Científicos, médicos y profesores, los mejor valorados también en diciembre

elpais.com: La justicia recupera prestigio

• Los tribunales, vistos como contrapoder por la crisis económica y política

Del desamparo ciudadano por el desprestigio de las instituciones del Estado surge un proceso de búsqueda de contrapoderes que puedan frenar a quienes toman las decisiones más impopulares. Mientras el prestigio del Gobierno, los partidos y los políticos en general sigue cayendo, la justicia ha remontado en su valoración, según el estudio de Metroscopia para EL PAÍS sobre el grado de aprobación ciudadana de instituciones y grupos sociales.

Según los datos de la encuesta, de 37 instituciones o grupos sobre los que se pregunta, los últimos lugares son ocupados por políticos y por instituciones que tienen que ver con la actividad política. Solo compiten en rechazo con la banca, que al igual que ellos es vista como responsable directa de la crisis económica, que este año ha derivado en crisis política e institucional, por sus decisiones y por la gestión previa al derrumbe de la economía española.

Esos datos son totalmente compatibles con un desapego política que resulta evidente en todas las encuestas periódicas. O, al menos, con un rechazo hacia los dos grandes partidos y sus líderes, que monopolizan la mayor parte de la actividad política.

El prestigio de la política sigue bajo mínimos y, en esa situación de pesimismo ante el sistema, los ciudadanos parecen buscar refugio en todo lo que pueda suponer contrapoder de quien decide los recortes o de quien representa la actividad. La justicia, en forma de Tribunal Constitucional, de Tribunal Supremo y de abogados, ha experimentado un repunte en su prestigio ciudadano desde el anterior estudio de Metroscopia, realizado el pasado junio.

La interpretación del dato tiene que ver con el hecho de que los ciudadanos ven ahora la justicia como la última opción para frenar medidas como la reforma laboral, las tasas, el euro por receta o la no revalorización de las pensiones, entre otras. Quien toma esas decisiones cuenta con mayoría absoluta sobrada, en un Parlamento en el que no puede haber consuelo; por eso la justicia es percibida como última esperanza por los españoles. Tampoco pueden encontrar respuesta en Europa, desde donde llegan, precisamente, las indicaciones para esas medidas duras e impopulares.

En coherencia con ese dato, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, vino a confesar el viernes que pone casi toda su apuesta de acción política en manos de los tribunales, como recursos contra la privatización de la gestión de la sanidad pública, por ejemplo. El equipo de juristas que anunció que constituirá en el PSOE vendría a sustituir a los órganos del partido que gestionan y hacen política.

Han sido los jueces y fiscales quienes, muchos meses después de que se agitaran movimientos ciudadanos antidesahucios, han puesto en marcha interpretaciones imaginativas de la ley para paliar los duros efectos de la crisis. El informe de un grupo de jueces, que el Consejo General del Poder Judicial evitó hacer suyo, provocó la reacción de los dos grandes partidos, aunque la reforma legal haya quedado finalmente descolorida. Con resultados diversos, es también el poder judicial el único instrumento contra la corrupción política, que escandaliza aún más en tiempos de crisis.

Las grandes decisiones y el futuro del Estado de bienestar quedan así en manos de los jueces. Y hasta el propio Gobierno, por distintos motivos, fía a los tribunales sus grandes batallas políticas, como la encaminada a frenar el reto soberanista de Artur Mas en Cataluña o la que lleva a controlar las economías de las comunidades para parar el déficit público.

En el contexto de la mejora de la imagen de las profesiones jurídicas figura también el enfrentamiento público de ellas con el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin excepción ni diferencias en función de sus ideologías, todas las asociaciones están en pie de guerra contra el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón. Obviamente, sus propuestas, que según él buscan modernizar la justicia, no pueden tener efecto aún en la mejora de esa imagen. Y no parece haber calado la acusación del ministro cuando dice que quienes protestan contra él lo hacen solo en defensa de su interés particular.

El sector judicial siempre ha sido mal valorado por los ciudadanos porque su presencia en los medios suele estar relacionada con decisiones controvertidas. Además, ha sido visto siempre con un evidente sesgo ideológico conservador. Ahora la noticia es la del citado contrapoder.

En la encuesta de junio, además, se acababa de producir el escándalo que terminó con la dimisión de Carlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Antes había alcanzado su apogeo el caso Garzón, que agitó la Administración de Justicia.

El listado del prestigio social lo siguen encabezando los grupos altruistas o protectores, como los científicos, los médicos y los profesores, entre otros. Todos ellos son, precisamente, los que más están sufriendo los efectos de los recortes y las políticas de privatizaciones.

En el caso de los médicos, son también protagonistas de las movilizaciones y protestas contra medidas del Gobierno. Según la encuesta, no les afecta negativamente esa posición crítica o la realización de huelgas que terminan por complicar la vida de los ciudadanos.
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Respecto a la encuesta del pasado mes de junio, el gran descenso en valoración lo sufre la policía. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Desde la fecha de realización del anterior estudio, ha habido controversia pública respecto a la actuación de la policía en manifestaciones o actos de protesta como los del 25-S y sus posteriores secuelas, y también se ha discutido su función en lo que respecta a la investigación de supuestos casos de corrupción.

En la anterior legislatura fue el PP, que estaba en la oposición, con el actual responsable de la policía Ignacio Cosidó como punta de lanza en el Congreso, el que criticaba y polemizaba sobre el uso político de las Fuerzas de Seguridad. El llamado caso Faisán daba munición entonces al PP. Ahora, en el Gobierno, este partido ha olvidado lo que consideraba un gran escándalo, pero sobre el actual Ejecutivo cae la sombra de sospecha del uso de aparatos policiales para realizar borradores de informes mezclando datos antiguos y otros nuevos que no están respaldados por una sola prueba. En ese ir y venir, el prestigio de la policía sale muy dolorido.
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