Rafael Simancas
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Wert, con los votos exclusivos del PP y con el compromiso explícito de toda la oposición para derogarla en cuanto sea posible. Casi todos coincidimos en que la educación constituye el factor clave para cualquier estrategia de desarrollo económico y de equidad social. Por eso hubiera sido razonable acometer la ley de reforma del sistema educativo desde un mínimo consenso social y político.
No ha sido posible. Y cuando el Gobierno se queda solo en una operación de esta envergadura, la responsabilidad del fracaso no puede derivarse hacia el conjunto de los grupos de la oposición y la propia comunidad educativa. El Gobierno se ha quedado solo porque su iniciativa legislativa niega solución a los problemas reales de la enseñanza, al tiempo que incorpora un contrabando ideológico inaceptable para una sociedad moderna y mayoritariamente progresista como la española.
El ministro Wert fundamenta su ley en argumentos con trampa. Los altos porcentajes de abandono escolar en España han tenido más que ver con la burbuja inmobiliaria y sus oportunidades de trabajo, que con la idoneidad de las normas educativas. De hecho, la crisis y el paro están reduciendo de manera drástica estas cifras. Los informes PISA para escolares y para adultos, a pesar de las interpretaciones manipuladas, reflejan el éxito de las leyes de la democracia en su batalla contra el atraso histórico de nuestra enseñanza. Y no es cierto que falte “esfuerzo” y “excelencia” entre docentes y alumnos. Lo que faltan son recursos para que el esfuerzo y el talento nos salgan más rentables, en lo personal y en lo colectivo.
Desde luego que hay problemas en la educación española. Aún estamos muy lejos de los niveles de calidad y de equidad que se disfrutan en otros países de nuestro entorno. Pero la mejora de la calidad y de la equidad en la educación no se alcanza mediante reválidas y catecismos, como propone la ley Wert, sino con una apuesta realmente estratégica de toda la sociedad, de sus instituciones, de sus empresas y de sus familias para reforzar con más y mejores recursos nuestro sistema. Más docentes, mejores instalaciones, avance tecnológico, enseñanza infantil, idiomas, atención a la diversidad, formación docente… Pero nada de esto hay en la LOMCE.
En la LOMCE solo encontramos una ofensiva ideológica con tres frentes. Primero, la segregación social mediante itinerarios diferenciados y reválidas segregadoras. Un nuevo sistema que premie al estudiante con mayores ventajas de partida y que aparte tempranamente al alumno con más dificultades. Segundo, la preeminencia de lo privado sobre lo público, bajo la coartada de la libertad. Se promueve la enseñanza privada en la norma y en los presupuestos, regalando el suelo público incluso, anteponiendo la “libertad” de las familias con recursos para pagar matrículas privadas, sobre el derecho de las familias con menos recursos a una enseñanza con igualdad de oportunidades para sus hijos.
Y tercero, el adoctrinamiento religioso. Los obispos logran invertir la tendencia laicista que venían imprimiendo las leyes educativas anteriores. Si el camino hasta ahora conducía a más enseñanza de valores constitucionales y a menos peso de la doctrina religiosa, con la ley Wert se elimina la Educación para la Ciudadanía y se recupera el catecismo como asignatura evaluable a efectos curriculares y de beca, con alternativa obligatoria. Mientras los escolares europeos aumentan carga lectiva en idiomas, tecnología y humanidades, los españoles aprenderán a citar de corrido el Ave María.
Esta ley prácticamente no entrará en vigor, porque cualquier mayoría parlamentaria alternativa a la hegemonía absoluta del PP la echará abajo en el año 2015. Pero nos hace perder tiempo y esfuerzo, cuando no nos sobra ni tiempo ni esfuerzo en la apuesta por la mejora de la educación como motor de desarrollo, de progreso y de justicia social.
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