La Universidad está incendiada. Y no son solo los rectores. Los máximos responsables de la educación superior española decidieron unánimemente plantar al Gobierno el pasado miércoles y no acudir a la reunión del Consejo de Universidades. Además, buena parte de sus consejos de gobierno y claustros e incluso, algunos decanos de las facultades han aprobado comunicados en contra del real decreto ley aprobado por el Ejecutivo y ratificado por el Parlamento el pasado día 17.
28-05-2012 -
El Pais. - No es una guerra entre los rectores y el ministro de Educación, José Ignacio Wert. La indignación de los representantes universitarios está centrada en su oposición a las “medidas urgentes de racionalización del gasto público” que incluye el real decreto, especialmente por la combinación explosiva que supone la subida de las tasas que pagan los estudiantes ligada al recorte de las becas.
La de los rectores tiene que ver, además, con las formas. Wert no había convocado al Consejo de Universidades desde su nombramiento en diciembre; nadie les informó de las medidas ni les pidió su opinión; el real decreto ley contiene medidas “inaplicables”, según las universidades, e incluso incorrectas —por ejemplo, mide la docencia del profesorado por los créditos (llamados ECTS) que señala la legislación en toda la UE para el alumnado—, creando un gran desconcierto, tanto académico como organizativo, y el Ejecutivo aprobó esta reforma y acto seguido la llevó por la vía urgente al Parlamento, por lo que impidió que se presentaran enmiendas. Se aprobó solo con los votos del Grupo Popular.
No ha habido margen ni al consenso ni al diálogo. “La intranquilidad en la que está sumida la Universidad es nefasta, la incertidumbre sobre la forma de aplicar algunas medidas de la reforma está provocando además que seamos ineficientes en las programaciones y esta situación, unida a la inquietud por los puestos de trabajo de los docentes, las becas de los alumnos y el precio de las matrículas el próximo curso hace que el estado de ánimo sea pésimo”, explica la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rectora de Málaga, Adelaida de la Calle. Esta organización pidió una reunión extraordinaria del Consejo de Universidades (obligatoria si se solicita de forma representativa, según sus estatutos) y no recibió respuesta del Ejecutivo. Les convocó a mediados de semana sin incluir en el orden del día el tratamiento del principal problema que tiene ahora la educación española, la reforma del Gobierno.
Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Educación. A falta de declaraciones directas, la única manifestación pública al respecto es la de Wert justo después del plante. El ministro manifestó su “infinita sorpresa” por la decisión de los rectores, y, aquel día, insistió en que estaba abierto al diálogo, pero no a la negociación. Los decretos leyes “los aprueba el Gobierno y los convalida el Parlamento”, concluyó. Por eso, con la norma ya aprobada, no tenía sentido un debate, lo que no quitaba que hubiera aclaraciones, manifestaron fuentes de Educación, que dieron por seguro que el tema de los recortes iba a tratarse en la reunión.
El ministro se preguntó incluso si los rectores “están a la altura” de la situación actual, pues su comportamiento no se “justifica” frente a la “actitud de diálogo y disponibilidad” del ministerio. Dos días después, Educación anunció que habría una reunión para tratar los recortes.
Ese era precisamente uno de los requisitos de los rectores, indica De la Calle. En su universidad, los decanos y directores de los centros universitarios han aprobado una declaración contra los recortes.
El rector de otra gran universidad español, la de Barcelona, Dídac Ramírez, va más allá: “Todas las universidades están muy preocupadas porque nos podemos encontrar con que, con la subida de tasas y la dura situación económica de muchas familias, muchos estudiantes no se matriculen porque no les llega el dinero y porque no pueden acceder a una beca. Yo no quiero que nadie con capacidad y mérito se quede fuera de la universidad por falta de medios”, sentencia. “Además, no sabemos nada de cómo se ha hecho esto, si hay un estudio sobre la repercusión de las medidas”.
“En la CRUE eramos partidarios de que pasara un trámite parlamentario, no porque no tenga derecho a legislar, sino para introducir modificaciones que subsanaran las deficiencias técnicas de esta reforma. La incertidumbre que se ha generado es inmensa y el ambiente ya es explosivo”, afirma Ramírez. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona aprobó un comunicado el pasado día 8 contra el real decreto.
El rector de la Complutense, José Carrillo, añade otro aspecto: “El decreto contiene elementos de ajuste del control financiero que busca una mayor intervención de la universidad pública”. Carrillo califica la actitud de Wert de “ninguneo” del sistema universitario, “al ignorarlo y criticarlo, cuando en 35 años hemos conseguido construir un sistema público, con sus deficientes y necesidades”. “Wert está adoptando un modelo basado en el británico, que apuesta por tasas muy altas cuando ya se ha visto allí que el 59% de los estudiantes que están acabando sus estudios ahora no podrían haberlos iniciado por las malas condiciones económicas en las que están sus familias”, concluye Carrillo.
El claustro de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ha acordado la creación de “una comisión de estudio que analice si el decreto ley del Gobierno y la ley de presupuestos catalana están invadiendo la autonomía universitaria, ya que afectan a cuestiones laborales, retributivas y acuerdos adoptados por la universidad”. Lo explica su rector, Francesc Xavier Grau: “Se están acordando recortes amparados por el estado de excepción por la crisis y no se trata de discutir las medidas sino de ver si están justificadas y ajustadas a ley”, señala.
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