No existe casi ninguna profesión que se lleve la mitad del trabajo a casa. Cuando se cierra el taller, la oficina, la obra o el comercio, los trabajadores no se llevan los materiales para continuar su trabajo en las horas de descanso. No hay ningún oficio en el que el estudio y la preparación del material no se computen como tiempo trabajado o que ni siquiera el tiempo del bocadillo cuente como horario laboral. Si se aplica esta fórmula, los futbolistas solo trabajan los 90 minutos del partido y los redactores el tiempo justo que están ante las cámaras. No hay ningún oficio en el que no cuenten para nada los traslados, ni las horas extraordinarias dedicadas a actividades o acompañamiento de alumnos. No hay una sola profesión que no ofrezca los instrumentos de trabajo gratis excepto en la enseñanza, desde el boli rojo, al bloc de notas, el ordenador portátil o el pendrive sempiterno que nos acompaña como una cruz laica.
Los profesores nunca van a hacer la huelga que pondría de manifiesto su función ni sus horas de trabajo: dejar de pasar las mañanas de los sábados y los domingos corrigiendo ejercicios, o acompañar el café de la tarde con las fichas de la clase que daremos el día siguiente.
En España, según el último estudio sobre el Panorama de la Educación, el horario lectivo del profesorado es de los mayores de la Unión Europea y de la OCDE, pero este dato es ocultado porque detrás de los recortes y de la reforma que nos anuncian no hay el afán de mejorar la educación pública, sino de reducir sus posibilidades y fomentar la enseñanza privada.
Mucho antes de que estallara la crisis económica, los think-tank de la derecha —incluyendo el actual ministro de Educación— lo habían teorizado. Según sus tesis la inversión en la enseñanza pública era desproporcionada y habría que buscar un mayor equilibrio con la iniciativa privada. En medio de las invocaciones al esfuerzo del alumnado y a la autoridad del profesor, introducían la idea de aumentar el número de alumnos por aula y limitar los programas compensatorios. Abogaban por aumentar los conciertos con la enseñanza privada, privatizar el bachillerato y hacer mucho más exclusiva la Universidad. Esperanza Aguirre no es un verso suelto sino la portavoz de todo el clasismo cañí hecho carne.
A todo esto nos quieren conducir de cabeza. Cuando en los centros educativos consigan ampliar el número de alumnos por aula en la enseñanza pública hasta cuarenta —como en los mejores tiempos del franquismo—, habrán conseguido gran parte de sus objetivos; cuando consigan que la sociedad torpemente crea que el profesor es un ser privilegiado al que hay que cargar con horarios insoportables y aulas masificadas, su revolución conservadora habrá llegado a su fin.
Los recortes que nos anuncian no son para ahorrar dinero público. No nos engañemos. Es fácil hacer este simple cálculo: los interinos despedidos se acogerán inmediatamente a su derecho a cobrar el desempleo. Es decir, el dinero ahorrado en salarios se gastaría en el pago de las prestaciones por desempleo y en falta de falta de recaudación de la seguridad social. Solo en Andalucía, quince mil personas que cumplen funciones educativas como profesorado interino serían puestas de patitas en la calle en un acto de injusticia y despilfarro que no ahorraría prácticamente ni un euro a las finanzas públicas.
El sacrificio que se exige al profesorado no será para mejorar la enseñanza, sino para masificar las aulas, suprimir las tutorías, despedir interinos y poner fin a la débil atención personalizada. Los efectos, en pocos años, serán terribles. Cada euro que se reste a la educación, cada alumno de más en las aulas, cada beca de menos en las universidades, cada tasa de más en los precios públicos, nos pasará factura en el modelo social y en la economía en muy pocos años. La educación, a diferencia de otros departamentos, no trata con cosas, sino con personas, con inteligencias y con capacidades. Es un delicado tejido cuyos desgarros son irreversibles. Por eso en Andalucía es necesario echar coraje, imaginación e inteligencia para sortear estos recortes y apostar, de verdad, por la educación pública.
Artículo de Opinión. El País (Andalucía)
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