publico.es: Rajoy facilita el despido colectivo de empleados públicos
Hoy entra en vigor una norma que rebaja al 5% el descenso en las transferencias que permitirá reducir plantilla en la Administración
El Gobierno ha abierto la puerta de forma definitiva al despido de empleados públicos. A partir de este miércoles, las administraciones podrán despedir a personal laboral con indemnizaciones de 20 días por año trabajado –tal y como ocurre en la empresa privada desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP– si las transferencias que reciben caen un 5% en un año o un 7% durante dos ejercicios.
A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) .
El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos. Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores. También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias. El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
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¡¿Casualmente?!, unos días antes (el 24 de octubre), el INE publicaba en su Nota de prensa "Encuesta de Estructura Salarial 2010" que «El salario anual en el sector público fue un 30,8% más alto que el salario medio».
Estos días corre por Internet y algunos medios de comunicación la noticia (aquí un ejemplo) de que los empleados públicos cobran de media un 30 % más que el resto de trabajadores. Si aspiras a obtener un puesto de trabajo en el sector público, no te hagas ilusiones: se trata de un bulo con el que se pretende atacar (de nuevo) a los funcionarios, haciéndole creer al resto de la población que cobran demasiado.
La noticia se ha extraído de una nota de prensa publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que trata sobre la estructura salarial de España en 2010. En ella se afirma que aquel año “el salario anual en el sector público fue un 30,8 más alto que el salario medio”.
Ahora estamos en 2012 y el sueldo de los empleados públicos ha sufrido congelaciones, rebajas y la retirada de pagas extra, así que es bastante distorsionador equiparar la situación de entonces con la de ahora.
Pero es que, además, en la letra pequeña del estudio se explica que en sus datos “no se incluyen los funcionarios adscritos a las mutualidades”. Actualmente hay un total de 2.683.370 empleados públicos de los cuales 1.638.175 tienen la condición de funcionario. De ellos, alrededor de un millón, casi dos tercios, pertenecen a una mutua en lugar de a la Seguridad Social. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudio, sencillamente, no tiene en cuenta el sueldo de la mayoría de los funcionarios. Sus datos solamente están basados en lo que cobra el personal laboral y -atención- cargos como los de libre designación y los políticos.
Se trata, por lo tanto, de otra cortina de humo que trata de cuestionar el sueldo de los funcionarios públicos. Lo lamentable es que proviene de un organismo oficial como es el INE, que hasta la fecha nunca había ofrecido datos agregados de ese modo ni había ofrecido titulares tan tendenciosos. Se intuye una campaña para justificar futuras bajadas de sueldo y derechos laborales.
Esto no significa que en realidad el sueldo medio de los funcionarios sea mayor o menor que el del resto de trabajadores. De momento no conocemos ningún estudio serio y objetivo que lo haya reflejado. Sí que es conocido que hay sectores como el de los maestros en los que los salarios suelen ser mayores que en el sector privado. Pero también hay bastantes otros sectores, como el de los médicos o muchos puestos del grupo A, en los que los salarios públicos suelen ser menores que los privados a cambio, eso sí, de una mayor estabilidad laboral y la satisfacción inherente a cumplir un servicio público.
Lo interesante hubiera sido considerar empleado público exclusivamente a toda persona que accede a un cargo en la administración pública a través de un proceso de selección objetivo basado en el mérito y la igualdad de oportunidades, dejando aparte a los cargos electos y a los elegidos a dedo, que deberían englobarse en la categoría de políticos. Y ofrecer datos comparativos en función del nivel de estudios, ya que no es lo mismo estar en posesión del graduado escolar que ser ingeniero o poseer una licenciatura.
Ahora mismo nos hallamos en medio de una fuerte campaña de presión y propaganda para justificar los recortes en el sector público y este no es otro que un episodio más. Si alguien te saca el dichoso estudio para criticar el salario de los empleados públicos, no dudes en cuestionarlo.
Tienes más información en este enlace.
Primero aprobaron la Reforma laboral,
pero, como yo no trabajaba en la empresa privada,
no me importó.
Después aprobaron el despido colectivo de los Empleados Públicos,
pero, como yo había aprobado la oposición y ¡tenía plaza!,
no me importó.
Ahora l@s funcionari@s están en primera línea.
¿Sigue sin importarte?
¡Movilízate!
Cuando aprueben el despido de los Funcionarios, será demasiado tarde.
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