Religión en la escuela pública: el debate (artículo de Valles y cumbres)

En esta entrada intentaremos analizar la postura de los defensores y los detractores de la asignatura de religión en la Educación Pública, exponiendo las razones de unos y otros para acabar dando nuestra opinión al respecto. Comenzamos con los argumentos a favor, haciendo un compendio de varios manifiestos y documentos como los de la propia Conferencia Episcopal,Plataforma Nacional Asignatura de Religión, Foro Desarrollo y Progreso,Asociación HazteOir, www.religionenlaescuela.org e incluso varios artículos deJosé Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y uno de los más activos en defensa de la impartición del área.

• En casi todos los escritos se menciona el artículo 27.3 de la Constitución:"Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
• Los partidarios hacen ver que la clase de religión no es lo mismo que la catequesis: se explica que la escuela no evalúa la fe del alumno ni la aceptación de los principios, sino la adquisición de conocimientos y la comprensión del pensamiento cristiano.
• Otra razón para mantener la enseñanza de la religión es la imposibilidad de comprender la historia, la cultura y la configuración del mundo actual si dicha área no se imparte en las aulas, algo que el alumno solo entenderá si conoce en profundidad los fundamentos de la religión católica.
• Contra la ignorancia religiosa: el hecho creyente debe ser conocido por toda la sociedad, como un contenido cultural básico. Además, con esta formación se evita la aparición del fundamentalismo, las supersticiones o el esoterismo.
• "Diálogo interreligioso": solo se podrán pacificar los conflictos religiosos desde la conciencia de la propia religión, para así poder llegar a los puntos de encuentro que existan entre las creencias enfrentadas.
• La religión contribuye al desarrollo integral del alumno: si se entiende la educación como un proceso que va más allá de la instrucción o transmisión de conocimientos, los valores que desprende la religión católica serán fundamentales para formar personas libres y solidarias.
• Por el derecho a la libertad religiosa y el respeto que merecen los creyentes.
• También se añaden argumentos metafísicos relacionados con la necesidad del ser humano de reflexionar y hallar preguntas a su existencia, como los que expone Munilla: ¿De qué me sirve conocer la evolución del Universo, si nadie me explica por qué y para qué estamos en esta vida? ¿Cabe hablar con optimismo de los avances científicos y de la sociedad del futuro, si no tenemos fundamentada nuestra esperanza en el más allá de la muerte?

En cuanto a los detractores de la impartición de religión en centros públicos de enseñanza, destacan asociaciones y plataformas a nivel nacional como Europa Laica, CEAPA, Redes Cristianas, escuelapublica.info y otras regionales y locales (MEPLG, MSEPA, Córdoba Laica, EHIGE Euskadi...) que argumentan lo siguiente:

• El artículo 27.3 de la Constitución no determina que la formación religiosa tenga que desarrollarse en los centros educativos, y menos aún exige que deba impartirse obligatoriamente en la escuela pública. Además, por la existencia de dicha asignatura en colegios e institutos, en el momento de la matriculación sí se vulneran los artículos 16.2 ("Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias") y 18.1 de la Carta Magna ("Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen").
• La religión es un asunto individual y una opción personal y privada, no se trata de un interés universalmente compartido por toda sociedad; este hecho se refrenda por el artículo 16.3 de la Constitución: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". Al respecto, tener en cuenta las creencias e incluso cooperar con las diferentes confesiones no obliga al Estado mantener el adoctrinamiento de una opción personal a cargo de fondos públicos.
• La enseñanza de la religión provoca la segregación del alumnado, dificulta la integración al acentuarse las diferencias y perjudica a quienes no eligen la opción religiosa, ya que quedan desprovistos de la impartición o refuerzo de otros contenidos prioritarios y fundamentales para su formación académica. El trastorno organizativo originado al añadir dicha asignatura conlleva la pérdida de cientos de horas lectivas del currículo común.
• La organización y los contenidos del área de religión son elaborados por la iglesia, un organismo privado, y no por profesionales públicos de la materia, el Ministerio de Educación, el Consejo Escolar del Estado, la comunidad educativa española o cualquier otro tipo de participación democrática. Además, el acceso para impartir religión está controlado por los diferentes obispados a través de un proceso interno: se contrata en base a requisitos como la fe personal o el estado civil. A tal efecto se recuerda que el procedimiento público garantiza la transparencia y la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.
• Los defensores de la escuela laica manifiestan la paradoja de que la iglesia, una institución privada, tenga tanto poder de decisión en el sistema educativo y salga supuestamente tan beneficiada sin ningún tipo de gasto o contraprestación (algo que no sucede con el resto de confesiones): sus creencias son propagadas mediante el uso gratuito de la infraestructura pública, y el sueldo de sus profesores es pagado con los impuestos de todos los españoles sin que la iglesia deba desembolsar nada.
• Ciertas actitudes tradicionales de la iglesia católica no se corresponden con los valores universales que cualquier sociedad moderna y avanzada debiera compartir, como por ejemplo la tolerancia hacia todas las personas con independencia de sus preferencias sexuales, la igualdad entre hombres y mujeres y sus papeles en la sociedad, o el funcionamiento democrático y participativo que podría exigirse a cualquier organización que colabore o reciba dinero público para su financiación y promoción.
• Por último, los conciertos educativos (subvenciones de dinero público a empresas privadas, mayoritariamente religiosas, para asegurar la escolarización de todos los niños españoles) son consecuencia de unas circunstancias históricas muy concretas acaecidas hace ya 30 años, por tanto susceptibles de revisarse y modernizarse acorde a las necesidades actuales. Igualmente, la histórica influencia de la iglesia católica en la Educación española vendría originada por las directrices impuestas bajo otro sistema de gobierno afortunadamente superado: los acuerdos del Estado con la Santa Sede (en los que se incluye la Educación), datan de finales de la década de los 70 del siglo pasado, pudiendo ser también revisables e incluso derogables si tal extremo se considerase apropiado para el interés general y económico de la sociedad española.

Hasta aquí los argumentos a favor y en contra de la asignatura de religión en las aulas públicas, por parte de unas cuantas voces que hemos creído representativas de cada postura. [...]

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