Manuel Menor nos envía su artículo El inexistente “diálogo” sobre el Estatuto Docente:
Poco antes de concluir
el periplo legislativo de la LOMCE, ha habido en el ministerio de Educación una
reunión oficial con los sindicatos para plantear el ESTATUTO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DOCENTE. Wert persistió en su particular fórmula dialógica para
alcanzar este segundo objetivo relevante de su paso por el Ministerio. Algo
“penoso”, según algunos interlocutores, y especialmente decepcionante para los
partidarios de una escuela pública de calidad para todos.
El pasado 26 de
noviembre Educación presentaba a los presuntos
interlocutores sindicales su propuesta. Desde el principio de la legislatura,
no sólo él sino otros miembros de su partido con responsabilidades en el ámbito
educativo, han mostrado su interés en sacar adelante este preciado Estatuto.
También desde entonces han mostrado su metodología particular para estas
cuestiones. Primero, “voluntad política de llegar a acuerdos” y, si no se llega
a un consenso, “sin perjuicio de la legitimidad deintervenir en aquellos
aspectos sobre los que no haya consenso pero
que forman parte de su contrato con los ciudadanos” (Puede leerse en Escuela, nº3934, 23/02/2012: “Entrevista
a Francisco López Rupérez”).Ya se ha
visto en traducciónalromán paladino cómo ha funcionado esta fórmulaen el
transcurso de la elaboración de la LOMCE. Los sucesivos pasos por que ha
transitado desde que era un esbozo, expeditivos y poco propicios a enmienda
alguna que viniera de personas, asociaciones o partidos considerados de la oposición,
son un antecedente práctico de lo que, a todas luces parece que vaya a ser la
tramitación de este Estatuto.
Partir de cero es lo que, por lo visto en la primera sesión, el citado día 26,
estaba prescrito. Desde abril y julio no se había vuelto a hablar de este
asunto y, para no dar lugar a una ruptura antes de empezar, a los
interlocutores sindicales se les ofreció –como si nada hubiera pasado desde
entonces- un guión tomado de lo que en 2007-2008 se había hablado con el
Gobierno anterior. Fueron convocados para que se fueran haciendo cargo de un
acomodaticioesquema teórico, ignorando la historia de sus demandas y los
agravios infligidos en los últimos años. Se daba a entender, de este modo, que,
más allá de escuchar y asentir, poco se iba a contar con los sindicatos, ni
siquiera los considerados más afectos. Para comprobarlo, ahí están sus Webs:
csi-f.es (del 29/11/2013), anpe.es (del
23/07/2013; 26 y 28/11/2013; y del 4 de diciembre pasado), stes-i.es
(26/11/2013), feteugt.es/ (26/11/2013), fe.ccoo.es/ensenanza/(26/11/2013); Esta peculiar manera de “dialogar ex novo”
–de que el Sr.Wert ha hecho gala en estos dos años del Gobierno Rajoy y con su
beneplácito- recuerda en exceso demasiadas confusiones entre autoridad y
autoritarismo, diálogo y monólogo, legalidad y justicia, mendacidad y verdad…,
de que nuestra historia patria está plagada, con invocaciones al apoyo de una
presunta “mayoría silenciosa” que lo que no pueden ocultar es una amplia “mayoría silenciada”.
En educación, por otra parte –último reducto donde pueden pelearse las
diferencias hasta la estupidez-, no sucede como en Justicia u otros asuntos de
Estado como la propia Constitución, en que hay que fingir cierta unanimidad
para poder decir que las instituciones funcionan, aunque todo el andamiaje
chirríe después de 35 años. En los asuntos educativos, -además de algunos otros
que, con el orden y la moral católica de
fondo, se impondrán a medida que nos acerquemos a las próximas elecciones-, la
adaptación a las necesidades que viva el común de la gente no cuentan
demasiado. Importa más la capacidad de engatusar a los más recalcitrantes del
espectro en que se mueven los votantes de plantilla. El lado estrictamente
partidista –atento a marcar territorio- es el que suele imponerse a la supuesta
racionalidad de las decisiones, por más que éstas, de tan sobadas, resulten
banalizadas hasta el descrédito y más cuando suben al BOE.
La desmemoria y la atrevida tozudez son ventajosos para acelerar decisiones
expeditivas. Cuando no se quiere llegar a ninguna parte, las entrevistas,
acuerdos y pactos son engorros absurdos, especialmente siurge disponer de un
ágil instrumento que facilite la rauda ejecución de la LOMCE. En un asunto de la
trascendencia del Estatuto docente, dar voz a los representantes de los
profesores pronto derivaría en revisar conceptos y asuntos que la reciente ley
ya ha dejado establecidos. Predeterminados han quedado ahí componentes básicos
del Estatuto, entre los que destaca especialmentela pérdida de peso de los
profesores en los distintos órganos de gestión de los centros educativos, a
pesar de la apariencia de interés por su quehacer que pueda suponer el
reconocerles que son “autoridad pública” ante sus alumnos (artc. 124.3). No
sólo han perdido voz en los claustros, donde en muchos centros la obligatoria
asistencia ya se ha convertido en mera fórmula de recepción de las
disposiciones que la dirección quiera transmitir, emanadas de las Consejerías
autonómicas. También en el Consejo escolar del colegio, donde su punto de vista
sólo tendrá valor consultivo (artc. 127). Por otro lado, con la LOMCE se
confirmado y ampliado el papel de la dirección hacia una gestión personalista
muy jerarquizada -como puede verse en el apartado VII de la exposición de
motivos de la misma(y en el artcs. 132-136). Siguiendo pautas ensayadas en
comunidades como la de Madrid, desde varios años atrás, la elección y actuación
del director/a invierte profundamente el sentido de su liderazgo anterior, de
modo que hará difícil la ejecución de proyectos realmente innovadores en que
los profesores se sientan libremente involucrados.
Para la función docente –asunto central de un Estatuto que se precie-, tampoco es
indiferente que la LOMCE imponga un conjunto de pruebas externas, algunas con
valor de reválidas, como antes de la LGE de 1970. Habían sido puestas en solfa
por el “Libro blanco” de que fue precedida esta norma del último franquismo.
Vuelven ahora acrecidas y decisorias en la vida escolar y profesional de los
alumnos. Independientes de la actividad didáctica de cada profesor, hurtan a
éste el control de los procesos de enseñanza-aprendizaje que, por otra parte,
quedan muy condicionados por las características homogeneizadoras de estas pruebas
y no por las de la diversidad de alumnos existentes en cada grupo. Lo sabe muy
bien la larga experiencia que, en este sentido, tiene la educación de EEUU y,
de manera más parcial, la experiencia del 2º de Bachillerato actual en España,
plenamente volcado en las exigencias de la prueba de acceso a la Universidad.
Los profesores de la enseñanza pública estarán especialmente contentos, además,
por el alivio que para su carrera profesional supone el que, según lo dispuesto
por la LOMCE, se amplíe la facultad de corregir tales pruebas a docentes
“externos al centro”(Artc. 144.1), sin garantías de independencia. También lo
estarán por ver cómo, sin oposición, vulnerando los principios de mérito y
capacidad de la función pública –pero
con prevalencia para ocupar la docencia en sus áreas de conocimiento-, se
pueden contratar profesores nativos que acrediten competencia en lenguas
extranjeras (adicional 37).
Especial
alegría causa a muchos el ver sus asignaturas o áreas de conocimiento
prácticamente mediatizadas o anuladas en aras de una “calidad” excluyente, un
bilingüismo chillón mal aplicado, o por razón de las marcadas diferencias con
que la “especialización curricular” o la de “excelencia” distinguirán a unos
centros de otros (artcs. 121.7 y 122bis.3). Como si de la “reforma laboral” se
tratase, todo confluye en que, según la nueva ley, su papel como profesores es
meramente subsidiario, hasta el punto de que su función docente es sospechosa
de tener iniciativas propias. Incompetente para el trabajo educador, lo suyo es
ser tan sólo peonaje ancilar último de la dirección y la Administración, juez
última de lo que se haya hecho en clase. Sin embargo, por lo visto en el guión
o programa de trabajo a realizar para desarrollar el anhelado Estatuto, ninguno
de estos condicionantes que la LOMCE potenciaentraría en el debate previo. Es
más, en la normativa referencial recopilada por el Ministerio como preparación
para elaborar cada uno de los cinco capítulos principales de que constará la
futura ley –además de la justificación de motivos, dos títulos iniciales y
disposiciones transitorias subsiguientes-, no se hace mención alguna a la
recién aprobada LOMCE; sí en cambio, son múltiples las de la LOE.
Tampoco
parece que vayan a tenerse en cuenta los recortes
sufridos por los educadores españoles a causa del significativo Decreto del 20
de abril del 2012 (el RD 14/2012, al que seguiría muy pronto el nº 20). Como si
entre esta “racionalización del gasto público en educación” y la propugnada
“mejora de la calidad” educativa –sin nada más que hablar respecto a “lo que
hay”: los 20.000 docentes eliminados de la enseñanza pública (un ERE en toda
regla), o los 7.298 millones de euros recortados desde mayo de 2010, más lo que
falta hasta llegar a reducir la inversión pública en educación hasta el 3,9%
del PIB prometido por Rajoy en Bruselas-, tuviéramos ya los mimbres más
apropiados de partida para hablar de las condiciones de trabajo del
profesorado, de la búsqueda de los mejor dotados para esta labor, de su
formación inicial y permanente más adecuadas, y de tantas otros contenidos
relevantes de que, en anteriores coyunturas –no sólo la del curso 2007-2008-
han hablado sobradamente los sindicatos y cuantos especialistas entienden que
será imposible cualquier mejora sustantiva de la educación en España, sin
atento cuidado a la labor, capacidad y mérito social de los encargados de
llevarla a cabo.
Si
el inicio de estas conversaciones hacia el
anhelado Estatuto docente ha sido calificado por algunos sindicatos como
“penoso”, más lamentable sería desaprovechar una vez más la ocasión de
“dialogar” en serio. Lo más probable, en todo caso, es que el trámite del 26 de
noviembre ya le haya sobrado a Wert para presentar mañana, día 10 de diciembre,
ante el Congreso una proposición no de ley en que se encubre el primer paso
ejecutivo de su Estatuto docente. Después de “oídos” tan sordamente sus
interlocutores, en Educación volveremos a reinstaurar las “cesantías”
decimonónicas, pues no logramos sobrepasar las alternancias normativas de la
provisionalidad. Mucho tendría que cambiar la situación para que la mayoría de
los interlocutores sindicales tuviera alguna esperanza en las políticas
educativas del PP. Ya hace tiempo que han invalidado al equipo de Wert para una
auténtica reforma educativa: sólo los más crédulos conceden que el pasado día
26 pudiera haberse iniciado un proceder distinto del seguido con la LOMCE.
Manuel Menor Currás
Madrid, 09/12/2013
Publicado en mundiario.com
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