Las últimas sentencias del TS reabren el debate sobre la segregación en las escuelas concertadas

27/08/2012 - J.H./M.O.

Las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a la Junta de Andalucía y al anterior Gobierno de Cantabria al negarse a suscribir sendos conciertos educativos con dos centros escolares que segregan al alumnado por razones de sexo han reabierto el debate en torno a la enseñanza diferenciada y a la conveniencia o no de que este modelo reciba subvenciones por parte de las administraciones públicas en España. De este modo, mientras algunas entidades y sindicatos, como Comisiones Obreras, celebran la decisión adoptada por el TS y defienden la educación mixta como “un valor democrático que se debe potenciar”, otras organizaciones, como las federaciones de enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía y de Galicia advierten de que estos fallos judiciales pueden ocasionar “consecuencias muy negativas” sobre el personal que trabaja en los colegios que aplican dicho sistema. Según FE-CCOO, que asegura que la educación diferenciada se basa en un fórmula “propia del franquismo y no de una sociedad avanzada”, el criterio del sexo como motivo de no discriminación para el acceso a las escuelas, recogido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación, “suponía la incompatibilidad con la concesión de conciertos a los centros que sí segregaban por esta razón”. Por ello, el sindicato ha aplaudido la decisión del Supremo, al igual que la Confederación Intersindical Galega, que ya ha solicitado a la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de esta comunidad que rescinda los acuerdos con este tipo de colegios, pues la LOE contempla, con respecto a la admisión de alumnos, que en ningún caso habrá discriminación por cuestiones de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La CIG-Ensino ha reprobado que se destine dinero público a “reforzar un ideario pedagógico reaccionario” y ha demandado a la Xunta que anule de manera inmediata los conciertos y designe esas cuantías a la enseñanza pública. El departamento autonómico de Educación, sin embargo, ha recalcado que existe una sentencia que avala la concesión de tales subvenciones, en virtud de los acuerdos que fueron firmados por el Gobierno bipartito. En una posición diametralmente opuesta se sitúa la Federación de Enseñanza de USO Andalucía, que considera que los colegios que dejen de recibir fondos de la administración podrían verse abocados al cierre, lo que se traduciría en la pérdida del empleo de los miembros de su plantilla, o a cambiar la modalidad de los centros, lo que supondría importantes modificaciones en las condiciones laborales de sus trabajadores. Por estas medidas también se verían afectadas “las familias que han elegido libremente ese modelo educativo” y que ahora “tendrían que sufragarlo por sus propios medios, por lo que pagarían doblemente por la educación de sus hijos”. Así lo ha indicado el secretario general del citado sindicato, Joaquín Aráuz, quien destacó que estas escuelas “no discriminan ni segregan”, sino que “tratan de aprovechar las diferencias naturales entre niños y niñas para sacar a cada uno de ellos el máximo rendimiento escolar”.  En este punto, el sindicalista se refirió a la “amplísima bibliografía científica que avala las ventajas de la educación diferenciada en determinadas etapas madurativas”, un sistema que aplican “muchos países del entorno cultural de España sin más controversia porque da resultados efectivos para el mejor aprovechamiento de determinados grupos de población escolar”. Adaptar los procesos de aprendizaje Esta misma opinión es compartida por la Confederación Católica de Padres de Alumnos, cuyos responsables sostienen que este modelo de enseñanza “no es sexista”, sino que intenta “adaptar los procesos de aprendizaje a los periodos madurativos y de desarrollo del alumnado”, y recuerdan que se trata de una metodología pedagógica “aceptada en todos los países desarrollados”, entre ellos, Estados Unidos, donde la administración oferta puestos escolares en colegios públicos de coeducación y de educación diferenciada. CONCAPA también ha explicado que los conciertos sirven para financiar la gratuidad de las plazas “como impone el artículo 27 de la Constitución”, y, por consiguiente, se trata de “un derecho de la familia a la gratuidad de la enseñanza y no una subvención” a la escuela. En este sentido, la entidad defiende que el derecho a elegir la educación de los hijos no sólo abarca la selección del centro, “sino también de la metodología pedagógica”. No lo ven así los representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que ya han instado a las comunidades a que cumplan las sentencias del Tribunal Supremo y retiren los conciertos con los colegios privados que “discriminan al alumnado por razón de sexo”, al tiempo que han pedido al ministro del ramo, José Ignacio Wert, que “cumpla y haga cumplir la ley” en todas las escuelas, y, por tanto, “obligue” a las autonomías a dejar de financiar centros “sexistas”. CEAPA asegura que “la educación diferenciada no es ningún modelo innovador como señalan sus promotores; en todo caso, es una vuelta al pasado. La solución contra el fracaso escolar no reside en separar a niños y niñas, sino en otras medidas de innovación”. Por su parte, la secretaria de Educación y Universidad de las Juventudes Socialistas de Andalucía, Mamen González, ha manifestado que “una sociedad igualitaria debe empezar por los centros educativos, por una enseñanza conjunta, sin diferencias”. En este sentido, ha abogado por que la educación que se financie con fondos públicos se rija por “el principio de igualdad y no discriminación de nuestra Constitución”. Las JSA han exigido al ministro Wert y al Gobierno de Mariano Rajoy que se preocupen menos por subvencionar a los colegios privados y más por no tener que cerrar universidades o escuelas públicas, garantizando una educación de calidad. Publicado en andaluciaeduca.com