Manifiesto en defensa de una Universidad Pública, Laica, Democrática y al servicio de toda la sociedad

Gracias a @JurjoTorres hemos conocido esta noticia:

tercerainformacion.es: Lanzan el "Manifiesto de la Comunidad Universitaria" desautorizando las propuestas del Ministro Wert

Estudiantes, profesorado, investigador@s y personal de las Universidades Públicas lanzan el “Manifiesto de la Comunidad Universitaria” desautorizando las propuestas del Ministro Wert y advirtiéndole de que no acatarán su reforma de la educación superior

Tras varios meses de trabajo, un amplio grupo de estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios de las universidades públicas españolas ha lanzado un Manifiesto, plasmando su compromiso con la defensa de un modelo de Universidad Pública, Laica, Democrática, de todas y para todas.

Frente a la próxima reforma del Ministro Wert, la comunidad universitaria lanza una llamada a la sociedad en forma de Manifiesto, para vincular a toda la ciudadanía en este compromiso por lo público y por la educación y la ciencia de todas para todas. En el Manifiesto se rebaten una por una las propuestas lanzadas por la “Comisión de expertos” constituida por el Ministerio cuyo informe parte de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico. Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como a acoso económico que se mantiene sobre l@s estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción y aminoración de las becas.

Las propuestas del Ministro Wert y de su Comisión de profesores nombrados a dedo por el Partido Popular provocarían de aprobarse una grave involución social que incapacitarían a las Universidades públicas como actores fundamentales de la transformación social y como elementos necesarios para conseguir, desde lo público, una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos.

Es tiempo, no obstante, de pasar de la crítica a la propuesta. Por ello, el Manifiesto de la Comunidad Universitaria propone las líneas fundamentales de un nuevo modelo de universidad. Un modelo basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, a la formación de científic@s y profesionales capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa; un modelo educativo centrado en el estudiantado y gratuito; una estructura de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad, con un gobierno propio democrático y participativo y en permanente contacto con el conjunto de la sociedad.

Los firmantes del manifiesto consideran que si el Ministro lleva adelante sus ideas de destrucción de la Universidad pública, la Comunidad Universitaria y la sociedad en su conjunto se volcará en defensa de la educación superior, como ya ocurrió con la LOMCE. La Comunidad Universitaria llamará a una nueva subida de la marea verde frente a Wert.

Manifiesto en defensa de una Universidad Pública, Laica, Democrática y al servicio de toda la sociedad

Los/las firmantes de este documento, firmemente comprometidos y comprometidas por una Universidad Pública, Laica, Democrática y al servicio de toda la sociedad, lo han elaborado con el objetivo, por una parte, de rebatir y desautorizar el Informe sobre una “Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” de la Comisión de “expertos” designada por el Ministerio, y para denunciar la deriva neoliberal, mercantilista y autoritaria de dicho informe, que en vez de avanzar hacia la resolución de los problemas y deficiencias de las Universidades públicas en el Estado Español amenazan con provocar una grave involución en las mismas, que las incapacitarían para jugar un papel positivo para contribuir a una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos. Y, por otra parte, de cara a avanzar los criterios y líneas estratégicas básicas para Otra Universidad Posible.

El Informe de "expertos" del PP parte de un diagnóstico erróneo y catastrofista que pasa por alto la deficiente situación de partida de las Universidades Públicas en el Estado Español al final de la dictadura franquista y los progresos realizados por las mismas hasta llegar a una docencia y productividad científica equiparables a los del conjunto de los países de la OCDE, a pesar de la insuficiencia de medios de los que disponen. Y el Informe se realiza por un conjunto de “expertos” que lo son en distintas disciplinas académicas, pero en ningún caso en gestión académica o en cuestiones pedagógicas, y que vierten en él sus prejuicios ideológicos por encima de sus conocimientos científicos. Es necesario por tanto desmontar dichos prejuicios para enderezar los enfoques sobre la realidad universitaria que el Informe presenta:

UNA FORMACIÓN BÁSICA, POLIVALENTE Y CRÍTICA COMO FORMA DE ACCESO AL SABER COMPLEJO Y SIEMPRE ABIERTO Carece de sentido pretender adaptar los estudios universitarios a un mercado cuya mudabilidad haría que en muchos casos las materias específicas introducidas con ese criterio hubieran devenido obsoletas al finalizar los estudios. Por otra parte, las graves deficiencias de la estructura económica y empresarial en el Estado Español harían dicho intento de adaptación especialmente suicida. Si los egresados y las egresadas de nuestras Universidades tienen dificultades para encontrar trabajo en España no es tanto por las deficiencias de su formación como por la incapacidad del tejido económico existente para rentabilizar un trabajo profesional de alta cualificación.

Es mucho más racional fomentar una formación básica y polivalente que capacite a las egresadas y los egresados de las Universidades, no ya para adaptarse a la situación existente, sino para incidir creativamente en la misma, vertiendo y desarrollando los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora, cosa que requerirá por otra parte profundos cambios en la estructura económica vinculados a un modelo alternativo de desarrollo social y humano.

UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO COMO FORMA DE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Es irracional pretender gobernar sistemas complejos por métodos jerárquicos y autoritarios. Los modelos de gestión empresarial dirigista que se pretenden trasplantar a la Universidad están por otra parte obsoletos, e ignoran la importancia, patentizada por la dinámica de grupos, de la participación e implicación personales, que requieren de métodos democráticos y son esenciales para actividades que no pueden reducirse a tareas mecánicas y repetitivas sino que necesitan de un esfuerzo intelectual y creativo, que son además imprescindibles para formar profesionales capacitados y capacitadas para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa. Tales métodos son también esenciales para promover una renovación pedagógica para un aprendizaje centrado en el estudiantado, que permita formar profesionales capacitados y capacitadas para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa.

Los cambios que requiere el gobierno de nuestras Universidades son, por el contrario, desarrollar y profundizar la participación democrática de las distintas categorías del profesorado, del estudiantado y del personal de administración y servicios, partiendo de los avances realizados desde el fin del franquismo pero superando los residuos corporativos todavía existentes que dificultan la plena participación de todos sus miembros en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la Universidad a todos sus niveles.

UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA QUE GARANTICE LA INDEPENDENCIA CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y DEMOCRÁTICA DE LAS UNIVERSIDADES Supeditar el gobierno de las Universidades a las instituciones políticas, como ocurriría si se hace intervenir a representantes de las mismas en sus órganos de gobierno académico e incluso en la elección de los rectores, no sólo contradeciría la autonomía universitaria establecida en la Constitución actualmente vigente, sino que obstaculizaría la capacidad crítica de dichas Universidades para el desarrollo del conocimiento y para la evaluación académica independiente de la actuación de los poderes públicos.

El interés social requiere de Universidades plenamente autónomas, capaces de gobernarse por sí mismas a partir de la participación democrática del conjunto de sus miembros y con una gestión profesionalizada, como base para rendir cuentas ante los poderes públicos del uso de los fondos públicos proporcionados por la sociedad para atender a sus necesidades de una docencia e investigación universitarias de alta calidad cuyos resultados puedan ser transferidos a la misma en el marco del dominio público y el interés social de dichos resultados.

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO SERVICIO PÚBLICO AL SERVICIO DE TODA LA SOCIEDAD Orientarse hacia la financiación privada de las Universidades Públicas, condicionando así su docencia o investigación, llevaría a un despilfarro y mala utilización de recursos públicos al supeditarlos a intereses privados. Y la potenciación de Universidades Privadas, condicionadas por la búsqueda del lucro de sus propietarios, llevaría a que los medios en ellas invertidos no se dedicaran exclusivamente al desarrollo de una docencia e investigación de calidad.

Sólo la financiación pública de las Universidades Públicas, proporcionándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades sin tener que recurrir a una financiación privada, posibilita que el uso de los fondos se oriente únicamente por la racionalidad académica y esté sometido a un control democrático que garantice que dicho uso esté regido exclusivamente por el interés público.

UNA UNIVERSIDAD COOPERATIVA QUE ESTIMULE LA COLABORACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGADORA Someter a las Universidades y a sus miembros a una carrera competitiva para obtener fondos a partir de ocupar posiciones en una escala de supuesta “excelencia” supone desincentivar la cooperación con otros colegas o centros que se presentan como “competidores”. Ello lleva a perder sinergias y posibilidad de esfuerzos compartidos que eviten duplicidades innecesarias, así como al desperdicio de los recursos de quienes por no recibir los fondos necesarios no puedan desempeñar adecuadamente sus funciones. Así, la “competitividad” entre las partes conduce a la incompetencia del sistema. Hay que impulsar por el contrario la cooperación entre profesionales y Universidades para rentabilizar al máximo los esfuerzos de todos y favorecer el desarrollo y la calidad de todas ellas.

UNA UNIVERSIDAD GRATUITA QUE NO IMPIDA EL ACCESO POR RAZONES ECONÓMICA Cada joven que por razones económicas no puede seguir los estudios universitarios supone un oneroso despilfarro de potencialidades personales que lastra el desarrollo económico y social. Potenciar además el endeudamiento con becas-préstamo incondicionales supone hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Y desincentivar con tasas elevadas, o dificultando el acceso a una beca académica, una actividad tan socialmente necesaria como es el estudio supone una apuesta por el suicidio colectivo de nuestro país. Y ello resulta especialmente dramático en un contexto económico con un paro juvenil del orden del 50%, en tanto que supone condenar a muchos jóvenes a ni estudiar ni trabajar.

No hay mejor uso de los recursos públicos que estimular con la gratuidad y con la retribución de los estudios a través de becas-salario la formación de una juventud de cuya preparación dependerá en buena medida el futuro de nuestro país.

UNA SITUACIÓN ESTABLE DEL PROFESORADO QUE FACILITE SU INDEPENDENCIA, MOTIVACIÓN Y RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Incrementar el porcentaje del profesorado en situación precaria, potenciando la arbitrariedad en su contratación y también en su despido, reforzaría ciertamente las relaciones parafeudales entre quienes ostenten el poder de contratar y despedir y aquellos y aquellas que ocupen una posición de servidumbre hacia ellos. Pero no garantizaría para dicho profesorado precario la libertad de cátedra, el ejercicio de la crítica y el compromiso con la Universidad que son necesarios para el desarrollo de ésta como un proyecto colectivo compartido.

Una Universidad Pública, Crítica y Democrática requiere de un proceso objetivo de selección de su profesorado como del resto del personal, que tras un período inicial de formación le permita acceder en condiciones claramente estipuladas a una estabilidad sometida a controles igualmente objetivos para participar libre y críticamente en la tarea colectiva de desarrollar una docencia e investigación de calidad al servicio del interés público, del país que la alberga y del progreso humano.

FIRMANTES: Marie-Christine Vergiat (Eurodiputada, Comisión de Educación del Parlamento Europeo); Jorge Riechamann (Profesor Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid); Antonio Baylos (Catedrático de Derecho de la Universidad Castilla La Mancha); Joaquín Aparicio (Catedrático de Derecho de la Universidad Castilla La Mancha); Lluís Torró (Profesor de Historia Económica Universidad de Alicante); Amat Sánchez (Profesor de Economía Aplicada Universitat de València); Adoración Guamán (Profesora Universidad de Valencia); Rafael Plá (Profesor Universidad de Valencia); Carmen Madorrán (Profesora Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid); Emilio Criado Herrero (Investigador Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC); Peter Fleissner (Catedrático en la Universidad Politécnica de Viena. Austria); Maria Teresa Pajares (Profesora Universidad Complutense); Andrés Piqueras (Profesor Antropología Universidad Jaume I de Castelló); Lara Mayes (Profesora Universidad de Valencia); Jaime Aja (Profesor de la Universidad de Córdoba); Julián Marcelo (Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia); Alessandro Arienzo (Profesor Universidad Feb. II Napoles. Italia); Sigfrido Ramírez (Profesor Universidad Copenhague. Dinamarca); Jean Paul Laine (Universidad de Rouen. Francia); Francisco Trillo (Profesor de Derecho del Trabajo de la UCLM); José Francisco Murillo (Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Málaga); Jorge Fonseca (Profesor Universidad Complutense de Madrid); Sergio Jaramillo (Profesor Universidad Politécnica de Madrid); Ana Jorge Alonso (Profesora Comunicación Audiovisual Universidad de Málaga); Enrique Díez Gutiérrez (Profesor Dpto. Didáctica y Organización Escolar, Universidad de León); Julian Sanz (Profesor Universidad de Valencia); Eddie Turney, (Profesor Universidad Politécnica de Valencia); Vicente Sanfélix (Profesor del departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento, Universitat de València); Gemma Peña (Profesora Universidad Politécnica de Valencia); Pablo Cortés González (Profesor Dpto de didáctica y organización escolar, Universidad de Málaga); Francisco Sierra (Profesor Dpto de Periodismo, Universidad de Sevilla); Patricia García Leyva (Profesor Dpto. de Psicología Social, Universidad de Málaga); Bernardo Diaz Nosty (Catedrático Dpto. Peridismo, Universidad de Málaga); Gonzalo Cruz Andreotti (Profesor Dpto. de Historia y Prehistoria, Universidad de Málaga); Inmaculada Postigo Gómez (Profesora Universidad de Málaga); María Martinez Lara (Catedrática. Dpto Quimica inorgánica y cristalografía. Universidad de Málaga); Sebastián Bruque (Catedrático. Dpto Quimica inorgánica y cristalografía. Universidad de Málaga); Aniceto Murillo Mas (Catedrático. Dpto ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA. Universidad de Málaga); Mª Teresa Vera Balanza (Vicedecana de Investigación e Innovación. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga); José Francisco Llera Cáceres (Administrativo, patrimonio Universidad de Extremadura ); Carmen Rodríguez Martínez (Profesora Titular de Universidad Didáctica y Organización Escolar , Universidad de Málaga); Carmen Domínguez Godínez (Profesora, Departamento de Óptica II, Universidad Complutense de Madrid); José Ignacio Rivas Flores (Catedrático de universidad, Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga); Rocío Anguita Martínez (Profesora de Pedagogía, Universidad Valladolid); Luis Torrego Egido (Profesor Departamento de Pedagogía, Universidad de Valladolid); Ed Turney (Treballador de la Instrucción Pública, Lingüística aplicada, Universitat Politècnica de València); Pedro López López (Profesor Titular, Biblioteconomía y documentación, Universidad Complutense de Madrid); Francisco Bernete (Profesor Sociología IV Universidad Complutense de Madrid); Pedro del Cura Sánchez (Alumno Programa Doctorado, Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Universidad UCM); Juan José Alonso Tresguerres (Profesor de Secundaria de Filosofía, Instituto Navia – Asturias); Lucía Vicent Valverde (Investigadora de Economía (ICEI) Universidad UCM); Joaquín Paredes (Profesor Titular de Universidad, Didáctica y Teoría de la educación, Universidad Autónoma de Madrid); Félix Rubio Ferrer (Maestro, Primaria, Universidad Zaragoza); Ascensión Palomares Ruiz (Profesora Universidad de Castilla La Mancha); Vicente Lorenzo Esteban (Profesor Titular de Universidad, U.D. Siderurgia, Universidad Politécnica de Madrid); Chiquinquirá Hontoria Fernández (Profesora Titular de Universidad, Edafología Universidad Politécnica de Madrid); Fernando Cruz Roldán (Catedrático de Universidad, Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universidad de Alcalá); Rafael Catalá Mateo (Personal de Administración y Servicios, Sección de Becas, Universidad de Alcalá); Nicolás García Rivas (Catedrático de Derecho penal , Director del Departamento de Derecho público y de la empresa, Universidad de Castilla-La Mancha); Ana Burusco Juandeaburre (Titular de Universidad, Automática y Computación,
Universidad Pública de Navarra); Alicia Durán Carrera, Profesora de Investigación del CSIC, Física, Instituto de Cerámica y Vidrio, Universidad CSIC/UAM); María de la Orden Hernández (Catedrática Escuela Universitaria, Química Orgánica I, Universidad Complutense de Madrid); María del Carmen Cablanque Álvarez (Auxiliar Administrativo, Contabilidad, Universidad de Alcalá de Henares); Pedro Miralles Martínez (Profesor Titular, Educación, Universidad de Murcia); Ana Sáenz del Castillo (Profesora, CC. de la Educación, Universidad UEX); María Sandín Vázquez (Profesora e Investigadora, Salud Pública, Universidad de Alcalá); Francisco Bachiller Márquez (Administrativo, Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá, Universidad UPM); José Luis García Navío (Profesor Titular de Universidad, Química Orgánica y Química Inorgánica, Universidad de Alcalá); Paz Galache Payá (Profesora Titular Química Física, Universidad de Alicante); Elena Martín Ortega (Catedrática de Universidad, Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Autónoma de Madrid); Julián Sanz Hoya (Profesor Titular, Historia Contemporánea, Universitat de València); Francisco Romero Colomer (Catedràtic d’Universitat, Física Aplicada 
Universitat Politècnica de València); Jesús Escribano Martinez (Profesor UCM / Secretario Sec. Sindical CCOO-UCM, Sistemas Informáticos , Universidad Complutense de Madrid); Gerardo Echeita Sarrionandia (Profesor Titular Psicología Evolutiva y Educación, Universidad Autónoma de Madrid); Manuel Martínez Llaneza (Profesor Titular de Matemáticas, Universidad Politécnica de Madrid); Mª Cristina Rivero Nuñez (Profesora Laboral, Licenciada en Ciencias Químicas, Universidad Politécnica de Madrid); Carmen Torres (Profesora Matemática Aplicada, UPM); Nacho Álvarez (Profesor Economía Aplicada, Universidad de Valladolid); Elena Ausejo (Catedrática Historia de la Ciencia, Universidad Zaragoza); Natividad Mendoza Navas (Universidad de Castilla-La Mancha); Francisco Marcellan Español (Catedrático de Matemática Aplicada Departamento de Matemáticas, Universidad Carlos III de Madrid); Jorge Martínez (Profesor Titular Universidad Carlos III de Madrid); Juan de Dios Castro Molina (PAS, Universidad de Granada); Fco. Javier Corredor López (Profesor de la UPM, Electrónica Universidad Politécnica de Madrid); Reyes Matía (Alumno, Universidad Valladolid); Mª José Llorente Tabanera (Jubilada, PAS, Universidad Alcalá de Henares); Javier del Río (Profesor titular de Universidad, dpto. física de materiales, Universidad complutense de Madrid); Guillermo Lusa Monforte (Profesor jubilado de la Universitat politécnica de Catalunya); Francisco Imbernon Muñoz (Catedrático de Universidad dpto. de Educación Universidad de Barcelona); Feliciano Castaño Villar (Investigador de Pedagogía y Educación Universidad de Granada); Cristina Peñamarín (Catedrática de teoría de la información, Periodismo III, Universidad Complutense de Madrid); Jurjo torres Santomé (Catedrático de Universidad, dpto. de Pedagoxia e didáctica, Universidad da Coruña); Wenceslao Castañares Burcio (Profesor titular de Universidad, dpto. de Periodismo III, Universidad Complutense de Madrid); Miguel López Melero (Catedrático de Universidad, dpto. didáctica y Organización escolar, Universidad de Málaga); José Palazón Espinosa (Profesor del dpto. de Química Inorgánica de la Universidad de Murcia); Cristina del Barrio Martínez (Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid); Oswaldo Guaman Romero (Profesor de artes, escuela de artes de la Universidad de Machala); Rafael Porlan Ariza (Catedrático de Didáctica de las ciencias de la Universidad de Sevilla); Carmen Turrero Jaro (Comité de empresa de CCOO en IBM Global Services, dpto. administración); Amador Guarro Pallas (Profesor Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de la Laguna); Esperanza Ceballos Vacas (Profesor Metodos de Investigación y diagnóstico en la Universidad de la Laguna); Amelia Verdejo Rodríguez (Profesora de Matemáticas de la Universidad de Vigo); Juan Mainer Baqué ( Zaragoza); Javier Benavente González (Profesor titular de ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz); Coral Cuadrada Majó (Prof. Universidad de Historia URV.); Emilio Criado Herrero (Investigador CSIC, dpto. materiales cerámicos campus UAM-CSIC); Victoria Delicado Useros (Profesora titular dpto. de enfermería y salud pública de la Universidad de Castilla la Mancha); M José García Sánchez (Profesora universitaria jubilada de ciencias de la educación de la universidad de Extremadura); Carmen Ortiz Vaquero (Ciudadana); Ángeles Zorzo Santos (Madrid); Pedro Tomé Martín (científico titular, Inst. de Lengua, Literatura y antropología del consejo superior del CSIC); Eusebio Jarauta Bragalut (Catedrático Escuela universitaria de Matemática Aplicada/III de la Universidad Politécnica de Catalunya); Antonio Castro (Universidad Complutense de Madrid); María Moro Sánchez (Profesora Titular de UCM); Domingo Benito Lucas (Doctorado en Sociología y Comunicación, Universidad de Salamanca); Héctor Grad Fuchsel (Profesor titular de antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid); Horía Mohamed Amar (Profesora Dpto. Marketing y comunicación de la Universidad de Cádiz); José Manuel Burgos Ortiz (docente de programación, lenguaje y sistemas de la Politécnica de Madrid); Miguel Ángel García Lafuente (Técnico especialista de biblioteca de la Universidad de Valladolid); Fco. Javier Alcalde de Hoyos (Profesor titular de Psicología Social de la Universidad de Málaga); José Antonio Younis Hernández (Catedrático de Escuela Universitaria de psicología Social de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria); Patricia García Leiva (Profesora de la Universidad de Málaga, de Psicología social ); Lourdes Peñalver Herrero ( Profesor, DISCA, Universidad politécnica de Valencia); Magdalena Jaume Adrover (Profesora de educación artística de la Universidad de Illes Balears); María Coll Mengual (Estudiante del IES Guillem Colom Casasnovas); Pepe Carrasco Molina (Personal de Administración de servicios generales de la Universidad de Murcia); Víctor Domínguez Lucena (profesor de Filologías integradas de la Universidad de Alicante); José Manuel Mora Chacón (administrativo de la Universidad de Alicante); Juan Manuel Dominguez Fuentes (Profesor de dpto. de Psicología Social de la Universidad de Málaga); Javier Gutiérrez Hurtado ( Profesor de Economía aplicada de la Universidad de Valladolid); Mirta Nuñez Diaz-Balart (Profesora Titular del dpto. de Historia de la Comunicación social de la Universidad Complutense de Madrid); Silvia Llorens (Universidad Castilla la Mancha); Rafael Mateo Corredor (Universidad de Alicante); Cristina López Fernández (Profesora de sociología de la Universidad de Alicante); María del Mar Galindo Merino (Profesora de lingüística de filología española, general y teoría de la literatura de la Universidad de Alicante); Alfredo García Blanco (Personal de administración y servicios Biblioteca, Universidad de Cantabria); Carolina Martínez Gila (Trabajadora cultural de Granada); María Jesús Salvador Gijón (Personal de administración y servicios Universidad Politécnica de Valencia); Paula Troncoso Correa (Estudiante de la Universidad Pablo de Olavide); Rafael Vilar Hernández (Profesor Titular de Universidad, dpto. Estructura y construcción, Universidad Politécnica de Cartagena);