Quedan 48 horas para que el Consejo de Ministros del viernes dé luz verde al proyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce), poniendo fin a nueve meses de tumultuosa negociación con el sector y las Comunidades Autónomas. Su aprobación llega precedida de la huelga de mañana contra la Lomce -que en Euskadi solo secundarán CC.OO. y UGT-, lo que describe el nivel de aceptación alcanzado por la que está llamada a ser la séptima reforma educativa en 37 años de democracia. Según avanzó ayer en el pleno del Senado el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el texto definitivo tendrá modificaciones respecto al anteproyecto presentado por el Ministerio, pero no desveló cuáles. Por tanto, habrá que esperar al viernes y leer la letra de la Lomce para comprobar en qué se traduce este anuncio.
A preguntas de las senadoras Montserrat Candini (CiU) y Rut Martínez (PNV) sobre el dictamen del Consejo de Estado contra la Lomce y, en particular, sobre las competencias de las CC.AA. en el tratamiento de la lenguas oficiales y el peso de las asignaturas troncales, Wert se limitó a afirmar que el texto incorporará "las observaciones" del Consejo que "mejoran técnicamente" la normativa.
Se trata de una manifestación deliberadamente ambigua, si se tiene en cuenta que el dictamen tiene 185 páginas trufadas de observaciones que rechazan muchas de las reformas, desde la eliminación de Educación para la Ciudadanía a mantener la financiación de los centros que segregan por sexo, pasando por la intención de obligar a las comunidades a pagar un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar solo en castellano. Y lo es aún más cuando el ministro negó en varias ocasiones que el órgano consultivo del Gobierno haya puesto en solfa la constitucionalidad de muchas de las medidas del anteproyecto. En este sentido, el Wert aseguró que el Consejo ofrece "un juicio favorable e incluso aprobativo" al texto de la Lomce en "lo que constituyen los aspectos medulares del anteproyecto". Wert llegó a tildar las recomendaciones del Consejo de "juicios de oportunidad de carácter político", restando validez a la línea crítica que defiende que el dictamen representa una auténtica enmienda a la totalidad del anteproyecto.
El responsable de la cartera de Educación consideró que las observaciones del dictamen tienen un "carácter no fundamental, que en modo alguno ponen en cuestión la constitucionalidad de la norma y que plantean distintas alternativas, distintas soluciones para lo que a juicio del Tribunal Constitucional es una mejorable adaptación de la norma sea al bloque de constitucionalidad o a la legalidad". A renglón seguido señaló que estas cuestiones "serán objeto de tratamiento en la revisión que ya se está realizando en el seno del Ministerio que estarán solucionadas antes de su remisión al Consejo de Ministros".
AVAL A LAS LÍNEAS ROJAS DE LA CAV Durante su intervención, la senadora jeltzale Rut Martínez expresó su "sorpresa" por la "contundencia" de las conclusiones del citado informe. "He de decir que nos ha causado sorpresa porque no nos esperábamos un informe tan negativo a la luz del perfil político de buena parte de los miembros del Consejo de Estado. Y aun así, el informe ha sido unánime", dijo. Martínez señaló: "El informe ha venido a darme la razón cuando yo decía que efectivamente la Lomce invadía competencias autonómicas, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de las lenguas cooficiales". Aseguró que el Consejo se ha pronunciado "contrario al blindaje del castellano", argumentando que es una cuestión que afecta al ámbito de decisión de las CC.AA, a las que corresponde regular la cuestión de las lenguas vehiculares, otra de las cuestiones en las que el Consejo coincide con lo expresado por el Grupo Parlamentario Vasco.
Finalmente, la senadora vasca añadió que no queda claro cuál es la titularidad de los gastos ni el tema del calendario. Cabe recordar que los primeros cálculos del Departamento de Educación apuntan a que la aplicación de la Lomce tendrá una desviación económica del 35%, la diferencia entre el coste de un profesor en la CAV (49.000 euros), en relación a un docente de otras administraciones (36.208 euros).
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