, no tenían tiempo suficiente para comer, les limpiaban los mocos con el mismo pañuelo, pasaban varias horas con el pañal sucio… La querella fue desestimada y Clece hizo limpieza: primero despidió a la maestra y luego renovó plantilla. “Esto pasa por dejar la educación en manos de quien no corresponde”, sostiene Zamorano. La empresa multiservicios no ha querido hacer declaraciones a este periódico.
200.000 firmas
Sin llegar a tales extremos, en AMEIGI (la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta) aseguran que el chorro de quejas por parte de padres y educadores es constante. Desde que cambió la legislación que regula la gestión de estos centros, la institución ha presentado ante la Comunidad más de 200.000 firmas. Cada una de ellas, una petición para que se revisen los criterios de baremación. “La normativa es cada vez más flexible, y eso solo beneficia a las empresas que presentan proyectos muy baratos. ¿De dónde sale esa rebaja? De la calidad de los servicios, de la experiencia, de las rotaciones… Los críos necesitan profesionales bien preparados”, defiende Carmen Ferrero, presidenta de la asociación. Por su parte, la Consejería de Educación asegura que todas las entidades adjudicatarias tienen experiencia previa en la gestión de escuelas infantiles y que el nivel de satisfacción es muy alto.
En la escuela infantil Las Nubes, los niños siguen durmiendo. De fondo suena una nana. En la sala anexa a donde están las cunas, Sara Galán juega con la pequeña Elisa, que no logra conciliar el sueño. Antes de incorporarse al centro, la mujer trabajaba para una de las empresas multiservicios que ha logrado meter la cabeza en el sector educativo. “Lo que prima en esos sitios son las necesidades de la educadora. Y si un niño llora, es un pesado. Está todo muy deshumanizado”, comenta. “Venir aquí ha sido un regalo. No sé si ahora sería capaz de estar en una escuela con otra filosofía, en una de esas privadas a las que quieren poner la pegatina de públicas”. La mujer baja la mirada hacia a Elisa y el bebé le agarra el dedo con fuerza.
Subidas de 175%
Las tarifas de las escuelas públicas de la región sufrieron hace dos veranos la subida más agresiva de los últimos tiempos, con un incremento de hasta 175%. Para el curso 2014-2015 la Comunidad ha congelado por segundo año los precios, que dependen de la renta per cápita de cada familia. De este modo, las cuotas en las 465 escuelas (46.670 plazas) van desde los 80 euros al mes (para familias con ingresos inferiores a 5.644 euros) hasta 260 mensuales (para rentas de más de 25.725 euros). A esto hay que sumar el precio del comedor (94 euros), el coste para bebés menores de un año (60 euros) y la prolongación de la jornada (15 euros por cada media hora). Es decir, un mínimo de 234 euros por bebé.
“Esto implica dejar fuera a los niños cuyas familias están en una situación más vulnerable”, sostiene Carmen Ferrero, presidenta de AMEIGI. En Patas Arriba, por ejemplo, este curso han perdido 15 alumnos. Según un estudio de los sindicatos, de entrada la mitad renuncia a una plaza en los centros públicos para acceder a uno privado y beneficiarse de las subvenciones (cheques guardería) que ofrece el Gobierno regional. Para 2014-2015 la Comunidad destinará 34 millones de euros para este fin: 31.000 becas (entre 100 y 160 euros mensuales) para financiar la escolarización de niños de 0 a 3 años en escuelas privadas. Con esta medida, el Ejecutivo madrileño hace “un importante esfuerzo en una etapa educativa que no es ni obligatoria ni gratuita para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar”.
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