CCOO denuncia las brutales medidas contra los cimientos de la enseñanza que el Gobierno aprobará por decreto ley

Nos ha llegado al correo esta nota de prensa emitida ayer por CC.OO.

CCOO denuncia las brutales medidas contra los cimientos de la enseñanza que el Gobierno aprobará por decreto ley

El recorte de 3.000 millones nos retrotrae al siglo pasado, masificará las aulas de los centros y supondrá el despido de 100.000 docentes

16 de abril de 2012

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia las brutales medidas contra la educación que el Gobierno aprobará por un real decreto-ley en el próximo Consejo de Ministros del viernes y que el ministro de Educación ha anunciado esta mañana tras la reunión de la Conferencia sectorial. Es completamente falso que, como ha asegurado el ministro, el recorte de 3.000 millones de euros no sea perjudicial para la calidad de la educación y para la equidad.

Asimismo, denunciamos la actitud  poco dialogante del ministro, que se ha negado a debatir una medida de este alcance en las instituciones y foros democráticos establecidos en desarrollo de nuestra Constitución, como el Consejo Escolar del Estado y la Mesa sectorial de Educación, al afectar a leyes orgánicas y reales decretos en vigor. Se trata de un hecho insólito en la historia reciente de la educación y que, por su significado, constituye una auténtica burla a la democracia educativa y a las competencias de las comunidades autónomas, al disponer sobre cuestiones, como la jornada, los complementos retributivos o los mecanismos para cubrir vacantes, que competen exclusivamente a éstas.

Una de las repercusiones más preocupantes del recorte es la modificación de las ratios de alumnos previstas en la Ley Orgánica de Educación (LOE), que se ampliarán hasta un 20% en Primaria y Secundaria Obligatoria, que, con la excepcionalidad recogida en el artículo 87.2 de la LOE, hará que se llegue a los 33 alumnos por clase en Primaria y a los 40 en la ESO, una medida pensada, sin duda, para justificar el cierre de unidades en estos niveles obligatorios.

Lógicamente, este incremento obedece a la decisión del Gobierno de reducir drásticamente el número de docentes. De hecho desaparecerán 100.000 profesores, lo que constituye una verdadera tragedia para miles de jóvenes titulados que no podrán acceder a la docencia durante años. De esta manera, retrocederemos a las aulas masificadas de los años setenta y ochenta.  

La medida de cubrir solamente las bajas docentes que sean inferiores a los diez días lectivos con los propios recursos del centro afectará negativamente a la calidad de la enseñanza y tendrá graves repercusiones de cara a la Selectividad, generando además una desorganización en los propios centros.

Mucho nos tememos que en las zonas rurales desaparezcan escuelas con nueve alumnos o menos y  hasta Centros Rurales Agrupados, lo que significará un mazazo a regiones demográfica y socialmente deprimidas.
También rechazamos la reducción de la oferta de modalidades del Bachillerato, con lo cual muchos alumnos se verán obligados a cursar los estudios que no desean  o trasladarse a otra población en el caso de que su centro más próximo no les oferte la modalidad que quieran cursar.

En cuanto al profesorado, el recorte supondrá un retroceso histórico en sus condiciones laborales, al aumentar el horario lectivo mínimo semanal del profesorado a 25 horas en Infantil y Primaria y 20 en Secundaria, unas medidas decididas sin negociación y a espaldas de los representantes legítimos del profesorado. Es obvio que con esta medida se pretende aumentar la carga horaria de los docentes en unas aulas con más alumnado y en las que no se podrán impartir los programas de atención individualizada y de apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje. Con esta medida y las anteriores el incremento del fracaso escolar está garantizado.

Por lo que respecta a la anulación de los complementos retributivos del profesorado, de la que el ministro dijo que era coyuntural, desconocemos los detalles y su alcance. Se precisa de una mayor concreción para su análisis, ya que podría afectar a la consolidación de  nuevos sexenios o a la paralización de programas como el Plan de Calidad de Andalucía.

La no implantación de los nuevos currículos de los títulos de Formación Profesional constituye otro paso atrás en el tiempo. Uno de los elementos claves para tener una FP de calidad es que sus enseñanzas se actualicen permanente y periódicamente. De lo contrario, los responsables del Ministerio deteriorarán el buen nivel general de la actual Formación Profesional. 

Hacemos un llamamiento a la comunidad educativa y a la sociedad para que responda con contundencia a estas medidas impuestas por el Gobierno.