Al menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsados de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Esta es otra de las consecuencias de la crisis y los recortes. Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en paralelo han aumentado las tasas —hasta 540 euros más de media en primera matrícula—, y se han concedido menos becas al endurecerse los requisitos académicos —del 5,5 de nota media ahora se pide un 6,5—. Y ello en un momento en que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan ayuda para poder estudiar. Este jueves los vicerrectores de estudiantes de los campus españoles se reunirán en Madrid con los impagos como plato fuerte, aunque muchas universidades ya han buscado soluciones eventuales para este curso. El Ministerio de Educación, por su parte, no tiene previsto un encuentro con los rectores para tratar el asunto.
La cifra de alumnos morosos todavía no es definitiva. Los 30.000 forman parte de la radiografía de este momento, pero los números pueden variar a la baja —algunos podrían pagar in extremis a final de curso para evitar la anulación de su expediente y no tirar por la borda el esfuerzo de meses— pero también al alza: algunas universidades no han incluido todavía en sus estadísticas a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca (en Cataluña todavía se están resolviendo las últimas). Esta es una de las causas que pueden disparar aún más la morosidad. Solo unos ejemplos: en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes).
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Sea como sea, la cifra de 30.000 estudiantes universitarios —resultado del conteo hecho por EL PAÍS a partir de los datos facilitados por todos los campus públicos, a excepción de algunos centros pequeños, donde el plazo de pago no ha finalizado— pone de relieve una nueva problemática que amenaza con agravarse con la reforma de las becas anunciadas por el Gobierno, que puede dejar a muchos más estudiantes sin ayudas.
El caso más gráfico es el de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) con 10.500 impagos entre alumnos que no solicitaron beca. “El porcentaje de morosos no ha variado aún respecto al año pasado, pero ahora nos van a llover los casos de gente que no puede hacer frente a las tasas”, cuenta Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes. Solo 10.402 de los 32.000 estudiantes que pidieron beca la han obtenido, frente a los casi 15.000 del pasado curso, un 31% menos.
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Tras la protesta en la UCM, se ha creado la Plataforma de Afectadas por las Tasas (PAT) que apenas echa a andar con pequeños grupos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Su objetivo es que “se activen los campus virtuales a los alumnos expulsados y hacer presión para que no se eche a nadie por motivos económicos”, explica Carla Ten, estudiante de ingeniería biomédica de la UB y miembro de la PAT en Barcelona. Y, a largo plazo, añade, pretenden lograr una universidad gratuita.
Ante este grito estudiantil de ayuda, algunos rectorados han decidido activar fondos sociales. Muchos alumnos se han encontrado con problemas sobrevenidos. “Su situación económica o familiar se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, ya sea porque los padres están desempleados, porque se han quedado sin prestaciones o incluso por el fallecimiento de los progenitores”, explica Sílvia Carrasco, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este campus ha sido uno de los pioneros a ofrecer estas ayudas especiales. Bautizadas con el nombre Beca Finestreta, cuenta con una dotación de 320.000 euros y beneficia a unos 150 alumnos.
Iniciativas como están surgiendo como setas en toda España. En la Universidad de Valencia están detectando “casos muy graves, desde fallecimientos o depresiones familiares a desempleo sobrevenido”, señala su delegado del rector para Estudiantes, Daniel González. El campus ha cuadruplicado las becas propias. El fondo social de la UNED para casos sobrevenidos no ha parado de crecer. En 2001 destinaban 57.000 euros para 226 solicitudes y ahora ya van por 846.000 euros para 3.760 alumnos. “Nos vamos a quedar cortos”, asevera Jarillo.
La del País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones. La ayuda es en metálico, pero no se descarta que tengan que “desarrollar actividades en favor de la universidad”. “La idea no es que ocupen puestos de trabajo. Por ejemplo, pueden orientar a los estudiantes de Erasmus que llegan a la ciudad. O si hay una feria en la que se explica el proyecto educativo de la universidad, pueden echar una mano”, abunda Maite Zelaia, su vicerrectora de estudiantes.
Para septiembre A Coruña ha creado un depósito de 115.000 euros y Málaga de 810.000 euros. Algunas han ampliado los plazos. La de Alcalá de Henares ha optado por el pago fraccionado mes a mes. La matrícula, que ronda los 1.500 euros, se podrá abonar en 10 meses. “Estas medidas son parches para que se ocasione el menor perjuicio posible a los estudiantes”, señala Santiago Fernández, vicerrector de Coordinación y Comunicación de Alcalá de Henares, “pero es el ministerio el que debería potenciar una política de becas adecuada, como ha pedido nuestro rector. No deberían subir más las tasas e incluso en algunos casos, como los másteres de investigación, tendrían que bajarlas”.
Algunas administraciones han decidido crear una dotación extra para situaciones sobrevenidas. La Comunidad Valenciana distribuirá un millón de euros entre los 600 estudiantes que han concurrido a la oferta extraordinaria de becas. Cataluña dispone de seis millones de las Beca Equitat. “Hemos decidido dejar abierta la convocatoria para todo lo que pueda suceder durante el curso”, justifica el secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, quien aplaude la iniciativa de las universidades, pero matiza. “Cualquier ayuda es buena, pero quien cuenta con el grueso del dinero es la administración”. También toman las tiendas municipios como Alameda (Málaga, 5.000 habitantes), el Ayuntamiento destinará 20.000 euros para sufragar las matrículas de los jóvenes del pueblo.
Donde no llegan ni Gobiernos ni universidades, está llegando el ingenio universitario. A finales de mayo, la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid puso en marcha la campaña Matrícula entre todos, que consistía en vender 500 bolígrafos al precio de dos euros para destinarlo a ayudar a los alumnos con problemas económicos. Para finales de este mes, el sindicato de CC OO de la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado un concierto solidario con el que espera recaudar 150.000 euros para dar un balón de oxígeno a estos 377 estudiantes que no han abonado el último plazo de la matrícula.
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