El pulso que mantiene el Gobierno central con las universidades públicas sube de intensidad y llega hasta los tribunales. El departamento de Cristóbal Montoro, encargado de velar por la austeridad presupuestaria, ha ordenado a la Abogacía del Estado que recurra las convocatorias de acceso a plazas del cuerpo docente de 15 universidades. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entiende que se ha superado la tasa de reposición vigente, que obliga a que solo se cubran 10 de cada 100 bajas que se generen en la enseñanza.
El recorrido jurídico de los recursos del departamento de Montoro es una incógnita. En el caso de las 15 universidades afectadas la vía sería la del contencioso-administrativo y tendrá que ser un tribunal el que decida en cada caso si aplica la suspensión cautelar de las convocatorias.
“Cuando se resolviera el recurso, si fuera en contra de las universidades, técnicamente el catedrático perdería su condición pero conservaría su plaza de profesor titular de Universidad. No se quedaría en el paro, volvería al cuerpo al que pertenecía antes de presentarse a la oposición”, explica el rector de Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, sobre las repercusiones de este conflicto.
El precedente más reciente es el de las oposiciones de secundaria de Andalucía, que Hacienda paralizó al presentar un recurso en abril. El ministerio también entendía que la oferta andaluza superaba la tasa de reposición de bajas fijada. Y la Junta argumentaba que su oferta había sido aprobada con anterioridad a los decretos que reducían la cobertura de vacantes. La vía elegida por Hacienda en el caso andaluz fue la del Tribunal Constitucional, donde presentó un “conflicto positivo de competencias”, una figura reservada para las disputas entre el Estado y las comunidades. El Constitucional decidió el 13 de septiembre suspender cautelarmente las oposiciones andaluzas hasta que se pronuncie sobre el fondo del conflicto.
La relación entre los máximos responsables de la Universidad y el Ejecutivo de Mariano Rajoy arrancó con muy mal pie. Los rectores llegaron a plantar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Consejo de Universidades de mayo. Mostraron así su desacuerdo con la decisión de Wert de no incluir en el orden del día de aquel encuentro el debate sobre el decreto ley de recortes aprobado en abril. Los claustros de muchas de las instituciones, donde están representados todos los sectores de la enseñanza superior, han ido aprobando desde entonces declaraciones de rechazo a los ajustes del Gobierno, como la subida de las tasas o las restricciones en las becas.
Los estudiantes también han protestado contra el Ejecutivo. En la Universidad de Sevilla, por ejemplo, los alumnos paralizaron toda la actividad docente durante los últimos 15 días del curso pasado. “Es una reivindicación justa”, dijo entonces el rector de esta institución, Antonio Ramírez de Arellano, sobre la protesta estudiantil. El rector de la Complutense, Santiago Carrillo, también se ha mostrado partidario de las movilizaciones contra los ajustes.
Y, precisamente, son los recortes que intenta imponer el Gobierno central los que han provocado un nuevo encontronazo, en este caso, con el departamento de Montoro. El enfrentamiento se remonta al mes de julio, cuando, a través de un burofax, el Ministerio de Hacienda conminó a varias universidades a que retiraran las ofertas de empleo que habían sido publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado. “Si transcurrido un mes desde la recepción de este requerimiento no se hubiera obtenido contestación, se entenderá rechazado, momento en el que este órgano directivo solicitará a la Abogacía del Estado la interposición del correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, se señalaba en el escrito enviado a las academias afectadas. Ese plazo se ha cumplido y Hacienda intentará frenar estos concursos en los tribunales.
“Es una intromisión del Gobierno en la autonomía universitaria”, opina el vicerrector de Planificación Docente y Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José Antonio Sánchez Medina. A ellos también les llegó un burofax en verano en el que se les pedía que dejaran en suspenso 19 plazas publicadas en el BOE, que habían sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de dicha universidad en febrero.
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