El nombramiento a dedo del director y del equipo directivo, y el intento de modificar la oferta educativa actual del centro, ocurridos al inicio de curso en este instituto de Madrid, son paradigmáticos tanto del modelo de centros que propugna el PP como de la gestión educativa que lleva a cabo la consejera Figar que, en la línea de su mentora Aguirre, va un paso por delante de las directrices del Ministerio. Estamos ante el intento de establecer un modelo autoritario sin contar con el respaldo legal, que todavía no se ha modificado, aunque estén en ello.
El modelo de centros: la participación. En la LODE –y se mantiene en la LOGSE- la organización y el funcionamiento de los centros se basa en la participación de los sectores de la comunidad educativa. Participación en el proyecto educativo, en las normas de funcionamiento, en el proyecto de presupuesto, en la programación anual pedagógica y de actividades, en la admisión de alumnos, en el control y fomento de la convivencia. Quizás el signo más importante y visible de esta participación es la elección del director por el Consejo escolar y entre profesores del centro. Pero este modelo participativo no concuerda con la ideología del PP y en la LOCE (23 de diciembre de 2002) introduce el cambio fundamental para el control de la selección de directores: serán elegidos por una comisión compuesta por la administración en un 70 % de representantes y por el consejo escolar en el 30 %; pueden ser elegidos profesores ajenos al centro. Al mismo tiempo, se eliminan algunas competencias del consejo escolar como la aprobación de la Programación General Anual y la decisión en la admisión de alumnos.
En la LOE (2006) se recuperan las competencias del consejo escolar para aprobar los proyectos, la Programación General Anual y la decisión en la admisión de alumnos. En cuanto a la elección de director, establece un proceso en el que “participen la comunidad educativa y la Administración educativa”, por ese orden, teniendo el consejo escolar, al menos, el 60 % de representantes, y se realizará en el centro. Las candidaturas de profesores del centro tendrán preferencia. La crisis de candidaturas en estos años hace que se flexibilicen algunos criterios, pero manteniendo lo esencial.
La gestión de los centros por Figar. Hay que recordar que Aguirre y Rajoy fueron ministros de Educación de 1996 al 2000 y no hicieron nada, salvo lo de los reyes visigodos de Aguirre y los currículos ad hoc. Bien es cierto que no tenía el PP mayoría absoluta, pero tampoco tenía capacidad para negociar con otros grupos (PNV o CIU) puesto que éstos habían apoyado la LOGSE. Se aprueba la LOCE en diciembre de 2002 y Aguirre, con su consejero Luis Peral, que gobiernan desde eltamayazo a finales de 2003, publican el Decreto 63/2004, de 15 de abril, de selección de directores, que se aplicará ya en la convocatoria de ese año. El proceso se hace fuera de los centros y por comisiones de tres representantes de la administración (en la mayoría de los casos asesores y cargos de confianza) y dos del centro. En esta convocatoria destacó lo ocurrido en la Zona Este de la Comunidad de Madrid (ver comunicado de la Asociación de Directores) al ser rechazados una docena de candidatos, calificados con 0-1 puntos por los representantes de la administración y con una actuación que indicaba la línea a seguir, el control de los directores. ¿Po r qué ocurrió en esta zona? Por la fidelidad y seguidismo de la Directora Territorial, Mª José García Patrón, protegida y después aupada a Directora General de Enseñanza Secundaria por Aguirre. Con esta actuación posibilitó el nombramiento de directores con profesores de otros centros, incluso suspendidos y aunque no se hubieran presentado a determinados centros. Iban creando una red de fieles.
Nombrar a dedo directores lo siguen haciendo al no sacar las plazas o impedir, p.e. en 2009, a directores en ejercicio presentarse, como ocurrió con los procedentes de los centros propios, no transferidos, de la Comunidad de Madrid. Por esta actuación ya se han ganado a la Administración, no a Figar, la responsable, dos juicios en el Tribunal contencioso-administrativo de Madrid.
El IES Beatriz Galindo, situado en la calle de Goya, número 10, esquina con la de Claudio Coello, ocupa desde 1940 lo que fue el palacete de los Condes de Villapadierna – de finales del XIX- y que en 1944 fue objeto expropiación forzosa por el Ministerio de Educación Nacional. Es uno de los pocos institutos creados tras la guerra civil y lo fue en el barrio de Salamanca. Ahí estuvieron de profesores, entre otros muchos, el poeta Gerardo Diego y el historiador Antonio Domínguez Ortiz.
[Es importante ver los datos siguientes para entender el contexto histórico y social del instituto. Muy cerca estaban colegios religiosos elitistas y entre ellos el colegio de El Pilar, cantera de cuatro ministros actuales, entre ellos Wert. Entre 1940 y 1950, el número de alumnos matriculados en los institutos baja de 53.702 a 35.749; en el curso 1960-61, en el Bachillerato (los que no lo hacían, habían dejado la escuela a los 11 años), la enseñanza no estatal – la privada y la llamada enseñanza libre, también privada- escolarizaba al 82,7 %, y en 1969-70 seguía escolarizando al 67,8 %. En este curso se plantea la Ley General de Educación, que ya entonces abominó de las reválidas, que ahora quiere reponer Wert]
Por su situación, comunicación, amplio salón de actos, espíritu de acogida y servicio público ha sido, también en estos dos últimos cursos, el lugar de asambleas de profesores, de padres, de alumnos, de directores, de otros colectivos y de cientos de actividades.
El caso del IES Beatriz Galindo. Este es uno de los más llamativos y explica cómo burlan la legalidad. Ante la jubilación del director, avisada con antelación suficiente, la Consejería no saca la plaza al proceso de selección establecido y propone nombrar, a partir de julio pasado, a un profesor del centro que cuente con el consenso del claustro, del consejo escolar y avalado por el inspector. Se prepara un equipo que dé continuidad al centro. Pero los últimos días de junio se presenta en el centro el que dice que va a ser el nuevo director, Carlos Romero Aires, director en ese momento del IES Marqués de Suanzes y ahora nombrado a dedo y cambiado de centro. Así se confirma y se produce la burla a la legalidad, pese a las gestiones realizadas desde diferentes ámbitos, pero todas apuntan a las más altas instancias de la Consejería.
Este nuevo director llega al Beatriz Galindo con las ideas de que el centro está en la calle Goya, una de las zonas más caras de Madrid, y tiene que ser un centro de excelencia; no puede tener esas enseñanzas de ciclos, de adultos y de preparación para ciclos que traen alumnos de aluvión, por su excelente comunicación; hay que modernizarlo. Toma las primeras medidas él solo, sin claustro, sin consejo escolar, sin padres: suprimir las enseñanzas vespertinas y algunas de FP; suspender la matrícula de los alumnos repetidores y con pendientes; quitar la decoración histórica de cuadros y grabados; y arreglarse el despacho. Quiere quitar el éxito del actual Beatriz Galindo, escolarizar a 2.650 alumnos, y eliminar a unos 800, actuando con el papanatismo de esos parlantes de la excelencia y de la calidad, de la selección y de los clientes, sin que haya ningún contenido detrás. Todo esto, claro está, con el consentimiento de la Dirección Territorial de Madrid Capital; pero tienen que dar marcha atrás por estar otra vez rozando la prevaricación al impedir a determinados alumnos matricularse. Intentan trasladar las enseñanzas de menor nivel de titulación otros centros, pero les resulta imposible; son incapacer de organizar el curso.
Toda esta actuación se hace sin contar con los órganos colegiados del centro, como han reclamado los profesores en una carta. Este director, gran aficionado al catamarán, todavía no ha celebrado un claustro –y lo debía haber hecho según la ley-, ni su equipo figura en la web del centro. La participación estorba, como le estorbaba en el centro anterior donde pensó conseguir la transparencia poniendo cristaleras en las aulas y muros de pavés, pero impidiendo la participación real en el funcionamiento del centro.
La doble red pública. Esta es la conclusión de la actuación de la Consejería: crear una doble red en los centros públicos: los de excelencia y los de batalla, como hizo Thatcher en Inglaterra. A la par, se trata de adaptar o burlar la legislación para nombrar a dedo a los directores, a los equipos, a determinados profesores e incluso establecer condiciones especiales de acceso al alumnado. Veamos algunos ejemplos:
- La designación de los institutos tecnológicos y de los institutos de especialidades deportivas sin un proceso público de información y selección.
- La contratación de profesores nativos de inglés sin cumplir los requisitos establecidos para el resto de funcionarios docentes.
- La supresión, en este curso, de las comisiones de servicio a los miembros de los equipos directivos sin justificación. Al mismo tiempo, al director del Beatriz Galindo lo nombran a dedo y dan la comisión de servicio a los miembros de su equipo, que ya estaban en comisión de servicio en el instituto Marqués de Suanzes.
- La designación del Jefe de Estudios del Marqués de Suanzes, en comisión de servicio, como director y la concesión de comisiones de servicio, incluido un familiar en primer grado del director.
- Nombramientos que hacen por 4 años, evitando así el proceso normal de selección.
- La utilización de direcciones vacantes para nombrar a los afines políticos, como acaba de suceder en el IES Pio Baroja con Francisco Javier Aparicio Sánchez, del equipo del cesado Gisbert en la Comunidad y en el MECD, y cesado también él. Al parecer, no tiene titulación para impartir clases en un centro de FP, requisito necesario para ser nombrado director.
- Seguir una política arbitraria en la concesión de las comisiones de servicio al no cumplir los criterios fijados para ello. Así, mantiene la comisión de servicio, sin destino, desde hace más de tres cursos, al profesor de Secundaria José Mª de la Riva Ámez, consejero, imputado, de Caja Madrid a propuesta del PSOE – aunque ahora se ha dado de baja en el partido-, que ha cobrado el año pasado 222.000 € de Caja Madrid, además del sueldo completo de profesor todos estos años y disponer de un préstamo personal de 1.006.000 €.
La gestión pública del IES Beatriz Galindo, de otros centros o de otros casos raya en la prevaricación al burlar el cumplimiento de la legalidad y obligar a los afectados a someterse al proceso de judicialización: recursos de alzada –siempre desestimados- y reclamación por la vía contecioso-administrativa. Ya han salido algunas sentencias, favorables a los profesores, por la imposición de las 20 horas el curso pasado. Y los profesores seguirán ganando los recursos, a los que obliga la gestión de la consejera, que no se rige por esos principios que incluyeron en la LOCE y en la orden de selección de directores:igualdad, publicidad, mérito y capacidad; y no arbitrariedad, deber de todo cargo público.
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