SE desconoce si el ministro de Educación, José Ignacio Wert, calibra la mala acogida (cuando no, rechazo) que ha provocado en Euskadi la ley que trata de impulsar desde que llegó a ese Ministerio y con la que pretende una nueva reforma educativa caracterizada por la centralización, por la reorientación ideológica de los contenidos y por la supremacía del castellano sobre las lenguas propias del Estado. La consejera Cristina Uriarte se lo hizo saber en su primera reunión pero ayer fueron los representantes de una veintena de colectivos que trabajan directamente en la enseñanza y que representan a la inmensa mayoría de la comunidad educativa vasca quienes firmaron un manifiesto contra el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Consideran que los objetivos que persigue "no se adaptan a nuestra realidad" y acarreará "graves consecuencias". Es sin duda excepcional que entidades, organizaciones y colectivos tan plurales en su orientación ideológica o religiosa hayan aunado sus esfuerzos para alzarse como una sola voz en contra de los planes de Wert. Y es que, tras el proyecto del Gobierno de Rajoy, no está simplemente la necesidad de implantar un nuevo modelo educativo para mejorar el anterior (la misma tentación por la que han pasado todos los ejecutivos del PSOE y del PP que han desarrollado doce reformas en tres décadas), sino que va mucho más allá. Supone una peligrosa deriva hacia -una vez más- la recentralización del Estado en la medida en la que concede al Gobierno central un buen cúmulo de decisiones que hasta ahora formaban parte de las competencias exclusivas de la CAV, tal como se contempla en el Estatuto. Así, además de calificar el euskera como especialidad en lugar de como materia troncal (lo que ataca directamente al consenso lingüístico que tanto ha costado construir), el proyecto de Wert establece que será el Estado quien fije el 65% de los contenidos educativos a impartir en Euskadi, aspectos que, junto con otros como los nuevos itinerarios o la "practicidad" que se le quiere buscar al aprendizaje, han sublevado también al resto de la comunidad educativa del Estado. El Parlamento Vasco también pidió en enero la retirada de la reforma al considerarla "segregadora y recentralizadora", pero ni esta decisión de la institución que ostenta la voluntad de la ciudadanía vasca parece servirle al ministro para reconsiderar sus planes.
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viernes, 22 de febrero de 2013
No a la practicidad que busca la LOMCE, no a la recentralización, no a la segregación... "No a la ley Wert"
Noticias de Guipuzcoa.com: No a la ley de Wert
SE desconoce si el ministro de Educación, José Ignacio Wert, calibra la mala acogida (cuando no, rechazo) que ha provocado en Euskadi la ley que trata de impulsar desde que llegó a ese Ministerio y con la que pretende una nueva reforma educativa caracterizada por la centralización, por la reorientación ideológica de los contenidos y por la supremacía del castellano sobre las lenguas propias del Estado. La consejera Cristina Uriarte se lo hizo saber en su primera reunión pero ayer fueron los representantes de una veintena de colectivos que trabajan directamente en la enseñanza y que representan a la inmensa mayoría de la comunidad educativa vasca quienes firmaron un manifiesto contra el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Consideran que los objetivos que persigue "no se adaptan a nuestra realidad" y acarreará "graves consecuencias". Es sin duda excepcional que entidades, organizaciones y colectivos tan plurales en su orientación ideológica o religiosa hayan aunado sus esfuerzos para alzarse como una sola voz en contra de los planes de Wert. Y es que, tras el proyecto del Gobierno de Rajoy, no está simplemente la necesidad de implantar un nuevo modelo educativo para mejorar el anterior (la misma tentación por la que han pasado todos los ejecutivos del PSOE y del PP que han desarrollado doce reformas en tres décadas), sino que va mucho más allá. Supone una peligrosa deriva hacia -una vez más- la recentralización del Estado en la medida en la que concede al Gobierno central un buen cúmulo de decisiones que hasta ahora formaban parte de las competencias exclusivas de la CAV, tal como se contempla en el Estatuto. Así, además de calificar el euskera como especialidad en lugar de como materia troncal (lo que ataca directamente al consenso lingüístico que tanto ha costado construir), el proyecto de Wert establece que será el Estado quien fije el 65% de los contenidos educativos a impartir en Euskadi, aspectos que, junto con otros como los nuevos itinerarios o la "practicidad" que se le quiere buscar al aprendizaje, han sublevado también al resto de la comunidad educativa del Estado. El Parlamento Vasco también pidió en enero la retirada de la reforma al considerarla "segregadora y recentralizadora", pero ni esta decisión de la institución que ostenta la voluntad de la ciudadanía vasca parece servirle al ministro para reconsiderar sus planes.
SE desconoce si el ministro de Educación, José Ignacio Wert, calibra la mala acogida (cuando no, rechazo) que ha provocado en Euskadi la ley que trata de impulsar desde que llegó a ese Ministerio y con la que pretende una nueva reforma educativa caracterizada por la centralización, por la reorientación ideológica de los contenidos y por la supremacía del castellano sobre las lenguas propias del Estado. La consejera Cristina Uriarte se lo hizo saber en su primera reunión pero ayer fueron los representantes de una veintena de colectivos que trabajan directamente en la enseñanza y que representan a la inmensa mayoría de la comunidad educativa vasca quienes firmaron un manifiesto contra el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Consideran que los objetivos que persigue "no se adaptan a nuestra realidad" y acarreará "graves consecuencias". Es sin duda excepcional que entidades, organizaciones y colectivos tan plurales en su orientación ideológica o religiosa hayan aunado sus esfuerzos para alzarse como una sola voz en contra de los planes de Wert. Y es que, tras el proyecto del Gobierno de Rajoy, no está simplemente la necesidad de implantar un nuevo modelo educativo para mejorar el anterior (la misma tentación por la que han pasado todos los ejecutivos del PSOE y del PP que han desarrollado doce reformas en tres décadas), sino que va mucho más allá. Supone una peligrosa deriva hacia -una vez más- la recentralización del Estado en la medida en la que concede al Gobierno central un buen cúmulo de decisiones que hasta ahora formaban parte de las competencias exclusivas de la CAV, tal como se contempla en el Estatuto. Así, además de calificar el euskera como especialidad en lugar de como materia troncal (lo que ataca directamente al consenso lingüístico que tanto ha costado construir), el proyecto de Wert establece que será el Estado quien fije el 65% de los contenidos educativos a impartir en Euskadi, aspectos que, junto con otros como los nuevos itinerarios o la "practicidad" que se le quiere buscar al aprendizaje, han sublevado también al resto de la comunidad educativa del Estado. El Parlamento Vasco también pidió en enero la retirada de la reforma al considerarla "segregadora y recentralizadora", pero ni esta decisión de la institución que ostenta la voluntad de la ciudadanía vasca parece servirle al ministro para reconsiderar sus planes.
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