“La educación deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio”, denuncia Mario Carrión, estudiante de 19 años del módulo de Integración Social del instituto de Educación Secundaria San Blas. Carrión se manifiestó así, rodeado de compañeros y profesores del centro, durante la concentración que una treintena de personas llevó a cabo ayer, por tercer miércoles consecutivo, frente a las vallas del instituto, en protesta por la imposición de tasas a la formación profesional (FP) en los nuevos presupuestos autonómicos aprobados el pasado 3 de julio.
Los estudiantes, que hasta el pasado curso pudieron matricularse gratuitamente en los módulos que se imparten en los 26 institutos de FP que existen en la Comunidad, tendrán que pagar 180 euros para estudiar en el curso 2012/13. Las nuevas tasas son un lujo para muchas de las familias de los estudiantes. “Tengo problemas para pagar, pero me van a ayudar. Algunos compañeros van a tener que dejar el módulo y ponerse a trabajar, pero tienen muy pocas opciones de encontrar un empleo”, explica Sheila Serrano, estudiante de 20 años de Animación Socicultural. “Yo tengo la beca del año pasado, así que puedo seguir”, afirma María Fernández, de 19 años, estudiante de Integración Social”.
Para los estudiantes de módulos relacionados con servicios sociales, como los de Carrión, Serrano y Fernández, el efecto negativo que los nuevos Presupuestos autonómicos de Esperanza Aguirre (PP) tendrán sobre sus vidas es doble. Por un lado sus estudios serán más caros y, por el otro, sus salidas profesionales se verán cercenadas por las reducciones presupuestarias en programas de integración social que emplean a profesionales de su perfil.
Por ejemplo, el programa de Formación pierde 63 de los 204 millones de euros con los que contaba en los presupuestos del mes de diciembre. Un recorte que se ceba con las partidas de formación profesional ocupacional, 27 millones menos, y la formación continua, que dice adiós a 32 millones. Además, el Instituto de Realojamiento y Bienestar Social (IRIS), fundamental en la lucha contra la exclusión social, pasa de 1,3 millones de euros a 671.000 euros.
Carrión explica que sus estudios, al igual que los de animación sociocultural, constan de dos años. El primer curso es teórico y en el segundo los estudiantes realizan prácticas. “Trabajamos en empresas que tratan con colectivos de personas con enfermedades mentales, inmigrantes, mujeres maltratadas, autismo, infancia…”, afirma Carrión, que explica que en años anteriores las prácticas daban paso a un futuro laboral en la empresa de formación. Sin embargo, ahora los estudiantes de un año son reemplazados por los del siguiente.
Incluso muchos de los jóvenes concentrados ayer expresaban su temor a iniciar sus prácticas en una empresa y que esta cierre durante su periodo de formación, lo que acabaría con las mismas. Para Beatriz García, del Sindicato de Estudiantes, “la manera de dar respuesta a este tipo de medidas es la protesta”, como la huelga que el sindicato ha convocado en toda España los días 2, 3 y 4 de octubre en el bachillerato y la educación superior. El presente de la FP no muestra alternativas a estudiantes en un callejón sin salida.
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