- El desarrollo de la ley autonómica levanta polémica en un momento de recortes de plantilla
- La Junta asegura que no está relacionado con los ajustes
La Consejería de Educación de Extremadura va a regular la posibilidad de que los docentes jubilados ejerzan, como “profesores eméritos”, tareas de apoyo en los colegios e institutos públicos, como asesoramiento o respaldo en la formación de los nuevos docentes. Se trata del desarrollo de un punto de la ley de educación extremeña aprobada en abril del año pasado y, asegura una portavoz de la Junta, no tiene nada que ver con las medidas de recorte en escuelas.
Pero justo en este momento, en el que el Gobierno central pretende (y para ello ha dado herramientas legales a las autonomías) que se recorten 3.000 millones en educación el curso que viene, por ejemplo, reduciendo las plantillas, los sindicatos lo han rechazado. Se “pretende reducir aún más el número de profesores”, dijo CCOO en un comunicado. “Con el pretexto, muy loable, de reconocer los méritos y recabar la colaboración de los profesores jubilados”, continúa, se les atribuye una serie de tareas que hoy hace la plantilla, tanto funcionarios como interinos. Por ejemplo, esos “profesores eméritos” voluntarios podrían ejercer la tutoría de profesores en prácticas, algunas tareas docentes dentro del aula o de refuerzo y apoyo, y podrían recibir por ello remuneraciones, aunque no de carácter regular. Los centros también tendrían que aceptar esa colaboración.
El Consejo Escolar de Extremadura trató el asunto el pasado viernes, y la consejería aseguró estar dispuesta a limar todos aquellos puntos susceptibles de polémica que las centrales recomienden y llevar después el nuevo texto a una mesa de negociación.
Pero Tomás Chaves, responsable de educación de CC OO en Extremadura, asegura que, hasta que no vea el nuevo texto, su postura sigue siendo la misma que expresó en el comunicado, es decir, de rechazo. “Ahora tenemos la promesa de la consejería, pero el hecho es que, de me momento, nuestra enmienda a la totalidad del decreto ha sido rechazada en el Consejo Escolar y el texto sigue tal cual”, dice.
Así, la negociación sin duda será peliaguda, sobre todo, por el momento en el que llega. Pero, en realidad, algún tipo de regulación o protocolo del apoyo voluntario a los centros por parte de profesores jubilados es una vieja reivindicación de los más diversos sectores, pues ahora depende de la voluntad de cada administración, que unas veces hace la vista gorda y otras se acoge a figuras dentro del marco del voluntariado, por ejemplo.
En Murcia, hace tres años, el colectivo de jubilados del sindicato STES lanzó un comunicado pidiendo, precisamente, una regulación para quienes voluntariamente quisieran seguir participando en la vida de las escuelas. “Está muy claro que el profesor jubilado puede desarrollar un trabajo en un centro educativo. Es un profesional especializado que, seguro, podrá aportar mucho”, decía el texto, pero advertía que habría que evitar por todos los medios que su colaboración quitase puestos de trabajo o sirviera para parchear sustituciones. El decreto de recortes del Gobierno obliga a no cubrir las bajas de docentes hasta pasadas dos semanas; hasta ese momento habrá que apañarse con los recursos del centro.
Sin embargo, entre las labores que ponían como ejemplo en aquel texto para los docentes voluntarios hay algunas que contempla el borrador extremeño y a las que los sindicatos de la región se oponen. Por ejemplo, ofrecer apoyos y refuerzos de materias instrumentales o encargarse de la biblioteca fuera del horario lectivo. Eso sí, recomendaban que las actividades no tuvieran una duración de más de un trimestre.
Quizá el matiz fundamental que más ha puesto en guardia a las centrales extremeñas —los padres de la asociación Freapa también han mostrado suspicacias sobre el proyecto— es el punto que habla de la remuneración. Aunque los pagos no pudieran ser regulares, los centros, sobre todo los concertados, podrían verse tentados a reducir plantillas utilizando a estos docentes, cuyas cotizaciones a la seguridad social no sería necesario pagar, señala Chaves.
En todo caso, si finalmente la consejería saca adelante la normativa con las rectificaciones que piden las centrales, las labores del profesor emérito se reducirían al asesoramiento del equipo docente y al apoyo en alguna actividad extraescolar. Y sin remuneración.
“Si hubiera retribución, lo dejaría” [...]
Lee el artículo completo en El País.
La Consejería de Educación de Extremadura va a regular la posibilidad de que los docentes jubilados ejerzan, como “profesores eméritos”, tareas de apoyo en los colegios e institutos públicos, como asesoramiento o respaldo en la formación de los nuevos docentes. Se trata del desarrollo de un punto de la ley de educación extremeña aprobada en abril del año pasado y, asegura una portavoz de la Junta, no tiene nada que ver con las medidas de recorte en escuelas.
Pero justo en este momento, en el que el Gobierno central pretende (y para ello ha dado herramientas legales a las autonomías) que se recorten 3.000 millones en educación el curso que viene, por ejemplo, reduciendo las plantillas, los sindicatos lo han rechazado. Se “pretende reducir aún más el número de profesores”, dijo CCOO en un comunicado. “Con el pretexto, muy loable, de reconocer los méritos y recabar la colaboración de los profesores jubilados”, continúa, se les atribuye una serie de tareas que hoy hace la plantilla, tanto funcionarios como interinos. Por ejemplo, esos “profesores eméritos” voluntarios podrían ejercer la tutoría de profesores en prácticas, algunas tareas docentes dentro del aula o de refuerzo y apoyo, y podrían recibir por ello remuneraciones, aunque no de carácter regular. Los centros también tendrían que aceptar esa colaboración.
El Consejo Escolar de Extremadura trató el asunto el pasado viernes, y la consejería aseguró estar dispuesta a limar todos aquellos puntos susceptibles de polémica que las centrales recomienden y llevar después el nuevo texto a una mesa de negociación.
Pero Tomás Chaves, responsable de educación de CC OO en Extremadura, asegura que, hasta que no vea el nuevo texto, su postura sigue siendo la misma que expresó en el comunicado, es decir, de rechazo. “Ahora tenemos la promesa de la consejería, pero el hecho es que, de me momento, nuestra enmienda a la totalidad del decreto ha sido rechazada en el Consejo Escolar y el texto sigue tal cual”, dice.
Así, la negociación sin duda será peliaguda, sobre todo, por el momento en el que llega. Pero, en realidad, algún tipo de regulación o protocolo del apoyo voluntario a los centros por parte de profesores jubilados es una vieja reivindicación de los más diversos sectores, pues ahora depende de la voluntad de cada administración, que unas veces hace la vista gorda y otras se acoge a figuras dentro del marco del voluntariado, por ejemplo.
En Murcia, hace tres años, el colectivo de jubilados del sindicato STES lanzó un comunicado pidiendo, precisamente, una regulación para quienes voluntariamente quisieran seguir participando en la vida de las escuelas. “Está muy claro que el profesor jubilado puede desarrollar un trabajo en un centro educativo. Es un profesional especializado que, seguro, podrá aportar mucho”, decía el texto, pero advertía que habría que evitar por todos los medios que su colaboración quitase puestos de trabajo o sirviera para parchear sustituciones. El decreto de recortes del Gobierno obliga a no cubrir las bajas de docentes hasta pasadas dos semanas; hasta ese momento habrá que apañarse con los recursos del centro.
Sin embargo, entre las labores que ponían como ejemplo en aquel texto para los docentes voluntarios hay algunas que contempla el borrador extremeño y a las que los sindicatos de la región se oponen. Por ejemplo, ofrecer apoyos y refuerzos de materias instrumentales o encargarse de la biblioteca fuera del horario lectivo. Eso sí, recomendaban que las actividades no tuvieran una duración de más de un trimestre.
Quizá el matiz fundamental que más ha puesto en guardia a las centrales extremeñas —los padres de la asociación Freapa también han mostrado suspicacias sobre el proyecto— es el punto que habla de la remuneración. Aunque los pagos no pudieran ser regulares, los centros, sobre todo los concertados, podrían verse tentados a reducir plantillas utilizando a estos docentes, cuyas cotizaciones a la seguridad social no sería necesario pagar, señala Chaves.
En todo caso, si finalmente la consejería saca adelante la normativa con las rectificaciones que piden las centrales, las labores del profesor emérito se reducirían al asesoramiento del equipo docente y al apoyo en alguna actividad extraescolar. Y sin remuneración.
“Si hubiera retribución, lo dejaría” [...]
Lee el artículo completo en El País.
No hay comentarios:
Publicar un comentario