La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que una respuesta dilatoria por parte de la oficina del Defensor del Pueblo no es nunca adecuada, pero aún lo es menos cuando un asunto tiene un calendario muy concreto que se acaba en breve plazo. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo con el cierre de centros públicos que la Consejería de Educación está ejecutando, tema sobre el que la FAPA envío una carta el pasado 8 de abril a la Defensora del Pueblo exponiendo la situación y solicitando una reunión urgente (se adjunta copia) y del que ha recibido dos respuestas. La primera, el pasado 18 de abril para comunicar la recepción de la carta y la apertura de un expediente, sin que ello significara la admisión a trámite de la queja (también se adjunta). La segunda, hoy de forma verbal, en el sentido de que el asunto está en estudio y que el plazo de respuesta inicial a la admisión o no de las quejas está en la actualidad en un mínimo de dos meses desde su recepción. Cabe decir que el plazo expresado es muy superior al que existía en legislaturas pasadas, donde la respuesta a una petición de reunión no se demoraba más de una semana o diez días. En este caso, un plazo de dos meses dará el mismo resultado que no atender la queja, ya que el periodo de admisión del alumnado se habrá terminado.
La FAPA, con independencia de que seguirá demandando la reunión solicitada para ver en qué sentido se pronuncia la oficina del Defensor del Pueblo en este asunto, sopesará en la reunión de su Junta Directiva del próximo sábado la posible puesta en marcha de actuaciones judiciales para defender los derechos de los padres y madres de las Comunidades Educativas directamente afectadas, puesto que considera que se han vulnerado sus derechos.
Es más, incluso con la más que polémica legislación emitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se incumple lo estipulado en el famoso Decreto denominado de libertad de elección de centro, al no respetarse la que realizaron las familias de los centros educativos públicos que se pretende cerrar.
Las Comunidades Educativas afectadas, y todas aquellas organizaciones que les respaldamos, como es el caso de la FAPA, hemos intentado hasta la fecha solucionar el conflicto por cualquier vía de aproximación dialogada, pero no ha servido de nada hasta la fecha y se nos aboca de nuevo al camino judicial.
El engaño que sufren las familias está lleno de: falsas respuestas, dadas incluso por la propia Consejera de Educación; maniobras muy cuestionables desde las Direcciones de Área Territorial; planteamientos inaceptables de algunos Alcaldes que han llegado a solicitar declaraciones juradas de las familias como paso previo y obligado para defender ante la Consejería los derechos de los vecinos de sus municipios; y otras cuestiones que se pondrán en conocimiento de los órganos e instancias oportunas.
Todo ello únicamente puede entenderse desde una óptica: el Gobierno de la Comunidad de Madrid sólo respeta los derechos de las familias que quieren escolarizar a sus hijos e hijas en centros educativos que no sean públicos. Quienes quieren hacerlo en los centros públicos sólo reciben desprecio y trabas. No les valen Decretos ni norma alguna que les ampare, ya que toda la normativa sólo está pensada para garantizar que el negocio privado en la educación crezca y, además, que pueda seleccionar cada vez más a su alumnado.
El cierre de centros educativos públicos es una de las formas que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para socavar el derecho a la educación de los ciudadanos madrileños y, por tanto, enfrentarnos a estas actuaciones es un motivo más, muy importante pero no el único, para luchar contra este tipo de políticas y demostrar, mediante las movilizaciones y la huelga general educativa del próximo 9 de mayo, que no estamos dispuestos a dejar de ser ciudadanos con derechos para pasar a ser clientes de un mercado salvaje e insaciable.
6 de mayo de 2013
Podéis acceder también a estos documentos
Carta enviada el 8 de abril a la oficina del Defensor del Pueblo.
www.fapa.es/index.php?m=
Recibí de la oficina del Defensor del Pueblo, con fecha del 18 de abril.
www.fapa.es/index.php?m=
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