El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se mostró convencido ayer de que algunas de las objeciones de las comunidades opuestas a la reforma educativa -entre las que se encuentra Euskadi- podrán ser «convenientemente acomodadas» en la tramitación parlamentaria de la próxima normativa de enseñanza. El responsable popular respondió así en el Senado a la parlamentaria del grupo Entesa María Jesús Sequera, quien le preguntó cómo piensa afrontar la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y su financiación con la oposición de varias autonomías.
La senadora -que representa a la coalición formada por PSC, ICV y EUiA- acusó a Wert de «incapacidad de negociación» y querer «imponer de manera unilateral» la reforma. «La ley Villar Palasí era más moderna y transgresora que la propia Lomce», indicó Sequera en alusión al ministro franquista que impulsó la Ley General de Educación de 1970. En esta línea, opinó que la memoria económica de la futura Lomce es «para troncharse», pues pretende que las autonomías financien «gran parte» de la reforma «sin haber sido consensuada».
El ministro recordó que las competencias educativas del Estado se refieren fundamentalmente a la legislación básica, que obliga a todos los poderes públicos, de tal forma que la ley es igual para todos y hay que cumplirla. No obstante, enfatizó que «ninguna ley educativa ha tenido el grado de debate y reflexión compartida con las comunidades autónomas que ha tenido la Lomce», en referencia a las cinco reuniones de la conferencia sectorial de Educación, cuatro de la comisión general y dos de la conferencia de política universitaria. Para argumentarlo, señaló que el 80 % de las aportaciones del último borrador de la reforma corresponden a las comunidades.
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