[...] Existen Comunidades Autónomas que ya han decidido cómo aplicar este decreto del Gobierno central. Algunas de ellas, como La Rioja, País Vasco o Andalucía, sólo aplicarán una subida del IPC, como venía haciéndose hasta ahora. Sin embargo, autonomías como Cataluña han anunciado que los estudiantes pagarán en la universidad, según su nivel de renta.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid todavía no sabe cómo aplicará esta reforma universitaria. En un primer momento, Lucía Figar mostró su compromiso con las medidas del departamento de Wert, pero, por el momento, se encuentra en un proceso de negociación con los rectores, en un intento de mostrar a la opinión pública un Gobierno regional más dialogante y que se evite un nuevo conflicto en el sector educativo, tras un año muy combativo en la educación secundaria con la 'marea verde'.
El distrito único de las universidades madrileñas abrió ya el plazo de inscripción, que durará hasta principios de julio. Los estudiantes que realizaron las Pruebas de Acceso a la Universidad conocerán sus notas el próximo 21 de junio. Una vez admitidos en los centros, deberán formalizar la matrícula en julio.
Por lo tanto, Lucía Figar tiene que aprobar en los próximos días la subida de las tasas universitarias. Algo que coincide con el criterio de Wert que ha determinado que este aumento del precio tiene que estar anunciado el próximo mes.
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Avanza junio, la Selectividad ha pasado, las nuevas matrículas universitarias están a la vuelta de la esquina y los alumnos aún no saben cuánto van a pagar. El Ministerio de Educación abrió en mayo la caja de pandora con un incremento de la horquilla de precios equivalente a subir en un año tanto como en la última década. Las primeras matrículas pueden subir, según datos oficiales, hasta un 66% (unos 540 euros), pero cada comunidad autónoma está intentando hacerlo a su manera. Madrid sopesa ahora copiar el modelo de Cataluña y fijar los precios en función de las rentas de las familias.
Así lo ha señalado esta mañana la presidenta Esperanza Aguirre, que ha lanzado esa idea tras la reunión del Consejo de Gobierno. La presidenta ha anunciado que la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, se reunirá con los rectores "para ver cual creen ellos que es la mejor manera" de fijar el precio de las tasas. En su opinión, la matrícula no puede costar lo mismo en "carreras con muchos matriculados que en otras con pocos" o "con un nivel de renta u otro", según declaraciones recogidas por la agencia Efe.
La Consejería de Educación, por su parte, no ha avanzado mucho más al respecto. Figar está en conversaciones con los rectores, según un portavoz, y todavía no han cerrado nada. Aguirre ha criticado de forma velada la reunión el miércoles entre el ministro de Educación, José Ignacio Wert y los diferentes consejeros de Educación en la conferencia sectorial del ramo. Ella esperaba "alguna indicación" que permitiera a las autonomías fijar un criterio global para el cobro de las tasas, pero ese acuerdo "parece que no se alcanzó".
"El ministerio ha dejado amplia flexibilidad”, según Wert, para que las autonomías fijen sus tasas. Esto significa que habrá Gobiernos autónomos que solo subirán el IPC, es decir, en torno al 2% (esto lo harán para las primeras matrículas, al menos cinco autonomías: Extremadura, Galicia, Andalucía, País Vasco y La Rioja), y otras que se irán al máximo de la horquilla. Madrid todavía no ha aclarado cómo va a hacerlo pero sus primeros cálculos la sitúan en la parte alta de este baremo.
En los nuevos presupuestos, presentados el pasado jueves, Madrid prevé ingresar 175 millones de euros más este año en tasas universitarias. Las seis universidades públicas recaudan ahora 220 millones, según estimaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma), por lo que el cálculo regional supondría hasta un 80% más de ingresos y, por lo tanto, de subidas, aunque no está claro cómo se repartirían entre primeras matrículas y asignaturas repetidas.
Los rectores señalaron a mediados de mayo en una reunión con Figar que querían que las tasas subieran “lo menos posible”. Y manifestaron su inquietud por las becas universitarias. El próximo curso el Ministerio prevé endurecer los criterios académicos para la concesión de becas, con notas que pasan de 5 a 5,5 en el caso de las generales y de 5,5 a 6 para las becas salario, además de incrementar el porcentaje de créditos aprobados. El presidente de la Cruma y rector de la Carlos III, Daniel Peña, calculó entonces que supone dejar fuera al 15% de los becarios generales (a los que se le cubre el precio de matrícula) y al 40% de los que perciben una beca salario en el caso de su centro de educación superior, con unos cálculos extrapolables al resto de campus.
Léelo en El País
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