El 15-S, también Marea Verde ante un curso caótico (Agustín Moreno)

El curso escolar 2012-2013 arranca en peores condiciones que ningún otro en muchos años. Con recortes sobre los recortes y con la perspectiva de una contrarreforma legal anunciada por el ministro Wert para segregar, privatizar y desmantelar la educación pública. Pero veamos los principales factores que lo caracterizan a partir del impacto del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, que recorta 3.000 millones de euros en educación. Algo que unido a los más de 3.000 millones de euros recortados desde 2010, hacen  que estemos hablando de un billón menos de las antiguas pesetas en inversión educativa. Es un curso:

• Con menos profesores y con más alumnos. Aumenta el alumnado hasta superar los 8 millones, con un retorno a las aulas de jóvenes afectados por la altísima tasa de paro juvenil. Pero habrá mucho menos profesorado, como consecuencia del aumento de la jornada lectiva en todo el Estado, la elevación de la ratio de alumnos por aula hasta un 20% y la desaparición de programas de atención a la diversidad. En base a la experiencia de la Comunidad de Madrid, del curso pasado, la reducción de las plantillas va a ser del orden de un 10%. Esto significa un mínimo del orden de los 50.000 profesores menos, al extender el Ministerio de Educación los recortes del curso pasado a toda España y a los sectores de Infantil, Primaria y Universidad. Los sindicatos llegan a hablar de una reducción de hasta 100.000 empleos, pero es difícil saberlo ahora por no conocerse con precisión cómo van a quedar las ratios en todos los centros y comunidades autónomas.

• Con más tasas y con más gastos. Se disparan las tasas de las escuelas infantiles y en las escuelas de idiomas, y se triplican las de los ciclos de formación profesional. Se incrementan el precio de los máster y las matrículas universitarias entre un mínimo de 500 euros para las primeras y hasta 5.000-6.000 euros para las repeticiones. Los gastos en material escolar sufren un gran incremento por la subida del IVA del 4 al 21%.

• Con menos becas para comedores escolares, transporte o para libros cada vez más caros. Son medidas de gran repercusión social en un contexto de alta tasa de paro y de empobrecimiento generalizado de la población. Pueden significar en ocasiones la subalimentación de sectores de la población infantil, que a veces la única comida seria que reciben es la de la escuela. La guerra de los ‘tupper’ pone de manifiesto la inquietud que ha despertado. Muchas de estas medidas pueden forzar un retroceso social en los avances de las mujeres, para que abandonen sus trabajos y vuelvan a quedarse en casa al cuidado de sus hijos.

• Con más desorganización que nunca en la organización de los centros. Caos que no se sabe si es deliberado o por ineptitud. Juntas de evaluación donde faltaban los tutores y profesores porque se tenían que presentar en otros centros,  reuniones a la carrera de los claustros y de los departamentos para repartir los horarios, grupos y asignaturas, sin estar los grupos de alumnado configurados y sin que estuviera todo el profesorado nombrado. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid han enviado a los institutos públicos bilingües a profesores anglosajones contratados ilegalmente y saltándose el sistema de acceso a la función pública; ha habido  un millar de funcionarios en expectativa  que han estado sin nombrar hasta bien avanzado septiembre; se han hecho públicas las listas de interinos de las oposiciones convocadas con gran retraso y un día antes de los actos públicos; muchos de ellos se han  encontrado con los horarios ya hechos cuando se incorporan a sus destinos, lo que suele crear tensiones entre los compañeros durante todo el curso.

Y todo ello para empezar el curso de forma virtual, para que vayan a los actos inaugurales las autoridades, como si fuera verdad que empezaran las clases en las fechas oficialmente fijadas. Lo cierto es que tutores y profesores reciben a los alumnos en grupos provisionales y con horarios provisionales y se dedican a entretener al alumnado hasta que se puede empezar de verdad, que suele ser una semana más tarde de la fecha que dictan las autoridades, desconociendo la realidad de los centros. El profesorado se dedica, como diría Salinger, a vigilar todo el tiempo a los niños, para evitar que se caigan por el precipicio, de guardianes entre el centeno, como metáfora de la concepción que tiene el gobierno del PP de la función del profesorado, algo que se extiende al cuidado de los comedores infantiles.

Pero las agresiones a la educación pública no les van a salir gratis a sus responsables. Van a provocar procesos de movilización inexorables, tanto de carácter sectorial como general. La primera gran movilización de este comienzo de curso va a ser la Marcha a Madrid del 15 de Septiembre para rechazar los recortes sociales, el empobrecimiento de la sociedad y la expropiación de lo público. La comunidad educativa (profesorado, familias y alumnado)  participará con su columna propia desde el Ministerio de Educación hasta la plaza de Colón y teñirá de verde las calles de Madrid como ha hecho otras veces.

También lo hará en la dinámica posterior de exigencia (y, en su caso, de organización) de un referéndum donde los ciudadanos españoles se puedan pronunciar sobre la estafa electoral que la política y los recortes aplicados por el gobierno del Partido Popular suponen en relación al programa con el que concurrieron en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Si hay negativa del gobierno al referéndum y no hay cambio de política económica y  social se impondrá un horizonte de huelga general este otoño. Si, además, entrásemos en el escenario del rescate la tensión social podría llegar a ser muy alta.

Sectorialmente, en alguna comunidad autónoma como Madrid ya hay convocada huelga de profesores, aunque de más que dudoso seguimiento por su carácter indefinido, no ser unitaria y no contar con el apoyo de las familias. Parece más adecuado el camino de la convocatoria este otoño de grandes manifestaciones y huelgas generales en la enseñanza en toda España, que incluyan al alumnado y a la universidad, o de forma coordinada con todo el sector público.

El Gobierno tiene la obligación de cuidar la educación pública. Si no lo hace demostrará, además de miopía estratégica y desprecio a sus empleados públicos, que solo hay una cosa peor que ser un gobierno neoliberal: ser un gobierno neoliberal incompetente capaz de cargarse la educación como un bien público. Por eso, en todo caso, la comunidad educativa tiene que ser capaz de unir protesta y profesionalidad para defender en la calle y trabajar en los centros por la calidad de la educación aún en tiempos de recortes.

Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.

Publicado en cuartopoder.es