En un escrito que la fiscalía ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid se asegura que los extranjeros contratados para dar clases eran antes tan sólo auxiliares de conversación o, en todo caso, personas que ofrecían apoyo a los profesores de los centros educativos.
La fiscal asegura que existen fundados indicios de que ahora estos profesores "nativos" están dando clases en iguales condiciones que el resto de profesores de la comunidad y que, por lo tanto, han sido contratados "extramuros" de los cauces legales que deben utilizarse para incorporar personal docente en los centros de enseñanza públicos. Es decir, la fiscal cree que la comunidad no ha contratado de manera legal a estos profesores.
Además, considera esencial investigar para saber si se han podido cometer uno o varios delitos de prevaricación de los que UGT responsabiliza de manera directa a la ya expresidenta Aguirre y la consejera Lucía Figar, que goza de aforamiento.
En el escrito de la fiscalía, afirma que es necesario conocer todos los convenios que la comunidad de Madrid ha firmado con la universidad de Washington y una comisión de intercambio entre España y Estados Unidos, así como los informes jurídicos en los que se ha decidido esas firmas para saber si son legales o, incluso, si deberían haberse firmado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario