El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha vuelto a retrasar hoy el debate con las comunidades sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ante la crítica de varios consejeros que han denunciado que la convocatoria de Conferencia Sectorial no se había realizado siguiendo el reglamento establecido para ello. Además, el nuevo borrador propuesto por el Ministerio sólo ha contentado a los titulares de Educación de las regiones gobernadas por el PP, mientras sigue cosechando las críticas de Catalunya, Euskadi y Andalucía.
En el caso de Catalunya, la titular del ramo, Irene Rigau, abandonó la sesión ante la imposibilidad de "negociar lo innegociable". Rigau explicó que no podía debatir sobre otras cuestiones del texto hasta que no se retire la disposición adicional que obliga a las administraciones autonómicas a pagar la educación privada de aquellos alumnos que deseen ser escolarizados con el castellano como lengua vehicular."No es que rompamos el diálogo, es queno ha habido diálogo", sentenció.
Su homóloga en Andalucía, Mar Moreno, lamentó que Wert se haya "casado, por la Iglesia, sólo con las comunidades del PP, con el pasado, con la Conferencia Episcopal y con el mercado y la escuela privada, mientras está desoyendo y se está divorciando, cada día más, de la comunidad educativa". "Es muy triste que no quieran consensuar esta reforma que va a causar mucho daño no ya a las Comunidades, sino a los alumnos, que quedarán abocados a un doble sistema: el de las autopistas con peajes de pago y el de las carreteras secundarias que ya veremos a dónde nos llevan", aventuró la consejera.
La forma empleada por el Ministerio para reunir a los consejeros autonómicos fue especialmente criticada por dichas autonomías, que han asegurado que no se ha cumplido el reglamento para convocar la Conferencia Sectorial ya que no han recibido la documentación necesaria a tiempo. "No podíamos permitir que con 24 horas de antelación nos llegara la documentación que ocultaba grandes cambios para el debate sobre la ley de reforma educativa", señaló Moreno.
La viceconsejera vasca en funciones, Marian Ozcáriz, también manifestó que se produjo un "defecto de forma" en la convocatoria porque no se cumplía el plazo mínimo de 10 días necesarios para que los consejeros estudien el texto [ver pdf] antes de acudir a la reunión con el ministro. De hecho, el nuevo borrador -al que los consejeros tuvieron acceso ayer- es distinto del que habían analizado hasta el pasado viernes.
El ministro se defendió alegando que la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, se había reunido con anterioridad con todos los consejeros autonómicos, por lo que su departamento "no consideró conveniente" enviar el texto con anterioridad. Además, dijo, "es un proceso prelegislativo abierto a modificaciones que se van incorporando a medida que se reciben y se van valorando las aportaciones de las Comunidades", añadió. No obstante, incluso los titulares de Galicia y Baleares, según explicó Lucía Figar a la salida de la reunión, en los pasillos del Ministerio de Educación, también solicitaron más tiempo a Wert para analizar el nuevo texto. La nueva Conferencia Sectorial está prevista para el próximo 19 de diciembre.
Con respecto a la polémica surgida con las lenguas cooficiales, Wert aseguró que el Ministerio "no está invadiendo las competencias educativas de Catalunya" y negó "rotundamente" que se vaya a cambiar el modelo educativo de la comunidad. "No es cierto que haya ningún elemento en la reforma que minusvalore la importancia ni curricular ni de cualquier otro tipo del catalán", insistió Wert.
La disposición adicional trigésimo novena del nuevo anteproyecto de ley estipula que "las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de amgas lenguas por los alumnos". Asimismo, dicho artículo añade que "los padres o tutores tendrán derecho a escoger lalengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos" y que "cuando no exista oferta docente pública o concertada en la lengua elegida en la localidad de residencia de los alumnos", se podrá optar a la escolarización en la privada "correspondiendo a la administración sufragar los gastos".
Wert criticó duramente el rechazo rotundo de la consellera catalana sobre esta cuestión e incluso insinuó que su reacción se debe "a un designio político". "Es muy llamativo que ponga objeciones sobre haber recibido tarde la documentación y haya anunciado ya que la recurrirá ante el Constitucional", opinó. El ministro también insistió en que "no se cambia el régimen lingüístico catalán", aseguró que la norma sólo se basa en "la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional" y dejó entrever que dicha disposición alude sólo a Catalunya. "En otras comunidades con lengua cooficial [Euskadi, Galicia] tienen un sistema de bilingüismo integrado y, por tanto, esta prescripción de la normativa no supone ningún cambio para ellos", especificó.
Veneración en el PP
Pese a la polémica surgida hace un mes en el seno del propio Partido Popular, cuyos consejeros estaban molestos con la reforma de Wert, según avanzó el diario El Confidencial, en esta ocasión, el ministro consiguió calmar los ánimos de sus compañeros de partido. De hecho, sólo las comunidades gobernadas por el PP aplaudieron la decisión Wert, valorando que haya dejado unos días más de plazo para analizar el anteproyecto de ley, así como las nuevas reformas planteadas en el borrador actual.
Incluso la consellera valenciana, María José Català, que entró a la reunión con la intención de exigir que la Lengua y Literaturas valencianas formaran parte de las reválidas de ESO y Bachillerato, salió agradecida del encuentro. "[Wert] siempre ha tenido una actitud receptiva ante el diálogo y estamos muy satisfechos de que recoja las propuestas de las Comunidades como la relativa a la recuperación del Bachillerato artístico", explicó.
"Hoy hemos incorporado un elemento nuevo respecto al que existía cierta ambigüedad y es la inclusión de las lenguas cooficiales en las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato: son las Comunidades las que se van a responsabilizar de la evaluación en esa competencia y se hará en todos los efectos y con el mismo rango que la lengua castellana", aclaró Wert en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial.
"Se han introducido mejoras sustanciales con respecto a las pruebas y evaluaciones que exigen el esfuerzo de los estudiantes y la excelencia y se han reforzado las materias instrumentales, que era una de las necesidades del sistema", declaró la consejera madrileña, Lucía Figar.
Marcial Marín, titular de Educación en Castilla-La Mancha también manifestó estar "muy satisfecho" con el nuevo texto que "ha mejorado bastante" con respecto al planteado hace un mes. "Se da más autonomía a los centros, más opciones al Estado y a las Comunidades, se apuesta por las nuevas tecnologías y se da libertad a las familias para elegir la educación de sus hijos", especificó el consejero, que quitó importancia al error cometido por el Ministerio al convocar la Conferencia Sectorial. "La prórroga se debe a que todos tenemos que intentar alcanzar el máximo consenso posible para reformar la ley actual, que sólo nos ha llevado a tener el doble de fracaso escolar que el resto de la Unión Europea", defendió.
El portavoz de Baleares, por su parte, zanjó la polémica reconociendo que "hay puntos que deben matizarse" en el nuevo borrador de la LOMCE para "regular un marco lingüístico común en condiciones de igualdad y de garantías de éxito". "No obstante, no tenemos que focalizar la Ley Orgánica en circunsancias sólo lingüísticas", defendió. Por ello, valoró el resto de la reforma y aseguró estar "muy satisfecho con el esqueleto, la estructura y el desarrollo del texto".
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Texto del nuevo borrador del Anteproyecto de la Ley Wert (LOMCE)
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