Esperanza Aguirre ha llegado al Consejo de Gobierno sin descartar “ninguna posibilidad” para cumplir con el déficit del 1,5% fijado desde la Moncloa como tope para 2012 y cuadrar los segundos presupuestos con los que contará la Comunidad en un hecho sin precedentes. Cerrar el presupuesto era la prioridad de la jornada. El continente parecía claro, pero no el contenido. Bajar el sueldo a los funcionarios, y despedir a los interinos estaba entre las opciones más extremas que el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha puesto sobre la mesa para contener el gasto y lograr un ahorro inmediato.
El recelo que ha generado en una parte del Ejecutivo regional, partidario de unas medidas “menos duras”, ha pospuesto los nuevos presupuestos, que pese a la expectación generada no han salido adelante. Hasta nueva fecha. A poder ser, la próxima semana, según ha dicho Ignacio González en tras el Consejo de Gobierno. Los consejeros han seguido reunidos incluso en la propia Asamblea durante la tarde.
Sin embargo, la opción fue cuestionada en el propio gabinete de Aguirre, al entender que los funcionarios ya vienen haciendo “un esfuerzo a tener en cuenta” en la crisis desde que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les rebajó el 5% de sus salarios en mayo de 2010. Dos años después, siguen congelados. La negativa de parte del Consejo a desprenderse de los interinos, fundamentales para la viabilidad de áreas como Educación y Sanidad, terminó abriendo un debate en el seno del Gobierno. Una nueva tormenta de ideas, con la subida de distintas tasas como alternativa —un proceso más lento para aligerar los costes porque obligaría a modificar algunas leyes y, por extensión, habilitar la Asamblea el mes de julio—, ha aplazado la aprobación de los nuevos presupuestos.La caída en barrena de los tributos directos de la región —un agujero de mil millones de euros en el último trimestre de 2011—, añadida a los 1.400 millones de euros que dejará de transferir el Estado y la desviación presupuestaria de la región, con un déficit del 2,2% el año pasado cuando durante meses se estimó que sería del 1,13%, dibujaron un panorama desolador. De tales proporciones que lo incuestionable se hizo cuestionable en ciertos sectores del Ejecutivo madrileño. Abrir la Caja de Pandora, tocar los salarios de los trabajadores públicos de la Comunidad, dejó de ser un anatema, con Andalucía y Cataluña como ejemplos tras aprobar la semana pasada unas rebajas del 5% en las nóminas.
El vicepresidente del Gobierno, Ignacio González, ha negado que la falta de presupuestos se debiera a las disensiones internas. “No es tanto a que se trate de discrepancias sino de concretar medidas para ajustar el presupuesto… Por eso el Gobierno no ha aprobado el borrador definitivamente y lo seguiremos discutiendo estas semanas”, ha argumentado González. En realidad, el abanico de ajustes es tan variado, con tantos jokers en la baraja, precisamente porque un sector importante del Ejecutivo no estaba por la labor de tocar a la baja los salarios de los empleados públicos. “El hecho de que no se haya terminado todavía el proyecto de ley presupuestario es porque se trata de un proyecto de ley muy importante. Dada su complejidad, estamos perfilándolo en su totalidad, porque se trata de presentar el proyecto completo”, ha enfatizado González, que ha recordado que “una parte importante de racionalización del gasto” ya ha sido incluida en el plan económico-financiero. En concreto, 653 millones.
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