Wert y Figar están por la gestión privada de la educación
Nuevo negocio: poner un colegio
(público.es)
Desprestigiar lo público, difuminar sus competencias y funciones, desvirtuar los conciertos y, último eslabón, privatizar la educación básica. Esta es la hoja de ruta seguida por Wert, plasmada en la LOMCE. La confrontación de los centros privados religiosos y laicos subvencionados con el gobierno socialista por la LODE, acabó amainando, se estabilizaron los conciertos y se pudo llegar a la total escolarización en el nivel obligatorio.
Se respetó el ideario o carácter propio de los centros y el funcionamiento de control y participación a través de los consejos escolares así como el pago delegado han sido correctos. Lo que más problemas planteó fue la “admisión de alumnos” (especialmente en algunos centros “bien situados”) por ser entonces mayor la demanda de plazas, y en el último decenio por la llegada masiva a las aulas de alumnos extranjeros. Pero este tema es el que se ha ido adaptando a la realidad en las sucesivas leyes LOCE y LOE. En los ochenta, la confrontación tuvo como base razones ideológicas en los centros religiosos y, dada su mayoría en el sector, se solventó cuando la FERE se sumó en su totalidad al sistema de conciertos. Ahora es por dinero, no por la “tradicional vocación de educación de los jóvenes”.
Tercer objetivo de Wert: privatizar la educación
“Cada vez hay más sectores abiertos a que la educación sea gestionada privadamente” es una cita de su intervención en el Campus Faes de 2010, que ha sido retirada de la web de esta fundación. Esto ya viene de lejos, de antes de la Constitución, cuando la enseñanza privada ponía los precios, recibía subvenciones y no tenía contrapartida alguna.
Al aprobarse la LODE (1984), el PP recurrió, entre otros aspectos, porque excluía la posibilidad de un beneficio empresarial al que legítimamente aspiraban las empresas educativas privadas y también porque se privaba a las empresas concertadas del beneficio empresarial en actividades extra-concierto, lo que suponía un atentado a la libertad de empresa reconocida en el art. 38 de la Constitución Española. Esto lo desmontó la sentencia del TC, aunque retrasó la entrada en vigor hasta julio de 1985.
Esta demanda, sin embargo, la vienen sosteniendo desde los años 80 los centros privados concertados no religiosos, organizados en la patronal CECE –ahora dividida en CONCEE-, y el ministro Wert ha hecho suya la bandera. Para ello necesita cambiar el modelo y de ahí esa definición abstrusa del “sistema educativo”.
Nuevo modelo: la gestión privada
El modelo, hasta ahora, era que todos los españoles tienen derecho a una educación básica obligatoria y gratuita y los poderes públicos tienen el deber de proporcionarla, lo que se hacía mediante los centros financiados con fondos públicos. Ahora, dice Wert, ese derecho y servicio público puede ser realizado por gestión privada, como se está haciendo en la sanidad. Consecuente, Wert, muy interesado en el tema, modifica la LOE y plantea seis medidas para avanzar en la privatización:
1ª) Programación de la red de centros (Art. 68) Introduce una primera salvedad: se tendrán en cuenta “las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Si no se presupuestan nuevos centros, ya está la excusa. Veremos casos.
2ª) Escolarización. “Como garantía de calidad de la enseñanza, una adecuada y equilibrada escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo” (Art. 68) (Véase cuadro de distribución de centros y alumnos y los criterios selectivos de centros concertados en el artículo anterior. Es palabrería y todos sabemos que no hay escolarización equilibrada.
3ª) La demanda social (Art. 68), que ya introdujo la LOCE, es el otro eje para la escolarización. Esta es la justificación para privatizar, aunque no responda a necesidades de escolarización.
4ª) “Las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes” (Art. 68), pero ha suprimido de la LOE, “especialmente en las zonas de nueva población”. Ahí es donde no hay plazas públicas por la cesión de suelo y conciertos a centros privados.
5ª) Cesión de suelo (Art. 70.8) “La administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”. Esta es la bendición a la privatización que se viene haciendo ya en los últimos años.
6ª) Escolarización libre: establecer la zona única para eliminar la proximidad al domicilio y la zona de influencia de los criterios de admisión.
Nuevo negocio: poner un colegio
(de lagrancorrupciónblogspot.com)
Esto ocurría rara vez, salvo cuando algunos centros privados o de instituciones religiosas existentes se trasladaban a las afueras de las grandes ciudades. Surgieron también algunas cooperativas de enseñanza, unas vinculadas a anteriores propietarios (en su origen, Gredos, 1985) y otras con el claro objetivo de enriquecimiento (Alfedel, 1995). Pero con la llegada de Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid y los consejeros Peral y Figar, se inició la doble línea de privatización: ceder suelo y concierto automático a instituciones religiosas conservadoras (OPUS, Comunión y Liberación, CEU-San Pablo), y ceder suelo y concierto automático a empresas con ánimo de lucro, y además dejándoles el mercado libre, esto es, sin construir centros públicos o retrasando varios años su construcción.
Arturo Fernández, el claro ejemplo. Compañero de pupitre y amigo de Aguirre, monta los negocios con concesiones de la Administración (cafeterías del Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid, Ifema, el Instituto de Crédito Oficial, RTVE, el Cuartel General de la OTAN, diferentes ministerios como Industria o Defensa y algunos de los nuevos hospitales levantados por Esperanza Aguirre, como el Infanta Leonor de Vallecas o la Fundación de Alcorcón), como hizo su concuñado Díaz Ferrán, y en los últimos años levanta6 colegios con suelo cedido por la Comunidad, concierto automático, ideario y a hacer negocio con las cuotas, con el cobro en infantil, bachillerato y con los servicios.
Y ese ejemplo lo siguen otros como el grupo de El Valle, GECESA –socio de Arturo Fernández-, la expansión del grupo Gredos y Alfedel – cooperativas- y otras iniciativas. Por ejemplo, ese centro del Colegio Estudiantes (barrio nuevo de Las Tablas, Madrid), con problemas, y ahora comprado en el 50% por la familia Inclán, dueña del Liceo Europeo (privado), que está buscando el negocio y el funcionamiento privado, como lo hace en el otro centro.
(blogsport.es)
Florentino Pérez-CLECE. En este caso han orientado el negocio hacia la enseñanza no obligatoria: infantil. A través de Clece, filial de ACS, controla más de cien “guarderías” en Andalucía (municipios de Málaga y Mijas; Madrid, Peñafiel, Tarragona -con alcalde del PSC-, Salou). En Madrid se propició por el cambio en las condiciones, ya que se eliminó la cláusula que establecía la prioridad para gestionar estos centros a las “cooperativas de trabajo asociado sin ánimo de lucro” en favor del criterio económico. En la Comunidad de Madrid se ha quedado también con el Servicio de Ayuda a la Dependencia. Según informaciones ha intentado vender la empresa a fondos de inversión. Así es el negocio.
La libertad de creación de centros docentes. Eso lo reconoce el artículo 27.6 de La Constitución, pero estos empresarios lo que quieren es un monopolio, una concesión como un estanco, subvención del Estado, sin competencia, sin control, cobrar cuotas libremente y obtener beneficios. ¿Qué relación hay entre los negocios de hostelería de Arturo Fernández y los colegios que no sea que ambos tienen comedores?
Esto ya lo plantearon en el debate previo de la Constitución Gómez de las Roces y Alianza Popular en dos puntos: financiación inmediata e indiscriminada de todos los centros privados en los niveles obligatorios y reducir las cláusulas que la Constitución establece en orden a la democratización interna o participación profunda en los centros financiados por el erario público.
Esto es lo que vienen reclamando las patronales de la enseñanza de centros no religiosos (CECE, ACADE y CONCEE), que ya consiguieron de Esperanza Aguirre la desgravación fiscal para los centros privados.
A esta demanda y argumentación ya les respondió Gómez Llorente en el rechazo a estas enmiendas al artículo 25 y actual 27 de la Constitución: “Nos sorprendemos profundamente de que aquellas personas que tanto han hablado de la libertad de enseñanza y del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, sin embargo en la práctica hayan tratado con sus enmiendas de disminuir la auténtica participación de la comunidad escolar en el control y gestión de estos centros”.
Esto es lo que les ha dado Wert 35 años después. Ha dicho en alguna entrevista “que muchos jardines en que se ha metido ya estaban plantados”. Pues este lo ha cuidado él bien. O como dice la tradición popular, “se quieren quedar con el santo y la limosna”.
NOTA: Próximo artículo: “Privatización y cuotas de la educación: Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Colmenar Viejo (Madrid)”.
Apoyo al Colegio Público ISABEL LA CATÓLICA, de Colmenar Viejo:http://www.change.org/es/peticiones/dat-madrid-norte-y-consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-no-al-cierre-del-ceip-isabel-la-catolica?share_id=ExFaIsQFQr&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=petition_invitation
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