Senderos de represión (Agustín Moreno)

Primero vinieron a por los derechos, ahora a por las libertades. Pero no lo han tenido fácil: se han encontrado con la resistencia y movilización popular, mareas y huelgas generales. Y eso es lo que les ha puesto nerviosos. Cuando un gobierno aplica una política antisocial de forma sostenida, cuando intenta robar el futuro a sus ciudadanos, solo le queda la mentira y la represión para mantenerse en el poder. Con el revuelo ocasionado por el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana se han encendido todas las alarmas, pero no es la única agresión. 

Antes está el proyecto de nuevo Código Penal de Gallardón y se anuncia para después una ley de Servicios Mínimos para recortar el derecho de huelga. Son tres patas sobre las que asentar una legislación para reprimir la protesta ante la injusticia. Son un intento de criminalización generalizada del conflicto social que se lleva por delante derechos y libertades constitucionales y nos puede colocar en la senda hacia el fascismo. Analizaremos las tres agresiones, pero antes intentemos comprender la lógica autoritaria del poder y ver la práctica represiva que viene aplicando.

Es muy esclarecedor el análisis del historiador Peter Burke. Dice: “La estrategia del miedo para evitar la revuelta es una constante en la historia de la humanidad. Pero me interesa más, como constante histórica, la teoría de por qué la gente se rebela. Las primeras teorías afirmaban que la población se rebela cuando las cosas van a peor. Por ejemplo: sube el precio del grano y estalla la Revolución Francesa. Sin embargo, tanto los historiadores como los teóricos sociales han subrayado, más recientemente, que las rebeliones se asocian a la ruptura de las expectativas crecientes. Cuando las cosas dejan de ir a mejor y se habían creado grandes expectativas, es cuando la gente se siente más insatisfecha. Más todavía que si las cosas van a peor de forma lenta y progresiva. Por tanto, las expectativas defraudadas son el contexto más propicio para que estallen las revueltas. Eso significa que el momento más peligroso para un Gobierno es cuando aplica reformas que no contentan a la población, porque la gente quiere otro tipo de reformas o a otro ritmo”.

Es evidente que al PP no le gustan las protestas. Y no es un problema de mentalidad conservadora. No son partidarios, porque son conscientes de que les ponen en evidencia aquí y en el mundo, y no pueden decir que controlan la situación. Porque les erosiona política y electoralmente: dicen las encuestas que hoy perderían buena parte de los apoyos y crece en sus filas la preocupación por una posible debacle electoral. No les gusta, porque la protesta crea complicidades y una situación de empoderamiento popular que les da miedo, por si se acaba el “teatrillo” de democracia que pensaban atado y bien atado desde los tiempos de la transición.

Pero sobre todo no les gusta porque no están dispuestos a cambiar la política antisocial que vienen aplicando. Van a seguir empobreciendo al país, recortando derechos sociales y laborales, atacando a la educación y a la sanidad pública, privatizando todo lo que puedan. Si les dejamos, van a cargarse todo, a crear situaciones irreversibles, o de difícil vuelta atrás cuando se vean obligados a dejar el poder. Algo parecido a lo que hizo la Thatcher que tanto lloró nuestra derecha. Cuando se incumple totalmente el programa electoral y se aplica de una agenda oculta, que algunos ya denunciamos, cuando se gobierna en contra la mayoría y al servicio de unos pocos, con 6 millones de parados y sin esperanza de mejora a medio plazo, si no se quiere que la gente proteste, se entra en una peligrosa deriva autoritaria.

Para ello, previamente, se crea un clima en la opinión pública que se prepare para el recorte de libertades y derechos. Desde los responsables gubernamentales y de la derecha se han sucedido los insultos, comparaciones injuriosas, descalificaciones permanentes hacía profesores, sanitarios, la PAH, trabajadores en lucha de diferentes sectores. O provocaciones y amenazas desde las delegaciones del gobierno. Veamos algunos ejes que definen la estrategia que están aplicando y que ahora quieren elevar a categoría legal.

Prácticas represivas en manifestaciones, intimidando a los ciudadanos con despliegues desmesurados de miles de policías para protestas que se presumen pacíficas, y que básicamente lo son: sólo ha habido incidentes en una docena de ellas de más de cuatro mil. Cuando se prevén más conflictivas la proporción ha llegado a ser de un guardia por manifestante. También están las profecías autocumplidas de personajes como la delegada del gobierno de Madrid, asegurando que habría episodios de violencia. Algo que se entiende mejor cuando aparecen imágenes de infiltrados que al grito de “soy compañero” [ver vídeo, abajo] intentan evitar que les zurren, dejando la duda de si era un inocente maltratado o si había cometido algún tipo de delito en el ejercicio de su misión. Con unos balances de heridos y de detenidos desorbitados que pretenden generar miedo en los manifestantes. Es significativo que ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid ha sido condenado. O sea, abuso policial con inocentes. Todo ello acompañado del ocultamiento de las placas policiales o la intimidación a los que graban los hechos para asegurarse la impunidad. 

Criminalización de los ciudadanos. El ministro del Interior dio indicaciones a la policía para actuar contra los escraches, es decir, contra las personas que se atrevan a acercarse con círculos de papel de colores a pedir a los diputados que no hagan caso a su partido y voten en conciencia en el tema de los desahucios. Amenazan a los que se atrevan a llamar sinvergüenzas a políticos imputados por corrupción o que no cumplen con su deber de defender a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos ven estas cosas y la patente de corso de que gozan imputados por corrupción, la legitimidad del sistema se viene abajo.

Buro-represión, que se ejerce a base de trabas administrativas, multas y sanciones económicas indiscriminadas. Son las identificaciones masivas a personas por estar en la calle y la imposición de multas de dudosa legalidad por ejercer el derecho a participar de la vida pública. Las sanciones a manifestantes se han multiplicado por cuatro entre 2011 y 2012. Se trata de desangrar económicamente a las organizaciones y colectivos o dejarles fuera de juego por miedo a las multas. No es una represión de baja intensidad” cuando en una situación de crisis y de paro tan elevado crujen a las personas con elevadas y arbitrarias multas. Para cerrar el círculo está el brutal aumento de las tasas judiciales para tener que defenderse de actuaciones abusivas o ilegales.

Recortes de libertades y actuaciones mcarthistas en algunos sectores que se han movilizado con intensidad. Es lo que está pasando desde la consejería de Educación de Madrid o de Baleares contra la Marea Verde. Se han prohibido la celebración de actos en centros para debatir sobre la ley Wert. Se tiene sin comer durante 48 horas a representantes sindicales que se quedan encerrados para pedir negociaciones sobre el empleo del profesorado interino. Se desaloja fulminantemente a los profesores/as interinos de la catedral de la Almudena, en un retroceso más allá de la Edad Media, cuando las iglesias garantizaban el derecho de asilo. Se promueve una auténtica “caza de brujas” elaborando listados de huelguistas y a través de la incoación de expedientes disciplinarios graves contra profesorado y equipos directivos contrarios a los recortes. Unas administraciones educativas incompetentes realizan actos irregulares, y escogen a profesores inocentes como cabeza de turco para escarmentar y meter miedo al colectivo. Hasta aquí la práctica represiva aplicada, que ya anunciaba por dónde vendrían los nuevos ataques.

Proyecto de reforma del Código Penal de Gallardón. Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (4 de octubre de 2013), introduce un amplio catálogo de “delitos contra el orden público”. Para endurecer la respuesta penal tiene dos objetivos: aumentar las sanciones legales a comportamientos ya tipificados e incorporar como nuevas figuras delictivas a comportamientos que eran irrelevantes penalmente o solo tenían sanción administrativa. Con ello se pretende limitar el ejercicio de derechos constitucionales como son la libertad de reunión, manifestación y el derecho de huelga. Resumamos algunas de las sanciones propuestas:

• Cárcel de uno a 4 años a quienes agredan o se resistan a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos. El concepto de resistencia es tan amplio como subjetivo y especialmente peligroso si se cruza usted con un antidisturbios atravesado, se niega a  cualquier cosa, intenta salir corriendo, zafarse de una detención, si forcejea o se le escapa una patada instintiva si le están aporreando… Es decir, que la menor resistencia hace incurrir en delito.
• Cárcel de 3 meses a un año por resistencia o desobediencia a personal de seguridad privada. Sin comentarios, viendo el vídeo de su actuación en la estación de Atocha del 25-S y conociendo el nivel de formación existente.
• Cárcel de uno a 6 años si se “atenta” contra alguna autoridad, desde ministros a diputados o al concejal del pueblo. Y en ese concepto pueden entrar muchas cosas.
• Cárcel de 6 meses a 3 años de cárcel por violencia sobre personas o cosas, pudiendo llegar con agravantes a 6 años, por ejemplo, por el lanzamiento de objetos contundentes, dar patadas a un contenedor o a una puerta o provocar incendios… ¿de una papelera?
• Cárcel de 3 meses a 6 meses por ocupar un local abierto al público. Por ejemplo, estar pacíficamente en una oficina del INEM, hacer una performance en un banco o una asamblea no autorizada en una empresa.
• Cárcel 6 meses  3 años por amenazar con llevar a cabo violencia sobre persona o cosas, aunque ésta no se materialice y sea una simple bravuconada.
• Cárcel de 3 meses a 2 años  por impedir la normal circulación del transporte. Interrumpir una calle como hicieron, por ejemplo, los estudiantes del IES de Valencia, el ejercicio de un piquete de huelga o el incumplimiento de servicios mínimos por abusivos que éstos sean.
• Cárcel de 3 meses a un año por la difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público (por ejemplo, un grito, cartel, camisetas, twitter, chat, sms, whatsapp…). Gravísimo atentado a la libertad de expresión e información.
• Siempre con las correspondientes multas en todos los casos, al tiempo que se aumentan las prerrogativas de la policía y de la autoridad política.

Estamos, por tanto, ante un paroxismo sancionador donde se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas.  Jueces para la Democracia ha denunciado que el Código Penal de Gallardón es “el más regresivo de la historia de la democracia”. Se puede producir un tremendo golpe a las libertades públicas, penalizando las vías de participación social basadas en las libertades de expresión, reunión, manifestación y huelga. Quizá se trata de eso, de que todo quede reducido a un voto cada cuatro años sobre opciones tan parecidas que desestimule la participación.

La norma no va contra la delincuencia, sino a reprimir la protesta social. La situación recuerda cada vez más a 1984 de George Orwell, más aún después de haber visto a Mariano Rajoy comparecer a través del plasma. Y por el uso de la neolengua que hace el PP y que denunciaba Caballero Bonald cuando defendía “la palabra contra quienes quieren quitárnosla”. En fin, un panorama lamentable que daría miedo si no fuera por dos cosas: por la certeza de que este gobierno puede durar muy poco si los espacios de resistencia popular van acompañados del sentido común para la creación de una alternativa. Y porque el nivel de movilización social y ciudadana deben conseguir que las libertades sean irreversibles.

Artículo de Agustín Moreno publicado en cuartopoder.es