El dictamen sobre la reforma educativa rechaza que las comunidades con lengua cooficial tengan que pagar una escuela privada si un alumno prefiere clases en castellano
El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el órgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un “acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” para “buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema” —esta es la séptima ley de la democracia— y cambios y matizaciones en asuntos polémicos. como la enseñanza en castellano en comunidades bilingües —son las autonomías las que deben garantizar “una proporción equilibrada” de ambas lenguas—, la Educación para la Ciudadanía —debería ser “obligatoria en algún momento”— y la Religión —se está “discriminando” a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores éticos—.
El texto también discute otro de los aspectos de la ley que más ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo. En una decidida defensa de las bondades de la educación mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público.
El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de allí, al Congreso. Pero sindicatos y oposición ya han calificado de “varapalo” el dictamen de una ley que no estará en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotación económica —es insuficiente para una “reforma estructural de esta envergadura”—.
El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP (con la creación del FP Básica) o la recuperación de las reválidas. En este caso, solicita que esos exámenes externos queden en manos de “funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas”. En cuanto a la reválida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce “un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos”. Asimismo, hace alusiones críticas al programa académico (diseño, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias básicas) y protesta por la falta de participación de la comunidad educativa.
No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP.
En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante.
Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.
El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.
Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".
El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”.
Laberinto judicial [...]
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