Wert recupera la alternativa a Religión, prolonga los conciertos educativos y permitirá pagar con fondos públicos la escolarización en centros privados de los alumnos que quieran recibir educación en castellano
La Cadena Ser ha tenido acceso al nuevo borrador de reforma educativa que el ministerio presentará mañana a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación. El nuevo texto confirma un giro ideológico hacia las tesis más conservadoras del Partido Popular y supone una clara cesión del ministerio hacia las comunidades del PP que habían cuestionado la reforma.
El texto recupera el esquema de la LOCE, la ley de Calidad impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 2002, a la hora de rescatar una alternativa para la asignatura de Religión, una reivindicación clave de la Conferencia Episcopal para evitar la fuga de alumnos en esta materia. El borrador señala que entre las asignaturas específicas los alumnos de primaria deberán cursar o bien Religión o bien Valores Culturales y Sociales, a elección de los padres o tutores. En el caso de secundaria la alternativa será entre Religión y Valores Eticos. En el marco actual la religión es una materia de oferta obligatoria por parte de los centros y voluntaria para el alumno, pero sin obligación de cursar alternativa académica evaluable.
En cuanto a la escuela concertada se atiende otra reivindicación histórica del sector al ampliar en dos años la duración mínima del concierto educativo en primaria. En la actualidad esa duración mínima era de cuatro años y ahora pasará a ser de seis años.
En el nuevo borrador además no aparece ni rastro de Educación Cívica y Constitucional, la remozada Educación para la Ciudadanía, dentro del listado de materias de secundaria. La única referencia al respecto es para señalar que esos contenidos tendrán un carácter transversal en distintas materias. Fuentes del Ministerio no han confirmado si eso supone en la práctica la total desaparición de la materia diseñada por el PSOE y que el PP modificó para despojarla de los "contenidos adoctrinadores" proponiendo un cambio de nombre por el de Educación Cívica y Constitucional.
Vuelve la polémica del "españolizar" a los alumnos catalanes
El texto recupera otra cuestión que sin duda resucitará la polémica con las comunidades con lengua cooficial. Y es que el ministerio de José Ignacio Wert quiere "blindar" la enseñanza del castellano estableciendo hasta cuatro condiciones para que los alumnos cuyos padres así lo deseen puedan ser escolarizados en esa lengua. Educación quiere que "esas lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de modo que se garantice el dominio de ambas por parte de los alumnos".
Mientras se pone en marcha ese nuevo diseño, que choca diametralmente con el actual modelo en Cataluña, Educación permitirá que los padres que no encuentren en su lugar de residencia un centro público y concertado donde se garantice a sus hijos la enseñanza en castellano, puedan escolarizarlos en centros privados correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización. Es decir, se da luz verde a pagar una enseñanza privada con fondos públicos.
publico.es: Wert obligará a las regiones a pagar un centro privado cuando no haya una oferta docente en castellano
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Las administraciones tendrán que sufragar la escolarización si los alumnos no encuentran un colegio público que imparta las clases en la lengua vehicular que elijan los padres o tutores, según el borrador de la Lomce que Wert presentará mañana
Las comunidades con lengua cooficial tendrán que pagar la escolarización en centros privados cuando no haya oferta docente pública o concertada "razonable" para los alumnos cuyos padres deseen que sean escolarizados en castellano.
Así consta en el borrador de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentará mañana a los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial.
Entre otros aspectos novedosos, la propuesta indica que los alumnos deberán elegir entre religión confesional y la alternativa Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria, y desaparece la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, que iba a sustituir a Educación para la Ciudadanía.
Además, las materias troncales supondrán no menos del 50% del total de los horarios tanto en primaria como en secundaria obligatoria y bachillerato. El borrador asegura que las administraciones educativas "garantizarán" el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en la lengua oficial del Estado. En las comunidades con lengua cooficial, la lengua castellana y su literatura tendrán el tratamiento necesario para que todos los alumnos la comprendan y se expresen en ella con corrección.
Las administraciones adoptaran las medidas oportunas para que la lengua "no constituya obstáculo" para hacer efectivo el derecho de los alumnos a recibir conocimientos, ni sea fuente de"discriminación en el ejercicio del derecho a la educación". En esas comunidades, las autoridades garantizarán en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en "proporciones equilibradas en el número de horas lectivas".
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elpais.com: Wert blinda la enseñanza en castellano- Si no hay reparto “razonable” entre idiomas, las autonomías deberán pagar un centro privado
- “Desde 1978 el catalán no había estado tan menospreciado”, dice la consejera catalana
- Se recupera la asignatura alternativa a Religión y desparece completamente Ciudadanía
- El Gobierno abre un nuevo frente autónomico con la reforma educativa
- El Supremo rechaza que se priorice el catalán con los alumnos extranjeros
Las comunidades gobernadas por el PP calificaron de tibia hace poco más de un mes la reforma educativa que inicialmente presentó el ministro José Ignacio Wert, así que este ha dado perfecto acuse de recibo con el nuevo texto que presentará mañana a las comunidades autónomas. Este gira hacia los postulados escolares más ideológicamente definitorios de su partido: hace guiños de apoyo a la enseñanza concertada, recupera la asignatura alternativa a la de Religión confesional (petición permanente de los obispos) y abre la posibilidad de aumentar más los contenidos mínimos que fija el Gobierno central.
Además, obliga a las comunidades con lengua cooficial a garantizar "en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Si no lo hacen, dice el nuevo borrador de la reforma escolar, al que ha tenido acceso este periódico, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de “escoger la lengua vehicular” y, si no hay oferta de la que los padres quieren en la escuela pública o en la concertada de su localidad, los Gobiernos autonómicos deberán “sufragar los gastos de escolarización” en “centros privados”.
Es decir, la norma admite que una comunidad dé “un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Pero, si lo hace, debe ofrecer las alternativas arriba mencionadas, aunque en ningún caso establece concreción alguna sobre los elásticos términos de “proporciones equilibradas” o “proporción razonable”.
Sin nombrarla, esta normativa apunta directamente a Cataluña, cuya escuela tiene como lengua vehicular el catalán y sobre cuyo modelo pesan varias sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano sea también lengua vehicular. En el resto de autonomías con idioma cooficial, la política de distintos modelos entre los que los padres elegían se está abriendo paso con fuerza desde hace algunos años el modelo del multilingüismo, con horas repartidas entre los idiomas cooficiales y otros extranjeros.
Desde Cataluña, la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, ha calificado la reforma de “ofensiva contra el catalán” y ha asegurado que la nueva normativa educativa supone un golpe en la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística catalán. “Desde 1978 el catalán no había estado tan menospreciado”, ha aseverado Rigau, apesadumbrada, en una comparecencia ante los medios de comunicación. La consejera ha criticado especialmente que las lenguas cooficiales pasen a tener la clasificación de “especialidad”, cosa que relega el catalán a un lugar “residual”, informa Ivanna Vallespín.
La nueva normativa que impulsa el Gobierno, según Rigau, también “rompe el modelo de escuela catalana”, por lo que ha rechazado el hecho de que las administraciones deban costear la escolarización en castellano en colegios privados. “A lo mejor se piensan [el Gobierno] que todos los colegios privados dan clases en castellano”, ha ironizado la consejera en funciones, quien ha dejado entrever la idea de que ello fomentará la segregación de los estudiantes. “Nosotros hemos optado siempre por no separar nunca los alumnos por razón de lengua, esto ha sido la fortaleza de nuestro sistema”, ha remachado.
Rigau también ha afeado al Gobierno del PP que tuviera esta propuesta “escondida” hasta después de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre. La consejera ha asegurado que no conocían las intenciones del ministro Wert hasta este lunes a mediodía, cuando han recibido el texto de la normativa que se debatirá este martes en el marco de la Conferencia de Educación.
Así, lejos de enterrar el hacha de una polémica que ha ido creciendo en los últimos meses —Wert llegó a hablar de "españolizar" a los alumnos catalanes— esta parece que se va a recrudecer.
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Además, obliga a las comunidades con lengua cooficial a garantizar "en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Si no lo hacen, dice el nuevo borrador de la reforma escolar, al que ha tenido acceso este periódico, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de “escoger la lengua vehicular” y, si no hay oferta de la que los padres quieren en la escuela pública o en la concertada de su localidad, los Gobiernos autonómicos deberán “sufragar los gastos de escolarización” en “centros privados”.
Es decir, la norma admite que una comunidad dé “un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Pero, si lo hace, debe ofrecer las alternativas arriba mencionadas, aunque en ningún caso establece concreción alguna sobre los elásticos términos de “proporciones equilibradas” o “proporción razonable”.
Sin nombrarla, esta normativa apunta directamente a Cataluña, cuya escuela tiene como lengua vehicular el catalán y sobre cuyo modelo pesan varias sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano sea también lengua vehicular. En el resto de autonomías con idioma cooficial, la política de distintos modelos entre los que los padres elegían se está abriendo paso con fuerza desde hace algunos años el modelo del multilingüismo, con horas repartidas entre los idiomas cooficiales y otros extranjeros.
Desde Cataluña, la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, ha calificado la reforma de “ofensiva contra el catalán” y ha asegurado que la nueva normativa educativa supone un golpe en la línea de flotación del modelo de inmersión lingüística catalán. “Desde 1978 el catalán no había estado tan menospreciado”, ha aseverado Rigau, apesadumbrada, en una comparecencia ante los medios de comunicación. La consejera ha criticado especialmente que las lenguas cooficiales pasen a tener la clasificación de “especialidad”, cosa que relega el catalán a un lugar “residual”, informa Ivanna Vallespín.
La nueva normativa que impulsa el Gobierno, según Rigau, también “rompe el modelo de escuela catalana”, por lo que ha rechazado el hecho de que las administraciones deban costear la escolarización en castellano en colegios privados. “A lo mejor se piensan [el Gobierno] que todos los colegios privados dan clases en castellano”, ha ironizado la consejera en funciones, quien ha dejado entrever la idea de que ello fomentará la segregación de los estudiantes. “Nosotros hemos optado siempre por no separar nunca los alumnos por razón de lengua, esto ha sido la fortaleza de nuestro sistema”, ha remachado.
Rigau también ha afeado al Gobierno del PP que tuviera esta propuesta “escondida” hasta después de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre. La consejera ha asegurado que no conocían las intenciones del ministro Wert hasta este lunes a mediodía, cuando han recibido el texto de la normativa que se debatirá este martes en el marco de la Conferencia de Educación.
Así, lejos de enterrar el hacha de una polémica que ha ido creciendo en los últimos meses —Wert llegó a hablar de "españolizar" a los alumnos catalanes— esta parece que se va a recrudecer.
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