Al inicio de un nuevo curso académico, la política universitaria dictada por el Gobierno Rajoy se resume en dos actuaciones de carácter normativo, Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y Real Decreto 1000/2012 de 29 de junio, que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías y régimen de las becas y ayudas al estudio universitario.
Estas dos iniciativas comparten varios rasgos. En la forma, ambas se han tomado unilateralmente desde el ministerio, ignorando la cultura del diálogo y consenso con los diferentes agentes intervinientes en el devenir universitario: comunidades autónomas, universidades, estudiantes y sindicatos. En sus contenidos, los decretos alegan como principal causa explicativa mejorar la eficiencia en el gasto público universitario. En nuestra opinión, la aplicación de los mismos, además de generar confusión, incertidumbre y desmotivación en el personal docente e investigador, favorece una mayor exclusión de los estudiantes pertenecientes a familias de reducido poder adquisitivo en el sistema universitario público. Además, como también veremos, parece que la obsesión por “meter en cintura” a los becarios ignora posibles medidas de ahorro de mayor calado para el gasto público universitario, de haberse impulsado políticas de progreso y permanencia para “todos” los estudiantes universitarios.
Objetivemos el problema con datos académicos y económicos antes de continuar con la exposición de conclusiones. El sistema universitario público presencial contabiliza en sus aulas más del 75% y del 90% de los estudiantes universitarios de grado y de los becarios del Ministerio de Educación. España destina a la financiación de becas y ayudas el 0,08 % del PIB frente al 0,24% del PIB de media en los países de la OCDE, que deben ser referencia para la política universitaria de España. El rendimiento académico de los universitarios becados mejora en un 35% al que registran los universitarios no becados, acortando en dos años el tiempo medio empleado para la obtención de la graduación que se sitúa en 5,20 años para los becados y 7,14 años para los no becados. Finalmente, señalar que la financiación pública media por estudiante universitario en las universidades públicas presenciales en el año 2008 era de 6.004 euros y siendo de 980 euros el precio medio de la matricula de los estudios universitarios a pagar por el alumno en cada año académico (El País, 25/05/2012). Este ultimo dato muestra cómo cualquier estudiante que cursa sus enseñanzas en los centros universitarios públicos dispone (independiente de su nivel de renta) de una subvención general del 86% del gasto corriente medio en el que incurre por año de estudio.
La normativa vigente a partir de este próximo curso académico 2012/2013 exige a los estudiantes universitarios becados un rendimiento académico que difiere notablemente al alza del que vienen obteniendo los estudiantes universitarios no becados, tanto para acceder como para permanecer como becarios en las enseñanzas elegidas, endureciendo aún más esa exigencia a partir del curso académico 2013/2014. Resultan particularmente penalizadores los criterios aplicables a los estudiantes que cuentan con beca-salario, hasta el punto de que no resulta exagerado cuestionarse el futuro de una ayuda que viene concediéndose desde el año 2009 y que afecta sólo al 2,27% del total de estudiantes matriculados en el curso 2010/11.
La aplicación de los criterios académicos del RD 1000/2012 a la situación académica que en el curso 2011/2012 registran varias universidades públicas presenciales, una de perfil generalista (Universidad de Jaén) y otra de perfil especializado (Universidad Politécnica de Valencia) y su extrapolación al conjunto de las universidades públicas puede resultar de utilidad para intuir los efectos previsibles en ellas. La realización de este ejercicio, y los datos expuestos, nos permiten extraer las siguientes conclusiones:
1. La revisión al alza de la calificación de acceso a las enseñanzas universitarias de 5 a 5,5 puntos y a 6,5 puntos en los cursos académicos 2012/13 y 2013/14, respectivamente, para poder obtener la condición de becario, determinaría que el 6,75% de los estudiantes becados perderían dicha condición, siendo este porcentaje diferente por ramas y estudios en función de la puntuación media de las notas que los alumnos vienen presentando para seleccionar y formalizar su correspondiente matricula.
2.La revisión al alza de los rendimientos académicos exigibles a los estudiantes becados según la rama a los que estos pertenezcan ocasionaría una perdida de la condición de becario del 17,3% y 32,7 % con los criterios académicos aplicables en los años 2012/13 y 2013/14, respectivamente. Estos porcentajes, resultan especialmente preocupantes para las ingenierías donde los créditos académicos aprobados para mantener el derecho a la beca pasarán del actual 60% al 65% y al 85%, en los cursos 2012/13 y 2013/14 respectivamente, lo que implica una exigencia de mejora del rendimiento académico del 41,6% en sólo dos cursos para poder permanecer con la condición de becario.1. La revisión al alza de la calificación de acceso a las enseñanzas universitarias de 5 a 5,5 puntos y a 6,5 puntos en los cursos académicos 2012/13 y 2013/14, respectivamente, para poder obtener la condición de becario, determinaría que el 6,75% de los estudiantes becados perderían dicha condición, siendo este porcentaje diferente por ramas y estudios en función de la puntuación media de las notas que los alumnos vienen presentando para seleccionar y formalizar su correspondiente matricula.
3. En términos de gasto público universitario los criterios académicos del RD determinarían un ahorro de 140 y 264 millones de euros sobre un total de 786 millones de euros que ha sido el crédito presupuestario contraído en el año 2010 para atender a los becarios de enseñanzas de grado matriculados en centros propios de las universidades públicas presenciales españolas. Estos cálculos desmienten al ministerio cuando afirma que estas medidas no afectarán al esfuerzo financiero público para con las becas universitarias dado que se mantiene la dotación presupuestaria inicial del ejercicio anterior, aunque resulta evidente que se producirá necesariamente una reducción del gasto efectivo liquidado por este concepto. Señalar también que, si bien es probable que los estudiantes que deseen conservar su condición de becarios aumenten sus esfuerzos para evitar la perdida de las ayudas, también es previsible que el establecimiento del reintegro de las ayudas cuando el becario no hay superado el 50% de los créditos académicos matriculados podrá desincentivar la demandas de becas por el temor a no alcanzar el objetivo académico que le obligaría a devolver los importes percibidos.
4. Finalmente, observar que con los criterios académicos vigentes hasta la fecha, la mayoría de los estudiantes universitarios becados no han recibido de la sociedad española ayudas económicas significativamente superiores a las que han recibido cualquier estudiante universitario no becado que obtenga la graduación en un centro universitario público, con independencia de cual sea su capacidad económica y su rendimiento académico. La confirmación de esta aseveración se obtiene tras realizar una sencilla operación de cálculo que resulta de cuantificar el gasto público (subvención) que requiere de media un estudiante universitario no becado para alcanzar la graduación, 42.848 euros, y el importe agregado (subvención + beca) que reciben los estudiantes universitarios becados hasta su graduación, que de media es de 47.392 euros. Así, el esfuerzo adicional de gasto público neto que recibe un estudiante becado a lo largo de sus estudios universitarios, respecto a uno no becado es slo de 4.524 euros, tan solo un 10,6% de esfuerzo público mayor por estudiante para favorecer la igualdad de oportunidades entre los que disponen de mayor y menor niveles de renta.
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