El párrafo 2 del artículo 27 de la Constitución española señala que "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". El primer párrafo del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, presidido por José Ignacio Wert, define la educación como "el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país...". No es difícil concluir que la ley de Wert invierte el fundamento que sustenta la calidad educativa al identificarla con la competitividad y no con la formación integral del alumnado, como establece la propia Constitución. Ello supone la implantación de un nuevo modelo educativo en el que la educación se convierte en un mecanismo segregador puesto al servicio de las necesidades del mercado laboral. En este contexto, los estudiantes dejan de ser concebidos como personas, ciudadanos y futuros trabajadores para convertirse, exclusivamente, en futura mano de obra y el profesorado pierde capacidad para realizar tareas formativas, en función de su derecho a la libertad de cátedra, para ceñirse a unos programas con clara finalidad selectiva.
Veamos. El anteproyecto de Wert utiliza tres vías para la temprana segregación del alumnado: en primer lugar, implanta los llamados "programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento", destinados al alumnado con dificultades de 2º y 3º de la ESO, con contenidos devaluados que, a buen seguro, harán muy difícil la incorporación del mismo a 4º de la ESO y superar posteriormente la reválida para obtener el título de ESO; en segundo lugar, crea un nuevo ciclo de formación profesional (FP), la Formación Profesional Básica, a la que el alumnado podrá acceder con 15 años y que no dará opción a obtener el Graduado en ESO, lo que implica la marginación social de este alumnado y su exclusión del sistema a los 16 años; en tercer lugar, establece en 4º de la ESO itinerarios diferenciados para FP y Bachillerato, a través de asignaturas optativas, que desembocan en titulaciones diferentes, lo que hace que la FP de grado medio quede claramente devaluada al derivar a la población escolar con mayores dificultades hacia ella o hacia el mercado laboral.
La implantación por el anteproyecto de Wert de cuatro exámenes de reválida al término de cada etapa educativa (3º y 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato), aplicadas y calificadas por especialistas ajenos al centro, introduce en el proceso educativo una serie de obstáculos que abren o cierran al alumnado la posibilidad de seguir estudiando y obtener el título correspondiente o, bien, lo marcan, como en Primaria, para el resto de la escolaridad.
Por otra parte obliga al profesorado a orientar su docencia en función de las pruebas, desatendiendo el carácter formativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este sistema, además, permite ofrecer una clasificación de centros según sus resultados, dividiéndolos en categorías, con el fin de que padres y madres puedan elegir el centro que más ventajas competitivas les ofrezca para sus hijos. Estos rankings de centros, contemplados en el anteproyecto de Wert, de los que depende la dotación económica de los mismos, suponen, simple y llanamente, la introducción del sistema de la libre empresa en la enseñanza pública. La supresión del examen de selectividad al final del Bachillerato permite a las universidades realizar sus propias pruebas de acceso, con las disfunciones y desigualdades a que esto puede dar lugar.
En definitiva, la "contrarreforma" de Wert no está diseñada para combatir, como el ministro argumenta, el fracaso escolar. Más bien, el fracaso escolar es el pretexto para implantar un modelo educativo de corte neoliberal, es decir, mercantilista, segregador y antidemocrático, que junto a los recortes ya realizados sólo puede acarrear una más que sensible pérdida de la calidad educativa.
Publicado en diarioinformacion.com
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