El proyecto de implantación de la ley de Educación del Gobierno del Partido Popular (LOMCE) contempla en su último borrador la eliminación de la asignatura de Ética y el desplazamiento de la Filosofía a un segundo plano en el plan educativo de Bachillerato. Otras dos asignaturas, Latín y Griego, también ven recortadas su presencia en el programa educativo en la Secundaria. Tal vez sea en el ámbito de las Humanidades donde se aprecia la carga ideológica subyacente en la LOMCE, en su tendencia a infravalorar prácticamente todas sus disciplinas en beneficio de una educación constreñida sin eufemismos para el mercado. «La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país», reza la primera frase del anteproyecto de la LOMCE... En un alarde de extrema sinceridad, acaso de cinismo, afirma el ministro de Educación que la elección de la Religión como asignatura en el proceso educativo «es una opción política». E ideológica también, podemos afirmar. Excluir la asignatura de Ética y «sustituirla» por la Religión significa desenmascarar el poder que ejerce la institución religiosa católica en la España contemporánea destapando su anhelo, viejo ya, de evangelización a través de los poderes públicos en una sociedad regida por una Constitución libre y aconfesional.
Tal decisión está provocando una repulsa de todos los sectores que participan en el proceso educativo vigente, fundada en las raíces profundas de los valores, normas e historia de las cuales participan la Ética y la Filosofía, tanto en la Enseñanza Secundaria como en la Universitaria.
Sólo los hechos deciden de lo que hemos querido hacer, afirmamos sin ambages ni circunloquios. Esta aseveración nos sitúa en la apertura de un conflicto que la historia del pensamiento ha deseado elucidar desde los albores de la historia y que la LOMCE quiere borrar en el articulado de la ley. La ética, la moral y la política han permitido la creación de valores que permitieran la acción en el marco de la familia, la sociedad y la política. Los hechos, de esta suerte, suponen valores adquiridos, valores con los cuales el individuo, la persona, el grupo conviven de un determinado modo, de una forma de ser y, por tanto, un modo de actuar ante sí mismo, ante los demás y ante las instituciones creadas para garantizar el orden o, lo que es lo mismo, la convivencia de las personas en el marco de una cultura determinada.
Sin embargo, tales valores son adquiridos en el proceso de alcanzar el ser humano la categoría de persona. No es posible, pues, que la mera existencia del individuo garantice los valores, las normas. La salud, la libertad de expresión, el derecho a una estabilidad social, el derecho al trabajo, la fortaleza de la razón desplegada en el proceso histórico contribuyen a la estabilidad de la virtud. Estos valores son asumidos y ejercidos por la sociedad en el orden ético, en el orden moral y en el orden político y piden, como supuesto prioritario, una educación libre de la persona. No se nace persona, se llega a serlo, afirmamos también. Pero asimismo afirmamos que la Religión y la Ética no son análogas ni equivalentes, consecuentemente con el razonamiento que emprendimos.
Son justamente estos extremos señalados los que concitan suficientes críticas, normas y leyes enfrentadas según la concepción de los poderes sociales o políticos, laicos o no; según la carga política, religiosa o social que acompañe al proceso de educación de estas últimas décadas. Sin menoscabo de que la Ética conforma filosóficamente al hombre, dándole las herramientas propicias, las ideas, capaces de ejercer un proyecto crítico válido en su cotidiana actividad.
Para garantizar justamente el equilibrio y la libertad, la justicia y las leyes, impedir la desigualdad, el derecho a la vida, etcétera, la comunidad debe pedir, ejercer, y por razón de su necesidad, no la imposición arbitraria de las normas, los valores y las leyes, sino su argumentación, el despliegue histórico de su complejidad, el estudio de las teorías éticas y morales, y ello en el marco de un sistema educativo que garantice los derechos individuales y sociales y el conocimiento de los mismos. En suma, la persona debe ser capaz de discernir, no de modo relativo, sino absoluto, la permanencia de aquellos valores que en su ejercicio contribuyan a la armonía y a la estabilidad tanto del ciudadano como de la sociedad y del Estado. Es lo que con precisión se denomina ejercer el juicio crítico.
Éste es el reto al que se enfrentan aquellos sectores educativos protagonistas de la responsabilidad educativa: al autoritarismo y a la imposición arbitraria de leyes como la que proyecta el actual Gobierno. Y cuando concluimos que son consideradas injustas o discriminatorias afirmamos en consecuencia que no es el utilitarismo, ni el economicismo ni el mercantilismo la base exclusiva de los «valores» de un individuo, de su educación... Y a la vez afirmamos que la idea de justicia no siempre está incluida en la ley y se aplica en consecuencia; de ahí la rebelión ante la injusticia. Porque justamente es al revés: la educación en valores y en el ámbito de la razón libre es justa y es necesaria, porque sin estas premisas el edificio social, moral y ético, filosófico queda expuesto al totalitarismo y a la indefensión de la persona y sus derechos adquiridos.
MARIANO ARIAS (DOCTOR EN FILOSOFÍA)
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