Nota de prensa de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública con relación a la publicación del diario La Razón sobre los dirigentes estudiantiles

LA PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA PÚBLICA CONSIDERA QUE EL PERIÓDICO LA RAZÓN HA DEJADO DE SER UN MEDIO DE INFORMACIÓN PARA CONVERTIRSE O DESCUBRIRSE COMO UN MEDIO DE INTOXICACIÓN, DIFAMACIÓN Y CALUMNIA, AL MEJOR ESTILO DE LOS MEDIOS USADOS DURANTE LA ETAPA DICTATORIAL PASADA MEDIANTE LOS CUALES SE ORGANIZABAN Y EJECUTABAN, COMO AHORA, CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO Y CRIMINALIZACIÓN DE TODO AQUEL QUE CUESTIONE A QUIENES EJERCEN EL PODER, Y ANUNCIA QUE ESTUDIA PONER EN MARCHA ACTUACIONES LEGALES CONTRA DICHO PERIÓDICO POR LA PUBLICACIÓN REALIZADA HOY CONTRA LOS DIRIGENTES ESTUDIANTILES, ENTRE ELLAS, PONER EL CASO EN MANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

La publicación realizada hoy por el diario La Razón es inaceptable en un Estado de Derecho real y efectivo, pues no se corresponde con el derecho a informar, ya que no se puede llamar información a la calumnia, la difamación, la criminalización, la vulneración de la intimidad, la mentira, y muchos otros calificativos iguales o más graves que se le pueden aplicar a un espectáculo bochornoso y degradante de unas personas que se calificarán periodistas pero que no lo son en absoluto y desprestigian la profesión a la que dicen pertenecer.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública exige una rectificación inmediata de los falsos datos aparecidos y estudia poner en marcha las actuaciones legales oportunas para defender al alumnado de un ataque brutal, injusto e irresponsable de lo que viene a denominarse “medio de comunicación”, sin serlo como se puede comprobar.
Además, deja claro que si el alumnado que ha sido señalado con el dedo por este medio de manipulación social sufriera el más mínimo perjuicio personal o colectivo provocado por esta criminalización, la Plataforma Estatal hará responsable al diario La Razón de lo que pudiera sucederles, pues son los que están señalándoles para que otros tengan falsos argumentos para realizar otras actuaciones posteriores de persecución.

9 de mayo de 2012

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