El sistema público de pensiones en España siempre ha estado en el punto de mira de las políticas neoliberales. Los ataques se han producido tanto con los gobiernos del PSOE como con los del PP, lo que demuestra que a la hora de servir a los intereses de la banca y de las compañías aseguradores no hay muchas diferencias entre ellos. Hagamos un breve repaso a la historia de los ataques y los pactos de pensiones.
Podemos hablar de dos etapas. La primera hasta la crisis de los dos sindicatos mayoritarios en 1994 (con la salida de Nicolás Redondo de la secretaria general de UGT, y con ruptura interna en CCOO) y su estrategia era la de oponerse a los recortes o firmar pactos de mejora. En 1985 se produjo la primera agresión al sistema de pensiones por el gobierno de Felipe González. CCOO, junto con USO, CGT, ELA-STV y otros sindicatos convocaron la Huelga General del 20 de junio. Dirigía el sindicato Marcelino Camacho. UGT no convocó la huelga, pero se manifestó junto a CCOO en las vísperas, y Nicolás Redondo y algún diputado más votaron en el Parlamento en contra de la nueva ley del ministro Almunia. Fue uno de los elementos de ruptura entre la UGT y el PSOE. Cabe destacar en esta etapa el positivo acuerdo en materia de pensiones que se produjo tras la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, con el que se conseguía el derecho a las pensiones no contributivas y la revalorización automática.
La segunda etapa es un recorte continuo, tanto en situaciones de crisis como de expansión económica. En 1996 firmaron los sindicatos un acuerdo con Aznar recién llegado al Gobierno, con un el rimbombante nombre de ”para la racionalización y consolidación de la Seguridad Social”. Dirigía CCOO Antonio Gutiérrez, que andaba por entonces en plena persecución del Sector Crítico del sindicato y que llegó a la defenestración de Marcelino Camacho de la presidencia. Con el acuerdo sobre el Pacto de Toledo (ampliación del período de cálculo, reducción de los porcentajes) se recortaron los derechos potenciales de los trabajadores en materia de jubilación, entre un 7% y un 21%. Con éste acuerdo y otros más que aseguraron la paz social, se permitió la aplicación de una política neoliberal (privatizaciones…), que hizo que en dos años España pasase de no cumplir ninguna de las condiciones de convergencia a cumplirlas todas. Se había aplicado uno de los ajustes más duros del periodo democrático.
El siguiente pacto lo firmó solo CCOO (sin UGT) en 2001. Seguía gobernando Aznar y el secretario general de l sindicato era José María Fidalgo. Aunque contuviera algunas mejoras concretas, estimulaba el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años, abría la posibilidad de establecer un nuevo período de cálculo con toda la vida laboral, reducía cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y pretendía fomentar los planes y fondos privados de pensiones.
En el 2011, ya con Ignacio Fernández Toxo en la dirección, se firma un nuevo acuerdo de los sindicatos con el gobierno de Zapatero en sus horas últimas. El contenido se centraba en aumentar la edad legal de jubilación a 67 años, necesitando 37 de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora; en la exigencia de tres años y medio más de cotización (38,5) para poder jubilarse a los 65 años; y en ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, lo que suponía un recorte de hasta un punto menos por año, es decir, un 10%, aunque se beneficiasen algunos pequeños colectivos. Esta reforma contenía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente, según el informe de envejecimiento de la Unión Europea (UE) de 2012 (Ageing Report). Y supone un listón inalcanzable para millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes, con vidas laborales muy cortas y con baja cotización por el paro y la precariedad.
Nos encontramos ahora con la preparación para el último ataque a través de un informe de una comisión de “expertos”, formada por el gobierno del PP. El informe plantea las nuevas líneas maestras de recorte que son básicamente tres: desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social, reducir la pensión inicial con el argumento de considera la esperanza de vida, y adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducirán automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja. En el informe se proponen “soluciones” como seguir con el alargamiento de la vida laboral, las rebajas de impuestos y el complemento de las pensiones privadas. Además, se anima a recortar las pensiones ahora que se acepta mejor el sacrificio (?), un argumento que demuestra la obscenidad de los autores: se refieren a que hay que aprovechar el saqueo generalizado sobre los derechos para imponer un nuevo y grave recorte.
Ha firmado este informe la persona que aparecía representando a CCOO y eso mancha al sindicato y alarma a los afiliados y trabajadores. Como representante de CCOO aparecía en los medios de comunicación y, lo que es más importante, así lo entiende todo el mundo. Es un economista corriente cuya presencia en la comisión obedece exclusivamente a su responsabilidad en el sindicato. Si no lo representaba, CCOO tenía que haberse desmarcado desde el primer día. Lo último que podía pasar es que para no sacar la pata se entrase en estrafalarias explicaciones a lo Cospedal sobre la representación directa, en diferido o algo así. Esta persona es un asalariado de CCOO que no debería firmar nada sobre un tema que afecta a la organización sin consultar a sus responsables: Carlos Bravo, secretario de Protección Social y, en última instancia, Ignacio Fernández Toxo. La dirección del sindicato tiene que explicar si le dijeron que no lo firmase, si le dieron el plácet, si se descuidaron y, sobre todo, qué decisión van a tomar ahora con él.
El informe es interesado, injusto y equivocado. Según dice la prensa, ocho de los doce “expertos” han estado cobrando y al servicio de bancos y empresas de seguros, y que el presidente es un colaborador de FAES. Y el fondo del asunto es meter miedo para reducir la expectativa de pensión y forzar el crecimiento de los planes y fondos privados de pensiones. Es injusto porque solo se sacrifica a los trabajadores, cuando en España tiene un gasto en pensiones inferior a la media europea (10,7% frente al 13,5% del PIB) y sigue existiendo un superávit de 62.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es equivocado porque sólo incide en el recorte del gasto en pensiones y no se preocupa de mejorar los ingresos a través de una política económica orientada al empleo, a la mejora de los salarios, al aumento de cotizaciones y de los ingresos fiscales. Hay que recordar que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa: 32,6% frente a un 40% de media. También es equivocado utilizar una previsión de aumento de la esperanza de vida cuando, por primera vez en medio siglo, se ha producido una inflexión que acentuará con la catástrofe social que vive este país.
Otra de las cosas más graves de este informe, apoyado por el representante de CCOO, es que sirve de justificación para otro incumplimiento más del programa electoral del PP. Ante este disparate, CCOO debe rechazar el informe y en vez de romper la unidad con UGT, debe empezar a organizar con ella la movilización frente a la nueva agresión a las pensiones que Rajoy se ha comprometido con Bruselas a perpetrar este año. Hay que defender el mantenimiento y la recuperación del poder adquisitivo de unas pensiones muy castigadas. Sólo Grecia y Letonia han aplicado ajustes tan drásticos en la pensiones.
Si analizamos la estrategia de los sindicatos con las reformas laborales, podemos ver que ha habido acuerdos y, también, huelgas generales frente a las imposiciones (1988, 1992, 1994, 2002, 2010, 2011, 2012). Sin embargo, en relación a las pensiones sólo se ha convocado la huelga general de 1985 y desde hace diecisiete años la dirección de CCOO ha firmado todos los acuerdos. Acuerdos que, en general, han supuesto un retroceso de las mismas (ampliación del período de cálculo, más años de cotización, retraso de la edad de jubilación…). Incluso, CCOO firmó un acuerdo con Aznar en 2001, rompiendo la unidad con UGT, que lo rechazó. Habría que preguntarse por el trasfondo. ¿Empacho de respetabilidad? ¿Visión a corto plazo de los dirigentes sindicales que no miden las consecuencias a largo para los trabajadores? ¿Legitimarse ante el poder en algunas situaciones? ¿El hecho de que los responsables del área confederal de pensiones siempre hayan sido del ala más a la derecha del sindicato?… Lo que no vale es usar el argumento (neoliberal y de la CEOE) de que los acuerdos son para consolidar el sistema, cuando los recortes son siempre evidentes.
Hay que recordar que siempre hubo en CCOO voces, como el Sector Crítico, que rechazaron estos malos acuerdos para no ser cómplices de los mismos, convencidos de que la “política de apaciguamiento” de los aparatos para evitar recortes mayores se demuestra inútil ante la insaciabilidad de la banca y la derecha.
CCOO no debe apoyar este nuevo ajuste a las pensiones. La degradación del sistema de pensiones se puede convertir en una singularidad de este país, como lo es la alta tasa de paro y la precariedad, condicionando estructuralmente la demanda y el consumo en la economía española. Si lo hiciera, se le señalará durante mucho tiempo (de los “expertos” no se acordará nadie) como a uno de los responsables principales del retroceso social en el que está entrando nuestro país. Supondría la ruptura con amplios sectores laborales, muy especialmente con aquellos que tendrán graves dificultades para alcanzar una pensión digna. Y será difícil recuperar el crédito social necesario para llamar a la participación y a la movilización contra nuevos recortes de derechos sociales en el futuro.
Ninguna complicidad, por tanto, con quienes quieren hacer con las pensiones lo que están haciendo con los salarios: pasar de salarios de hambre mileruristas a salarios doblemente de hambre de 400 euros. Con los que ponen en cuestión el sistema de reparto, bajando fuertemente las pensiones iniciales y medias y empujando a los trabajadores de mayor renta hacia los planes privados al tiempo que se rebajan las cotizaciones a los empresarios. En fin, que no es una cuestión técnica lo que se ventila, sino pura lucha de clases: defensa del sistema público de pensiones frente a privatización y empobrecimiento de la mayoría.
Supongo que estas reflexiones no les gustarán a una parte del sindicato. Lo siento, no quiero molestar a nadie. Solo contribuir a que CCOO no cometa una grave equivocación: apoyar uno de los mayores ajustes sobre las pensiones de toda Europa.
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