La reforma representa más de lo mismo en esa batalla de despropósitos que los dos grandes partidos españoles vienen librando en el campo educativo
El Gobierno ya ha remitido al Congreso el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La reforma de turno está en marcha. Desde la promulgación de la LOGSE en 1990, cada cambio de color en el gobierno ha suscitado una nueva ley de educación. Sin embargo, los problemas de fondo permanecen inalterables. Si bien nuestro sistema cuenta con una estructura más o menos homologable a la de nuestros vecinos europeos, sus resultados son francamente preocupantes. Alrededor de un 30% de los alumnos no obtiene el graduado al finalizar la ESO (el doble que la media de la Unión Europea) y otro 10% abandona durante la secundaria postobligatoria. En los (discutibles) rankings internacionales nuestras escuelas sólo salen bien paradas en los índices de equidad. Estos mismos resultados, con algunos altibajos, se han venido manteniendo en los últimos 25 años.
Vista la situación cabría preguntarse si no hay motivos para una nueva reforma. Claro que los hay. Pero no para una reforma hecha de este modo. Si estuviéramos en un país un poco más serio los problemas de fondo del sistema educativo se habrían abordado hace tiempo con más responsabilidad y mayor consenso. Lo que la LOMCE propone representa más de lo mismo en esa batalla de despropósitos que los dos grandes partidos españoles vienen librando en el campo educativo. Como le oí decir a un ex ministro la pasada semana, en materia de negociación este país es un secarral.
En educación hoy disponemos de suficiente conocimiento empírico, de muchísimas referencias internacionales y de una larga experiencia en la aplicación de reformas como para poder tomar decisiones mucho más rigurosas y equilibradas. La cuestión del fracaso y del abandono escolar, por ejemplo, no se soluciona con tener o no itinerarios diferenciados en un determinado curso de la ESO o con la promoción de más repeticiones. Es todo mucho más complejo y está bastante estudiado.La LOMCE pretende afrontar las insuficiencias del sistema con nuevas recetas del pasado. Cuando más necesaria es la atención y el respeto a la diversidad, la apertura curricular y el refuerzo de la autonomía de los centros, la nueva ley apuesta por la recentralización y la uniformidad y, en consecuencia, por un mayor intervencionismo en todas las facetas del currículo. Las evaluaciones finales para los alumnos de ESO y Bachillerato nos devuelve a las revalidas del siglo pasado y limitarán en gran medida la innovación educativa.
Detrás de la retórica a favor de la autonomía de los centros, aparece una ley reglamentista que desconfía enormemente de los profesionales de la educación. Lejos del necesario consenso, además, la nueva ley insiste en cuestiones que nada tienen que ver con la calidad educativa: el acoso al proceso de inmersión lingüística en Catalunya, el apoyo a los privilegios de determinados sectores de la privada concertada o la batalla ideológica frente a algunos derechos civiles y libertades.
Nada hace pensar que la LOMCE vaya a resolver más problemas que sus antecesoras. Los dogmatismos ideológicos se suceden con sus batallas estériles. El debate sobre esta ley vuelve a poner de manifiesto posiciones enfrentadas que deberían ser complementarias ¿Acaso no es posible un sistema educativo que contribuya al desarrollo económico del país y proporcione mayor y mejor ocupación a su población, sin renunciar a la formación de ciudadanos cultos que puedan pensar por sí mismos?
Necesitamos, manteniendo la equidad, una mayor potenciación del talento, del mismo modo que la atención a la diversidad y la inclusión educativa deben poderse organizar desde la flexibilidad, en función de cada entorno, y no desde la rigidez burocrática.
También parece evidente la incapacidad del sistema para motivar e incentivar a sus equipos docentes. En plena época de recortes no es tarea fácil, pero seamos honestos, el incremento de recursos en el período anterior a la crisis tampoco contribuyó al progreso de los resultados. La autonomía de los centros docentes y la forma de gobernarlos resulta crucial para la mejora educativa. Autonomía significa capacidad para tomar decisiones y responsabilidad para rendir cuentas. El gobierno de los centros debe contar con una dirección profesionalizada, pero con unas formas de participación que estimulen el liderazgo docente y pongan en valor el conocimiento y la implicación del profesorado. El sistema debe incentivar a los buenos profesionales. Los centros deberían tener una autonomía curricular y organizativa suficiente para hacer frente a sus complejas obligaciones que, por supuesto, incluyen la evaluación de sus alumnos. A cambio el colectivo docente debería aceptar procedimientos de evaluación externa enfocados a la mejora permanente, el compromiso de actualizar a fondo sus competencias profesionales y la participación de otros agentes sociales en la definición de los objetivos de sus centros. Todo ello es posible y necesario en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, pero requiere otro enfoque y otro tipo de reformas ¿Cuándo nos daremos cuenta?
Carles Sigalés es el director de los Estudios de Ciencias de la Educación de la UOC
Vista la situación cabría preguntarse si no hay motivos para una nueva reforma. Claro que los hay. Pero no para una reforma hecha de este modo. Si estuviéramos en un país un poco más serio los problemas de fondo del sistema educativo se habrían abordado hace tiempo con más responsabilidad y mayor consenso. Lo que la LOMCE propone representa más de lo mismo en esa batalla de despropósitos que los dos grandes partidos españoles vienen librando en el campo educativo. Como le oí decir a un ex ministro la pasada semana, en materia de negociación este país es un secarral.
En educación hoy disponemos de suficiente conocimiento empírico, de muchísimas referencias internacionales y de una larga experiencia en la aplicación de reformas como para poder tomar decisiones mucho más rigurosas y equilibradas. La cuestión del fracaso y del abandono escolar, por ejemplo, no se soluciona con tener o no itinerarios diferenciados en un determinado curso de la ESO o con la promoción de más repeticiones. Es todo mucho más complejo y está bastante estudiado.La LOMCE pretende afrontar las insuficiencias del sistema con nuevas recetas del pasado. Cuando más necesaria es la atención y el respeto a la diversidad, la apertura curricular y el refuerzo de la autonomía de los centros, la nueva ley apuesta por la recentralización y la uniformidad y, en consecuencia, por un mayor intervencionismo en todas las facetas del currículo. Las evaluaciones finales para los alumnos de ESO y Bachillerato nos devuelve a las revalidas del siglo pasado y limitarán en gran medida la innovación educativa.
Detrás de la retórica a favor de la autonomía de los centros, aparece una ley reglamentista que desconfía enormemente de los profesionales de la educación. Lejos del necesario consenso, además, la nueva ley insiste en cuestiones que nada tienen que ver con la calidad educativa: el acoso al proceso de inmersión lingüística en Catalunya, el apoyo a los privilegios de determinados sectores de la privada concertada o la batalla ideológica frente a algunos derechos civiles y libertades.
Nada hace pensar que la LOMCE vaya a resolver más problemas que sus antecesoras. Los dogmatismos ideológicos se suceden con sus batallas estériles. El debate sobre esta ley vuelve a poner de manifiesto posiciones enfrentadas que deberían ser complementarias ¿Acaso no es posible un sistema educativo que contribuya al desarrollo económico del país y proporcione mayor y mejor ocupación a su población, sin renunciar a la formación de ciudadanos cultos que puedan pensar por sí mismos?
Necesitamos, manteniendo la equidad, una mayor potenciación del talento, del mismo modo que la atención a la diversidad y la inclusión educativa deben poderse organizar desde la flexibilidad, en función de cada entorno, y no desde la rigidez burocrática.
También parece evidente la incapacidad del sistema para motivar e incentivar a sus equipos docentes. En plena época de recortes no es tarea fácil, pero seamos honestos, el incremento de recursos en el período anterior a la crisis tampoco contribuyó al progreso de los resultados. La autonomía de los centros docentes y la forma de gobernarlos resulta crucial para la mejora educativa. Autonomía significa capacidad para tomar decisiones y responsabilidad para rendir cuentas. El gobierno de los centros debe contar con una dirección profesionalizada, pero con unas formas de participación que estimulen el liderazgo docente y pongan en valor el conocimiento y la implicación del profesorado. El sistema debe incentivar a los buenos profesionales. Los centros deberían tener una autonomía curricular y organizativa suficiente para hacer frente a sus complejas obligaciones que, por supuesto, incluyen la evaluación de sus alumnos. A cambio el colectivo docente debería aceptar procedimientos de evaluación externa enfocados a la mejora permanente, el compromiso de actualizar a fondo sus competencias profesionales y la participación de otros agentes sociales en la definición de los objetivos de sus centros. Todo ello es posible y necesario en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, pero requiere otro enfoque y otro tipo de reformas ¿Cuándo nos daremos cuenta?
Carles Sigalés es el director de los Estudios de Ciencias de la Educación de la UOC
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