El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha rechazado el concepto empresarial del 'director gerente' que propone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), "que lleva a una idea mercantilista de la educación para alejarlo de su función pedagógica y docente".
El titular andaluz de Educación ha participado en las VII Jornadas de Formación tituladas 'Estilos de dirección en el marco de la Lomce', organizadas por la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Docentes Públicos de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), donde se han reunido en torno a 350 directores el 20 y 21 de marzo para analizar y debatir sobre el nuevo papel de la dirección escolar en los colegios y residencias escolares con la aplicación de la reforma educativa.
Durante su intervención, el consejero ha criticado la nueva norma por "confundir" el liderazgo educativo de la dirección con la acumulación de más tareas y atribuciones. Además, ha destacado que el Ministerio todavía no ha concretado los recursos y apoyos con los que contará la dirección para "ejercer con eficiencia y seguridad su trabajo". Para Alonso, "la Lomce dota a los directores de mucha autoridad, pero también los deja solo en la responsabilidad de sus decisiones".
El titular de Educación ha recordado que, en la última Mesa Sectorial de Educación celebrada en Madrid, el Estado "no aportó solución al desequilibrio que existe en la Comisión de Selección de directores", donde se ha reducido "significativamente" la participación de los centros. Tampoco se concretó el sistema de certificación previa de competencias para el acceso, que solo tendrá validez por ocho años; por tanto, la Lomce "desprecia la experiencia de los directores y las evaluaciones que superan", ha subrayado.
En este sentido, Alonso ha informado que ante tanta "incertidumbre e incógnitas", como las que conlleva la implantación de la Lomce, la Junta "no hará dejación de sus responsabilidades y apoyará a los centros, a las familias y al profesorado". Para ello, se adoptarán medidas como adecuar y concretar los requisitos de acceso a la dirección mediante la normativa específica de la comunidad autónoma, regular los procesos de admisión del alumnado para que se respete el derecho constitucional a la participación de las familias en la gestión y control de los centros, así como la oposición a que sea el Gobierno central quien determine el perfil de la dirección de los centros.
Por todo ello, el consejero ha abogado por la necesidad de un Pacto por la Educación, "y no una ley impuesta cuyo único consenso es el rechazo que produce". "No necesitamos una ley que pisotea los derechos constitucionales y olvida que las comunidades autónomas también somos Estado y tenemos competencias en Educación, razones por la que la hemos llevado al Tribunal Constitucional", ha añadido. "Debemos ir juntos en la defensa de una educación de calidad en igualdad, por la defensa de un sistema educativo inclusivo e incluyente", ha concluido.
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