- Subidas de precios en las matrículas en los dos últimos cursos
- Las diferencias en el coste de las tasas universitarias entre comunidades llegan a un 174%
- Cinco de ellas reducen el precio de los másteres, que pierden alumnos
- GRÁFICO Coste de las matrículas en las universidades públicas
Estudiar Derecho en una universidad pública gallega costará 591 euros el próximo curso; en una madrileña, 1.620. Eso quiere decir que después de los cuatro años que dura el grado, al alumno de Madrid le habrá costado sacarse el título 4.116 euros más que al de Galicia, un dinero suficiente como para volver a estudiar otra carrera completa en la mayoría de las comunidades. Eso, con los títulos más baratos (que suelen ser los de Humanidades y Ciencias Sociales), pero si tomamos los sanitarios, por ejemplo Medicina, la diferencia es de 757 euros en Andalucía y 1.980 en Madrid, es decir, 6.115 euros más al final de los cinco años de carrera.
Las diferencias de precios entre comunidades se han disparado en los dos últimos cursos y pueden llegar a ese 174% en el caso de Derecho y otras carreras de Humanidades y Ciencias Sociales o ese 161% en Medicina. El cambio normativo aprobado por el Ministerio de Educación en abril de 2012 ha permitido a los Gobiernos autónomos aplicar las subidas que han querido; antes, el Ejecutivo central fijaba una horquilla anual —normalmente con el IPC más cuatro puntos en el límite superior— dentro de la cual las comunidades elegían una cifra.
De esta forma, algunas, como Asturias o Galicia, han congelado los precios dos años seguidos, mientras Madrid, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña —cuyos campus acogen a la mitad de los universitarios— han aplicado importantes subidas, entre 22% y el 60%. La mayoría lo hizo el curso pasado.
Solo Madrid ha aplicado un gran aumento por segundo año consecutivo, convirtiéndose en la comunidad más cara para estudiar un grado —el título que ha sustituido a licenciaturas y diplomaturas— en la pública. El encarecimiento acumulado va del 50% para las carreras más caras al 92% para las más baratas. Este es el caso de 40 titulaciones de Ciencias Sociales y Humanidades —Derecho, Filosofía, las filologías o Economía— que han pasado en solo dos años de costar 843 euros a 1.620 por un curso completo.
El resto de autonomías ha optado por subir los precios para el curso 2013-2014 en el entorno del IPC (entre el 1% y el 5%) o, incluso, por congelarlos: Cataluña, Canarias, Galicia y Asturias. Lo han hecho en un contexto de crisis en el que la universidad pública ha sufrido un leve descenso en los estudiantes de grado (0,2%) después de varios años de repunte y ha perdido por primera vez alumnado de máster: 5,3%. De hecho, cinco autonomías (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha) han decidido rebajar el coste de algunos másteres después del gran encarecimiento generalizado que se produjo un año antes: un 62% de media. Madrid ha congelado precios en estos posgrados.
En todo caso, ya está abierta de par en par esa enorme brecha en el mapa de precios de los campus públicos. En el caso de los grados hay claramente dos extremos, con Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana en el vértice más costoso, y Galicia, Cantabria y Andalucía, en el más barato. Todo ello ha provocado un “crecimiento de la inequidad”, se queja el rector de la Universidad de Alcalá y presidente de los rectores madrileños, Fernando Galván. “No se explica que los costes sean tan distintos”, añade. Los rectores madrileños habían pedido, sin éxito, que se congelasen las tasas, a la vista de todos los problemas que habían tenido miles de universitarios para pagarlas el curso pasado: al menos, 30.000 en toda España, según el recuento hecho en mayo por este diario, estuvieron al borde de la expulsión por morosos.
Francisco Ropero (24 años), Alejandro Reyes (22), Serena Roca (19), Ruth Abad (30)... Ellos son solo algunos ejemplos que han pasado por estas páginas en los últimos meses de jóvenes que se han visto obligados a abandonar la universidad, han estado a punto de hacerlo o han rehecho su camino hacia la FP por falta de recursos. Porque la subida de tasas ha coincidido con el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder y mantener las becas. Así, miles de estudiantes no solo han perdido o van a perder la ayuda, sino que además tendrán que hacer frente a una matrícula mucho más cara, teniendo en cuenta que las repeticiones se penalizan enormemente. Las segundas, terceras y cuartas matrículas se han llegado a encarecer entre un 60% y un 345% en Madrid, o entre un 44% y un 313% en Andalucía.
Universidades de toda España han salido al paso de estas situaciones, en la medida de sus posibilidades —los recortes en los campus superan los 1.200 millones desde 2010— con ayudas de emergencia para situaciones sobrevenidas (familias que se quedan en paro) o para alumnos que han perdido la beca por los nuevos requisitos académicos. Además, la mayoría permite ya fraccionar el pago de la matrícula en tres, seis y hasta 10 plazos. Sin embargo, los rectores reclaman apoyo.
En la Comunidad de Madrid, Galván pide, al menos, mecanismos de compensación, como el que existe en Cataluña, donde los alumnos pagan en función de su renta (por eso la media baja, dejando a Madrid como la autonomía más cara). Preguntado sobre esos posibles mecanismos, un portavoz del Departamento de Educación madrileño remitió a las declaraciones de la consejera Lucía Figar en julio tras una reunión con los rectores en la que habló, sin concretar más, de revisar los instrumentos de compensación.
Poco antes, Figar había justificado la segunda gran subida consecutiva de tasas por las limitaciones presupuestarias que exigen los objetivos de déficit marcados por el Gobierno central. Esa subida “no parece que sea una actualización del coste real de las titulaciones, sino una estimación del recorte que se quiere hacer a las universidades”, dice Galván.
Según el nuevo sistema de fijación de precios aprobado el año pasado por el ministro José Ignacio Wert, la matrícula de los grados debe cubrir entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios en primera matrícula (el resto está subvencionado), y el porcentaje va aumentando para los repetidores hasta llegar al 100%. Sin embargo, como se desconoce exactamente qué proporción pagaban los alumnos porque no se sabe exactamente cuánto cuesta un puesto en cada titulación, ni existen datos oficiales ni sistemas de cálculo claros, al final cada comunidad ha hecho lo que ha querido, aumentando esas diferencias de precios desde un máximo del 100% hace dos años a un 174%.
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