La política de recortes en los servicios públicos para alcanzar la deseada austeridad está a punto de llegar a los niños con trastornos de carácter autista o TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo).
Hace 15 días, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia(IMMF) —dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales— comunicó verbalmente a los Centros de Atención Temprana que los chavales matriculados en centros públicos con aulas adecuadas a su desorden debían dejar de recibir el tratamientocomplementario a partir del 1 de julio.
La razón oficial, argumentaron, es que, después del último ajuste acometido por Esperanza Aguirre, no hay fondos suficientes para ampliar plazas y hay que aligerar las listas de espera, por lo que no era posible que algunos chicos recibiesen una atención por duplicado. Los padres afectados, sin embargo, niegan que sus hijos tengan ningún "privilegio" y califican esta atención como "imprescindible".
Aulas especiales
En la actualidad, unos 2.500 niños con distintas discapacidades (TGD, Síndrome de Down, Síndrome de Williams, parálisis cerebral...), reciben Atención Temprana en centros gestionados por asociaciones o empresas privadas que tienen concierto con la Comunidad. De ellos, unos 500 tienen autismo, según la Federación de Autismo de Madrid (FAM).
Hasta los 6 años de edad, los niños autistas diagnosticados tienen derecho a acudir gratuitamente a este servicio, que se presta, según el caso, una hora al día entre dos y tres veces por semana. Antes de ser aceptados, deben ser evaluados por técnicos de la Administración.
Las clases que reciben, insiste la Federación de Autismo,"complementan", que no duplican ni sustituyen, la actividad escolar. "Mi hijo recibe una educación en su colegio gracias a su profesor terapeuta y a su logopeda, pero es en el centro de atención temprana donde aprende a relacionarse, se le estimula y se desarrolla su psicomotricidad", explica a 20minutos.es Pablo, padre de una alumna con TGD.
Rebelión
Cuando los progenitores recibieron la noticia de que sus hijos debían abandonar el servicio, se organizaron y enviaron medio centenar de cartas a los propios centros, a sus ayuntamientos, al Instituto del Menor y a la Consejería de Asuntos Sociales.
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"Nos han sugerido un centro privado"
Amalia (nombre ficticio), lleva a su hijo a un centro concertado de la Administración en la zona sur de Madrid. "La directora me dijo que mi hijo estaba fuera a partir de julio. Primero quiereneliminar la Atención Temprana y luego querrán quitar las aulas especiales en los colegios públicos. A nosotros y a otros padres ya nos han sugerido que, a partir de ahora, vayamos a un centro privado, donde nos cobrarán cerca de 200 euros", explica.
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