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domingo, 3 de junio de 2012

En tiempos difíciles para lo público (artículo de opinión)

Este curso está siendo muy complicado en la enseñanza pública. Lo habéis vivido –sufrido- muy de cerca. La normativa dictada por la Consejería de Educación en el mes de Julio dio al traste definitivamente con el equilibrio y la organización de los Institutos. Dos fueron los puntos clave de esta normativa: aumentar el número de horas de clase para los profesores y eliminar la hora que los tutores tenían semanalmente con los grupos de la ESO. Con ello pretendía la Administración prescindir de una buena parte de los profesores interinos, es decir, los que han de contratarse cada año para completar las plantillas de los centros. Pero hicieron mal las cuentas, -o bien, quien sabe-, y el  aumento de horas de trabajo de quienes nos quedamos no ha podido compensar las de los compañeros que se han ido a la calle. Ha sido necesario subir el número de alumnos por aula, quitar asignaturas optativas, cerrar bibliotecas, atender peor al alumnado que más lo requiere, reducir las actividades fuera del centro o prescindir de  los planes de acción tutorial. Hay menos profesores disponibles en las guardias, es más difícil coordinarse para desarrollar proyectos multidisciplinares o de innovación, no hay tiempo suficiente para coordinar y mantener los medios informáticos en los centros.             

Las primeras huelgas y protestas –ya desde el mes de julio muchos profesores y directores de centros nos movilizamos-, sirvieron, al menos, para frenar otras situaciones escandalosas como que hubiera profesores dando asignaturas ajenas a su especialidad o grupos excediendo el número legal de alumnos. Y muchos centros decidieron, y lograron, recuperar la hora de tutoría. Desgraciadamente en nuestro Instituto, y a pesar de que el Claustro y el Consejo Escolar lo han considerado muy necesario y lo han pedido reiteradamente a la Dirección, ésta  decidió prescindir de las tutorías grupales.

Frente a este recorte de personal en los centros públicos, y también del presupuesto para los gastos de funcionamiento, la Consejería de Educación sí parece tener dinero para ceder a empresas privadas algunas de las funciones que tradicionalmente hemos asumido los profesores. Con el famoso plan Refuerza, de apoyo al alumnado con peores resultados académicos, estas empresas subcontratan por sueldos irrisorios a personal que, en el mejor de los casos y contando con que tenga la titulación y especialidad adecuada, no ha pasado por un proceso de selección como sí lo hemos hecho los profesores tanto funcionarios como interinos.  Algo similar ocurre con auxiliares de conversación ingleses o irlandeses a quienes quieren convertir en profesores de Ciencias o de Sociales. Hay muchos más ejemplos de desvío de fondos: la Comunidad cedió el uso de los Institutos –el nuestro entre ellos- como alojamiento a los peregrinos que acudieron al encuentro con el Papa el pasado mes de agosto, corriendo los gastos a costa de nuestro presupuesto; también aumentó la desgravación de impuestos a las familias que envían a sus hijos a colegios privados.

Pero lo que pasado este curso 2011-2012 no es un hecho aislado. La disminución de plantillas, de presupuesto para los centros, de programas educativos o de formación del profesorado se venía produciendo desde hace años. Las famosas “instrucciones de principio de curso” han sido la gota que ha colmado el vaso y ha desencadenado una gran marea... verde.  Desde el comienzo del conflicto –nueve días de huelga en el primer trimestre, encierros, manifestaciones, acciones de todo tipo-, la sociedad ha percibido claramente que no era un conflicto laboral más;  que, a pesar de los esfuerzos de la Administración en desacreditar al profesorado tildándonos de vagos, no nos movilizamos por dar dos horas más de clase a la semana. Muchas familias, muchos alumnos,  han comprendido que la calidad de la educación pública, en la que han confiado, está en riesgo: la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las señas distintivas de la Marea Verde.  En nuestro Instituto estamos trabajando muy estrechamente.  Celebramos dos asambleas conjuntas –en octubre y enero-,  en las que  hemos informado y debatido sobre las consecuencias de los recortes. Nos encerramos juntos en el Instituto la noche del 19 de Octubre. Nos hemos manifestado juntos bajo el “Don Quijote indignado” en multitud de ocasiones.  Y estamos planeando realizar más actividades para el próximo trimestre.

¿Dónde estamos ahora? ¿En un compás de espera?  Desde principios de febrero, la Consejería de Educación está ¡al fin! manteniendo reuniones con nuestros representantes sindicales. Han sido necesarias muchas jornadas  de huelga y manifestaciones para lograr algo que está regulado por nuestra Constitución: el diálogo entre trabajadores y patronos. En este momento no hay aún resultados; soy pesimista y creo sinceramente que no los va a haber. Ni volver a las plantillas de hace 4 años, ni sacar un número suficiente de plazas a oposición, ni frenar la privatización de la enseñanza, ni promover la formación del profesorado… Al menos, los Sindicatos se han comprometido a no firmar ningún acuerdo sin pasarlo previamente a consulta entre los profesores  como, afortunadamente, se han tomado casi todas las decisiones en este proceso.  Por el momento esperamos, seguimos movilizados y nos manifestamos. Llegado el momento, valoraremos entre todos si procede volver a actuaciones  más  contundentes.

Permitidme que retroceda unos cuantos años atrás para hacer un balance más amplio. Comencé a trabajar en la enseñanza pública allá por mediados de los años 70, muerto ya Franco, en el mismo Instituto del que había sido alumna. Los años de la transición fueron muy intensos; como ahora, hubo movilizaciones  de profesores y alumnos reivindicando mejores condiciones y mayor democracia para la vida de los centros. La Constitución del 78 sentó unos principios que se fueron desarrollando posteriormente: considerar la enseñanza básica como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, obligatoria y gratuita; la libertad de cátedra dentro del respeto a las leyes y a las personas, así como  el derecho a que los profesores, padres y  alumnos intervinieran en el control y gestión de los centros públicos. Conseguimos muchas cosas, entre otras  la elección de la Dirección por el claustro; el reforzamiento de la figura de los delegados, que participaban en las sesiones de evaluación; los Consejos Escolares, donde intervenían todos los sectores de la comunidad educativa, se pusieron en marcha. Y los Institutos volvieron a ser mixtos, después de décadas de segregación por sexo.

Por tanto, la enseñanza pública se configura a lo largo de las últimas décadas del siglo XX como un  servicio para toda la población en edad escolar, con los valores constitucionales y los currículos de cada materia como referencias básicas.  El profesorado se selecciona por su competencia, sin importar qué ideas, creencias u opciones personales profese, lo que garantiza la calidad del sistema. Se recibe a todos los alumnos, sin discriminación alguna, respetando igualmente sus características  personales. Y se intenta adecuar la enseñanza para lograr lo mejor de cada cual: atendemos a alumnos con problemas de aprendizaje junto a otros muy aventajados.  Los centros públicos son por tanto un reflejo de la diversidad que existe en la sociedad; este entorno, según reconocen los expertos en educación, proporciona el mejor ambiente de aprendizaje vital e intelectual. 

Pero vivimos en unos momentos de desprestigio de lo público. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha hartado de comentar que las familias prefieren enviar a sus hijos a los centros concertados, porque ofrecen mejor educación. Que los centros públicos son un caos, y su profesorado -no digamos-, unos gandules. No han dudado en airear casos excepcionales, ofrecer datos  sesgados e informes mal hechos para intentar justificar estas afirmaciones. Toda esta estrategia de desprestigio, propia de las ideologías neoliberales, tiene un fin muy claro: convertir cualquier servicio, incluido la educación,  en un negocio privado más.  Quien pueda pagársela, bien; para quien no pueda, el Estado mantendrá unas redes públicas muy precarias, minando así la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos desde su componente más básica, la educación. Por el momento, los resultados nos dicen que Madrid es la comunidad con mayor índice de enseñanza privada o concertada, mientras que está en las últimas posiciones de rendimiento escolar según estudios internacionales de cuya seriedad nadie duda. 

La famosa crisis en que nos encontramos ahora, y que en gran parte han provocado estas mismas políticas neoliberales de “menos estado y más mercado”, da una oportunidad más a nuestros políticos para precarizar lo público. Hay que recortar, no importa si es a costa de destruir algo que nos ha costado tanto articular como es el sistema educativo público. Un sistema que es reconocido en toda Europa como el que mejor garantiza la igualdad de oportunidades y que ha hecho que nuestro país sea, en toda la unión europea, uno de los que consiguió tener un mayor crecimiento de las medias de rendimiento.

Quienes nos hemos movilizado este otoño en Madrid, profesores y profesoras, familias, estudiantes, lo hemos hecho fundamentalmente para que no se destruyan  los avances de tantos años en la educación pública, y de los que tantas generaciones se han beneficiado.   

Nos movilizamos porque, a pesar de lo negro que nos pinta el futuro nuestra clase política, sabemos que la lucha no está perdida y seguimos conservando la esperanza. La historia es así, caprichosa, y a veces retrocede un paso para que aprendamos del pasado y tomemos fuerzas para avanzar cinco pasos más. Comienzan a oírse voces críticas que analizan la realidad de otra manera. Que se niegan –nos negamos- a ser gobernados desde la sombra por “los mercados”, los poderosos, que no tienen rostro y a quienes nadie ha elegido. Que reivindican –reivindicamos- una sociedad sostenible de bienestar para todos. Que piden –pedimos- más participación, más transparencia, más democracia en suma. Y que confiamos en gente como nuestros estudiantes, bien formada, animosa, con ganas de pelear su futuro y de ganarlo. No dejéis que ciertos políticos os metan miedo, que os empequeñezcan. Haceos grandes uniendo vuestras fuerzas: seguro que aún recorreremos juntos parte del camino.
María Jesús Luelmo, profesora de Matemáticas, IES Cervantes (Madrid)
(Suscrito por otros 37 profesores más del Centro)
(Artículo publicado en el nº 15 de la revista del IES Cervantes “El Ingenioso Hidalgo”, abril 2012) http://ies.cervantes.madrid.educa.madrid.org//periodico.htm)

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