Manuel Menor Currás
Después de dos años de intensa resistencia suscitada por los decretos que la han precedido, y a la vista del último tránsito de esta norma por el Parlamento, tal afirmación suena rara y esquizoide: hasta ahora tan sólo han aceptado leves retoques transacionales a cuenta de algún grupo siempre obsequioso, útil para generar visos de pluralidad, pero coincidente con los impulsores de la LOMCE en convicciones ajenas a toda modernización razonable del sistema educativo. Con tanto afán misional compartido, redundante y sobreactuado, ni se ocupan del barullo que crean para una hipotética puesta en marcha de esta ley. Ni menos de que, si acaban imponiéndola, los profesores harán como que la aceptan, pero sin que transforme y mejore en nada su quehacer.
Si fuera una “ley de todos”, el ministro que la propone y defiende no tendría problema alguno cuando comparece en público. Tampoco leería imperturbable a la prensa datos tan nefastos como los de hace unos días, en que la enseñanza en general, y la pública en particular, resultaban claramente dañadas por su política restrictiva y sesgada. Ajeno a todos, parecía estar rindiendo cuentas satisfactorias a un incógnito grupo selecto que le hubiera impuesto que se atuviera al clásico guión en que todo va mejor si funciona peor. Venir ahora con que ésta es una “ley de todos” retuerce en exceso el aire semántico de las palabras. Ha cosechado en el Congreso 11 enmiendas a la totalidad –todo un récord- y la numantina resistencia del Partido gubernamental a salir de su ombliguismo ha hecho que los principales grupos de la oposición se hayan coaligado para derogar esta norma tan pronto como puedan.
Por otro lado, en el afortunado eslogan de Mareaverde –al que la frasecita parece querer suplantar-, el sujeto de la proposición es la Escuela pública, una “Escuela pública de todos y para todos”. Para la LOMCE y sus instigadores, en cambio, ese sujeto aparece disminuido gravemente. Les importa más su ley que la Escuela publica: o no la mencionan o, cuando no tienen más remedio, sólo es para ultraje y vilipendio; salvo raras excepciones, siempre es para rebajar sus condiciones y prestaciones, porque no aceptan su concepto pleno. La escuela pública de que hablan no es la que necesita la España democrática actual; responde más bien a la estatalización de una escolarización destinada a los menos afortunados, subsidiaria de la privada o concertada, y con funciones primordialmente orientadas a guardería de adolescentes en que no se cuestione ni de lejos el orden social establecido. En el nuevo diseño de la “enseñanza pública”, los principales atributos que los expertos le exigen se desvirtúan y reorientan a confirmar los desequilibrios sociales de que procede su gente.
Si la LOMCE consagra esta tendencia, no pueden alegar ahora que la educación que quieren “mejorar” sea la que van a dejar que sea accesible “a todos”. Sólo una minoría social saldrá beneficiada, sobreprotegida y privilegiada, mientras entre el común se fortalecerá la idea de que la España que subyace a tal diseño no es la suya. Ya Galdós reflejó extraordinariamente bien esta dualización en Misericordia (1897), a través de Nina, la criada, y Francisca, su señora.
Hoy, son demasiados los que entienden que ésta no es ni una ley de todos ni para todos: sigan, si no, la consulta ciudadana que está en marcha estos días: (http://www.consultaciudadanaporlaeducacion.org/index.html). Y no pierdan de vista, además, que, según la última encuesta del CIS, los profesionales más valorados en este momento, son los de la sanidad y la educación, por la defensa que han hecho de estos servicios: no puede alegar algo similar la mayoría parlamentaria. La sensibilidad cívica hacia la política educativa actual es tal que, incluso ANPE y CSIF, han aceptado unirse a la huelga general de la enseñanza, el próximo 24 de octubre. A los promotores de la LOMCE no les queda mucho tiempo para hacer verosímil su pretensión de que sea ésta una “ley de todos para todos”.
Madrid, 28/09/2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario