El pacto de hierro con los obispos en materia educativa ha obligado al ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, a incurrir gustosamente en los dos pecados que más detestan los vaticanistas: la falsedad y la soberbia. Wert ha mentido al Congreso sobre los plazos de su polémica reforma de la enseñanza obligatoria y ha encajado con soberbio desprecio el dictamen del Consejo de Estado que cuestiona las materias medulares de su proyecto. La comunidad educativa irá a la huelga general el 9 de mayo contra un proyecto que restringe la democracia en los centros y contiene vicios y visos de inconstitucionalidad. También, contra un recorte en Educación que ya supera los 5.000 millones de euros.
Sin el tono altanero y provocador que le es propio –“Queremos españoliza a los alumnos catalanes” o “la fuga de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo” o “no estamos para gastar 4.000 millones de euros en estudiantes que dejan la carrera a medias”–, el ministro Wert ha intentado hacer creer a la oposición parlamentaria que pospondría su proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) al último año de legislatura. En ese sentido remitió un escrito a la diputada socialista por Granada, Elvira Ramón Utrabo, afirmando que no se implantará hasta 2015. Si se trataba de engañar a la oposición, la finta no funcionó porque el portavoz del PSOE en la materia, Mario Bedera, desenmascaró la trampa.
El compromiso con la cúpula de la Iglesia Católica sobre los contenidos y los plazos de la ley es tan fuerte que el ministro ha rechazado de plano la recomendación del Consejo de Estado de que negocie y busque el acuerdo político y social para evitar la sucesión de leyes educativas con cada cambio de gobierno. El Consejo, ya se sabe, es un órgano consultivo en el que estánZapatero, Fernández de la Vega y el mismísimo Rodríguez Ibarra. Y según Wert, si la oposición desea agarrarse a sus recomendaciones sólo tiene que transformarlas en enmiendas. En otras palabras, que el “ministro del tupper”, que suele almorzar en el restaurante Casa Manolo, no está dispuesto a negociar.
Aunque el Consejo de Estado llega afirmar que los cambios educativos que propone no requieren una nueva ley, el ministro y sus aliados del lobby eclesiástico ni siquiera van a renunciar al inconsútil rótulo de la norma que con las palabras “mejora” y “calidad” disfraza la segregación escolar, la elección de alumnos y la reducción efectiva de la enseñanza obligatoria de 16 a 15 años. Someten esas palabras a una prostitución similar a la del término “austeridad”, que siendo positivo y probo, lo utilizan para robar derechos y sustraer recursos públicos para fines inhumanos.
En buena lógica, el dictamen del órgano consultivo del Gobierno debería llevar al Ejecutivo a la “retirada inmediata de la contrarreforma educativa”. Eso es lo que opina el coordinador de Educación de Izquierda Unida (IU), Enrique Díez. Y así lo entienden también las principales formaciones de la oposición. Destaca el dictamen del que ni el Gobierno sabe cuanto cuesta la reforma. Y, sobre todo, reprocha la falta de una asignatura con contenido de formación integral para la adquisición de competencias cívicas y sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, la justicia, la igualdad, la ciudadanía y los derechos civiles.
Tras la supresión de la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que la jerarquía católica celebró como un gran triunfo, el proyecto consagra el predominio clerical al contemplar como optativa a la Religión la materia de Valores Culturales y Sociales, o Valores éticos, de modo que discrimina a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación. Según Díez, “IU entiende que la única solución acorde con nuestro Estado aconfesional pasa por eliminar el adoctrinamiento religioso (o de otra índole) del sistema educativo. Ello implica dejar fuera del currículo escolar la enseñanza confesional de cualquier religión”.
El Consejo de Estado también indica de manera clara y contundente que los centros no deben separar al alumnado por sexos y defiende la educación mixta para promover desde la escuela la igualdad de género. Al mismo tiempo dice que el proyecto “debería contener una justificación objetiva y razonable sobre la educación diferenciada y los motivos y las razones por los que aplicando la excepción a la coeducación se favorece la igualdad de oportunidades”.
“Vista la respuesta del Gobierno –explica Díez–, ahora más que nunca se ve también la necesidad de la huelga general de la enseñanza pública”. La huelga –la segunda en menos de un año– ha sido convocada para el 9 de mayo en todos los niveles educativos, desde la Enseñanza Infantil a la Universidad, por las asociaciones de padres, las organizaciones de alumnos y los sindicatos de profesores (CCOO, STES, FETE-UGT, CGT, CEAPA, el Sindicato de Estudiantes y los Movimientos de Renovación Pedagógicas) agrupados en la Plataforma por la Escuela Pública. Es la respuesta a un proyecto que tachan de “inconstitucional” y a unos recortes económicos que inciden directamente en el empleo de los profesores, en la calidad educativa y el abandono escolar.
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