Muchos de los consejeros de Educación del PP estaban molestos porque no pudieron participar en las primeras redacciones de la ley de reforma educativa que propone el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Así se lo hicieron saber la semana pasada en la sede madrileña del partido, en la calle Génova, en una tensa reunión en la que, según distintas fuentes, también le echaron en cara problemas técnicos (quién va a organizar y a pagar los exámenes externos y reválidas al final de cada etapa) y, sobre todo, la ausencia en la reforma de algunos puntos de los que el PP ha hecho bandera, como el apoyo a la enseñanza concertada enunciado como “libertad de elección de centro”.
Con ese precedente, Wert se reunió este lunes con los consejeros (los del PP y los demás) para explicarles oficialmente el proyecto. “El borrador es mejorable”, dijo el consejero de Educación de Castilla-La Mancha Marcial Marín, junto a la mayoría de responsables del área de las comunidades donde gobierna su partido, el PP, tras más de cuatro horas de encuentro. Por eso, en nombre de todos agradeció que Wert haya alargado un mes la negociación con las autonomías sobre ese cambio legal de “mejorable” redacción.
Jesús Vázquez, el responsable gallego, negó que haya malestar alguno, y lo mismo había hecho por la mañana la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pero además había adelantado esa idea de prolongar debates. “Todavía hay un plazo y mucho tiempo para presentar propuestas”, predijo.
La negociación, sin duda, se presenta difícil, pues mientras por un lado la oposición y multitud de expertos acusan a la futura norma de“revanchista e ideológica” —rechazan el adelanto de los itinerarios que conducen a una parte de los alumnos a la FP y las reválidas en ESO y bachillerato—, por el otro, dentro del partido muchos la tildan de tibia:fuentes del PP explican que Wert habló en la reunión de Génova de concesiones en el texto hacia el PSOE como la de no eliminar del todo Educación para la Ciudadanía.
Tras la conferencia sectorial de este lunes entre el ministro y las comunidades (las del PP y las demás), Wert no dejó claro si va a aceptar alguna de las propuestas que llevaron los consejeros autonómicos, pero en Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana dan por hecho que se aceptará su idea para favorecer la creación de centros concertados, según fuentes de la negociación.
Se trata de dar “cobertura legal” a la cesión de suelo público para construir colegios concertados cuando haya demanda por parte de las familias. Un modelo que Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid ha impulsado en los últimos diez años y, que el Gobierno de Alberto Fabra, en la Generalitat Valenciana, está a punto de estrenar con la publicación de los pliegos de concesiones de suelo a empresas privadas y fondos de inversión durante 75 años, a cambio de un módico canon. La mayoría de las comunidades gobernadas por el PP reclamaron de alguna u otra manera que la reforma recoja la libertad de elección de centro de los padres.
Un concepto que siempre ha abanderado el PP. “Garantizaremos la libertad de elección impulsando una educación pública de calidad y una educación de iniciativa social cuya autonomía debe ser respetada”, decía el programa electoral con el que ganaron las últimas elecciones generales de 2011. No llegaron al punto de incluir en él lo que habían puesto en 2010 en el documento elaborado por el partido durante el frustrado debate para un pacto educativo impulsado por el anterior ministro Ángel Gabilondo (PSOE). Entonces, pedían obligar por ley a las administraciones a subvencionar a todo colegio privado que lo pidiera, cumpliera los mínimos de calidad y contara con suficiente demanda, es decir, suficientes alumnos dispuestos a asistir.
Wert dijo que todas las comunidades del PP y Navarra apoyan las líneas generales de la reforma. No así, los representantes socialistas —Isabel Celaá, consejera aún en funciones de País Vasco; Mar Moreno, de Andalucía; Ana González, de Asturias, y José Miguel Pérez, vicepresidente además de un Gobierno que comparte con Coalición Canaria— que pidieron directamente al ministro que retirara el anteproyecto, entre otras cosas, por segregador, mercantilista y por invadir las competencias autonómicas. Contra esto mismo se revuelve también la consejera catalana, Irene Rigau, que insinuó la posibilidad de recurrir la norma, si no cambia, ante el Constitucional. “Invade competencias y destila recentralización”, dijo. La norma resta la parte del currículo que establecen las comunidades e impone exámenes de reválida iguales para toda España.
Wert dijo que su reforma no pretende “recentralizar”, sino “clarificar” el papel del Estado y comunidades. En todo caso, aseguró que, aunque no está dispuestos a renunciar a los objetivos de la ley (mejorar los resultados y acabar con abandonado educativo temprano), sí está “dispuesto a negociar cómo alcanzarlos”. Sobre la mesa de negociación estará acabar con el derecho a la huelga de los estudiantes; quién y cómo diseña las reválidas y quién las paga; la profesionalización de los equipos directivos; las pasarelas entre la nueva FP básica, y la FP de grado medio y de grado superior; o que esa FP para chavales de 15 años dé posibilidad de obtener el título de ESO.
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